Tres inspectoras del Ministerio de Transportes han defendido ante el Tribunal Supremo que no recibieron ningún tipo de indicación ni presión en la auditoría interna que elaboraron sobre los contratos de suministro de mascarillas vinculados al conocido como caso Koldo, en la que se ponía en cuestión la forma en que se adjudicaron estos acuerdos y que ha acabado sentando en el banquillo al exministro José Luis Ábalos por presunta corrupción.
La novena jornada del juicio contra Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama se ha centrado en la extensa declaración de estas tres inspectoras y de una perito que, a petición del exministro, elaboró un informe crítico con la auditoría de Transportes. Sus comparecencias se han prolongado durante casi tres horas, en las que las funcionarias han tratado de rebatir los reproches lanzados por la defensa.
Según la perito propuesta por Ábalos, el informe de auditoría encargado por el actual titular de Transportes, Óscar Puente, está marcado por subjetividad, falta de transparencia y juicios de valor. Este dictamen alternativo sugiere que el análisis no se ajustó del todo a los estándares que deberían regir una auditoría técnica de esta naturaleza, al considerar que incorpora interpretaciones y sesgos en vez de limitarse a describir hechos.
Frente a estas críticas, las inspectoras han remarcado que el trabajo que realizaron no fue una auditoría pública en sentido estricto, sino una auditoría interna que después se hizo pública. Con esta matización han querido subrayar que se trataba de una revisión interna de los procedimientos del Ministerio, impulsada por la propia administración y limitada a la información disponible en sus sistemas.
La defensa ha cuestionado con especial dureza que las inspectoras no entrevistaran a todas las personas que intervinieron en la contratación, empezando por el propio Ábalos. A juicio de la perito de la defensa, esta ausencia de entrevistas clave resta objetividad e independencia al resultado, porque deja fuera la versión de quienes tomaron o influyeron en las decisiones.
Las funcionarias han respondido que solo podían tomar declaración a quienes seguían formando parte del Ministerio o de la administración, ya que no tienen autoridad para requerir información a personas que ya no ocupan cargos o no están vinculadas al departamento. Han explicado que se limitaron a recabar respuestas de quienes sí estaban dentro del ámbito de su competencia y que esas declaraciones se plasmaron de forma literal en el informe, sin añadir opiniones ni valoraciones personales.
Para sostener la solidez de su trabajo, las inspectoras han detallado el volumen de documentación analizada. Revisaron 1.928 archivos y más de 6.000 correos electrónicos relacionados con los contratos de mascarillas, un esfuerzo que, según han dado a entender, les permitió reconstruir el proceso de adjudicación y detectar posibles irregularidades en la forma de tramitar las ofertas y los encargos, aunque sin cuestionar la legalidad formal de los expedientes.
La perito que ha declarado a instancia de Ábalos y de su exasesor ha matizado, por su parte, que su cometido no fue determinar si la auditoría está bien o mal en términos absolutos. Ha insistido en que su informe se limita a señalar que, según cómo se han analizado los datos, la auditoría contiene sesgos e interpretaciones subjetivas que, a su juicio, apartan ese trabajo de los estándares que deberían aplicarse en este tipo de revisiones técnicas.
El papel de Koldo García en los contratos en el foco
Uno de los puntos que más recelos generó en la auditoría fue la intervención del exasesor ministerial Koldo García en distintos momentos de las adjudicaciones. Una de las inspectoras ha explicado que su nombre aparece ligado principalmente a la presentación directa, en papel y sobre la mesa, de la oferta de la empresa Soluciones de Gestión.
Según el criterio expuesto por la inspectora, llama la atención que sea un asesor quien asuma este tipo de funciones en un procedimiento de contratación, máxime cuando existía un jefe de gabinete que, en la estructura del Ministerio, estaba por encima de cualquier asesor. Esta circunstancia alimenta la sospecha de que García pudo haber tenido un protagonismo mayor del que correspondería a su puesto.
Las inspectoras también han puesto el foco en que Soluciones de Gestión se ofreció a suministrar material sanitario el 20 de marzo de 2020, cuando aún no se habían presentado ofertas formales. Consideran que era evidente que alguien había comunicado previamente a la empresa la intención de contratar mascarillas, aunque han admitido que no han podido determinar quién fue la persona que trasladó esa información.
Otro de los elementos destacados en la auditoría es la duplicidad de un encargo de mascarillas que pasó de 4 a 8 millones de unidades en apenas 38 minutos, a pesar de que la estimación técnica inicial del Ministerio era de 4 millones. La Fiscalía sospecha que detrás de ese incremento podría haber habido una imposición de Aldama, aceptada por Ábalos y por Koldo García, lo que habría favorecido a la empresa adjudicataria.
Las inspectoras han señalado que, objetivamente, nadie les ha explicado por qué se produjo ese cambio tan rápido en el volumen del pedido. Han subrayado que no cuestionan la cifra en sí misma, sino que la realidad es que el aumento no está motivado ni justificado en la orden de adquisición, lo que, a su juicio, genera dudas sobre la transparencia y la trazabilidad de la decisión.
Pese a todas estas observaciones, las funcionarias han recalcado que la auditoría no cuestiona la legalidad formal de la tramitación de los contratos. Han recordado que este aspecto ya fue objeto de revisión por el Tribunal de Cuentas, que avaló la corrección jurídica de los procedimientos seguidos. La controversia se centra así en la forma en que se tomaron determinadas decisiones, en las posibles presiones o mediaciones informales y en el grado de objetividad con el que se han analizado esos hechos en los distintos informes periciales que se confrontan en el juicio.
