La Generalitat ha planteado mantener los contratos de emergencia mientras sigan las secuelas de grandes catástrofes, como la DANA de Valencia de 2024, para reconstruir con rapidez las infraestructuras dañadas en la Comunitat Valenciana.
El comisionado de la Generalitat para la Recuperación, Raúl Mérida, ha explicado que la normativa actual de contratación ha dificultado dar respuesta ágil a los daños causados por los últimos episodios extremos. Por eso, ha defendido que se pueda seguir contratando por la vía de emergencia mientras persistan los efectos de la catástrofe en el territorio.
Durante un encuentro con periodistas, tras participar en un desayuno organizado por la Federación de Obra Pública de Alicante (FOPA), Mérida ha afirmado que ‘las normativas que hay en las leyes en materia de contratación no están a la altura de las necesidades de esta comunidad y de cualquier otra que pueda sufrir una catástrofe’.
Según ha añadido, ‘necesitamos normativas que sean más ágiles, que se pueda contratar por emergencia mientras haya secuelas de esa catástrofe que se haya sufrido’. A su juicio, los proyectos que se licitan por el procedimiento ordinario han multiplicado ‘por cinco o por seis’ los plazos respecto a un contrato de emergencia.
Más agilidad para ayuntamientos y ayudas
Mérida ha reclamado también mecanismos que faciliten la contratación de personal en los ayuntamientos, especialmente en los más pequeños, que han tenido que gestionar fondos extraordinarios vinculados a la dana.
Ha apuntado que la ejecución de los fondos dana por parte de los consistorios no ha llegado al 5 %. Ha atribuido esta baja ejecución a la falta de medios técnicos en muchos municipios, que han visto crecer sus presupuestos de forma enorme sin reforzar sus plantillas.
Como ejemplo, ha citado que hay administraciones locales que ‘han multiplicado por cien su presupuesto’, como el caso de Paiporta, pero mantienen el mismo personal técnico para tramitar proyectos y expedientes.
En el ámbito de las ayudas directas a personas afectadas, el comisionado ha pedido que no se apliquen intereses a quienes hayan tenido que devolver subvenciones. Esta situación se ha dado cuando se han detectado incompatibilidades por haber recibido otras ayudas por el mismo motivo.
Mérida ha defendido que estas devoluciones se gestionen sin recargos económicos, para evitar una carga adicional sobre familias que ya han sufrido daños materiales importantes.
Más flexibilidad territorial para los fondos
El comisionado ha considerado además clave que los fondos transferidos por el Gobierno central para obras de prevención se puedan invertir en cualquier punto de la Comunitat Valenciana.
Ha recordado que estas partidas buscan evitar nuevos episodios como el de octubre de 2024, pero ha advertido de que ‘no sabemos dónde puede ser el lugar donde caerá la próxima dana’. Por ello, ha defendido que la planificación de obras no se limite a las zonas ya afectadas.
Ante representantes de FOPA, Mérida ha detallado algunas de las actuaciones previstas en la provincia de Alicante, que suman 50 millones de euros. Entre ellas, ha destacado un proyecto para aumentar la capacidad de conducción del agua y renaturalizar el cauce en Orihuela a lo largo de 25 kilómetros hasta el mar.
También ha mencionado el corredor verde del Monnegre, que conectará Ibi y El Campello, y un parque fluvial con mejora de los conductos pluviales en Muchamiel y Sant Joan d’Alacant. Estas obras buscan reducir el impacto de futuras lluvias intensas y canalizar mejor el agua en zonas urbanas y periurbanas.
Nueva ‘alerta negra’ para grandes catástrofes
Sobre la coordinación entre administraciones, Mérida ha propuesto crear una figura de ‘alerta negra’ para grandes catástrofes.
Esta alerta se activaría en situaciones de especial gravedad y pondría en marcha de forma automática la comisión mixta intergubernamental. Al mismo tiempo, activaría el mecanismo europeo de Protección Civil.
Según el comisionado, este sistema permitiría una respuesta inmediata de todas las administraciones implicadas y facilitaría la llegada rápida de recursos y apoyo internacional cuando fuera necesario.
En el encuentro con periodistas también ha intervenido el presidente de FOPA, Javier Gisbert, que ha alertado del impacto económico de la dana en las empresas de obra pública de la Comunitat Valenciana.
Gisbert ha reclamado medidas de revisión de precios para compensar las subidas de costes que han sufrido las contratistas. Ha cifrado este incremento en hasta un 20 % en la Comunitat Valenciana, muy por encima del alza registrada en el resto de España, situada entre el 4 % y el 5 %.
Según ha advertido, esta diferencia ha provocado ‘decenas, casi que centenares de licitaciones desiertas‘, porque las empresas no pueden asumir obras con precios que no reflejan los sobrecostes actuales.
Tanto las propuestas de Mérida como las demandas de FOPA apuntan a una misma preocupación: adaptar la contratación pública y la gestión de fondos a un escenario de fenómenos meteorológicos cada vez más extremos, con el objetivo de proteger mejor a municipios, infraestructuras y ciudadanos en toda la Comunitat Valenciana.
