La Generalitat cubrirá la garantía de hasta el 15 % del precio de la vivienda para facilitar que las entidades bancarias eleven sus créditos hipotecarios del 80 al 95 % del valor de inmueble, con los valencianos menores de 45 años. Ante la dificultad de un elevado porcentaje de potenciales compradores de vivienda habitual de conseguir ese mínimo del 20 % de ahorro necesario para acceder a una hipoteca, el Institut Valencià de Finances (IVF) avalará por valor de hasta 41.500 euros en cada operación, para una precio máximo de compra de 277.000 euros.
El proyecto anunciado por el jefe del Consell, Carlos Mazón, en el patio gótico del Palau de la Generalitat cuenta con un presupuesto inicial de 20 millones de euros. “Queremos conseguir que esta legislatura de convierta en la legislatura de la vivienda de forma estructural”, subrayó el presidente autonómico. Este “programa de avales de vivienda” para jóvenes, donde se incluyen los valencianos de 18 a 45 años, tendrá un coste cero tanto para el comprador como para las entidades financieras.
El procedimiento es el siguiente: las personas que deseen comprar una vivienda de hasta 277.000 en la Comunitat Valenciana, una vez obtenida la preaprobación de la hipoteca de uno de los 14 cajas y bancos adscritos al programa, podrán solicitar que el IVF avale hasta el 15 % del precio de compra. De este modo, al obtener más garantías, las entidades podrán elevar la hipoteca concedida desde el habitual 80 % hasta el 95 %. Este permitirá que los compradores no necesiten tener ahorrado entre el 20 y el 30 % que se cacula como necesario: el 20 % que o suele cubrir la hipoteca y otro 10 % aproximado para gastos de constitución e impuestos.
El principal destinatario del programa, por tanto, es personas o parejas de menos de 45 años con la suficiente capacidad de solvencia (porque deben obtener la aprobación previa del banco o caja) y que no se vean frenados por no haber podido acumular ese 20 o 30 % de ahorro.
Según ha explicado Enrique Montes, director general del IVF, “no hay límite de renta” por parte de los compradores de vivienda “para acceder al programa” valenciano. Existen diferencias con respecto a los avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) del Gobierno central: el precio máximo se eleva de 250.000 euros (ICO) a 277.000 (IVF); se aumenta el límite de edad de 35 a 45 años, y se elimina el tope de renta anual que sí establece el ICO. Así lo ha detallado Carlos Mazón, quien ha destacado que su Consell trabaja “en lo social desde todos los ámbitos”. Y como muestra de esta “transversalidad”, ha ensalzado la colaboración entre la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Social, Igualdad y Vivienda y la Conselleria de Hacienda, Economía y Administración Pública, cuyas titulares, Susana Camarero y Ruth Merino, han arropado la presentación del programa junto a otros altos cargos.
EL IVF calcula que con los 20 millones previstos inicialmente (se puede ampliar el presupuesto si se supera la demanda) se podrá facilitar un aval a unas 1.000 operaciones de hipoteca, con una media de 20.000 euros de garantías. Estas cifras, según Montes, proceden del precio medio de compra-venta de vivienda, que se sitúa, por lo tanto, en 133.000 euros de precio de compra, y cuyo 15 % asciende a esos 20.000 euros. Sin embargo, con una vivienda de hasta 277.000 euros, el aval de la Generalitat se elevaría a 41.550 euros.
A partir de mañana, con la publicación de la normativa en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), los compradores que ya tengan una aprobación previa de su operación con las 14 entidades adscritas podrá pedir el aval por sede electrónica al IVF.
Las entidades que se han adherido al programa son: CaixaBank, Banco Santander, Cajamar, Abanca, Caixa Ontinyent, Caixa Popular y las cajas rurales de l’Alcúdia, Benicarló, Algemesí, Albal, Nostra Senyora de la Esperanza de Onda, Ruralnostra La Vall San Isidro y San José de l’Alcora.
Ante la ausencia de entidades como BBVA y Sabadell, el director general del IVF apuntó a que todavía podría adherirse y firmar el programa algún otro banco, aunque admitió que existen entidades que no se han incluido en el proyecto por diferente motivos, de política interna e incluso “de tipo informático”.
