El nuevo curso escolar ha arrancado con colegios de toda España sometidos a temperaturas extremas, riesgo de inundaciones e incendios forestales, en un contexto de cambio climático que ha obligado a activar protocolos de emergencia y ha reabierto el debate sobre la adaptación real de los centros educativos.
Las altas temperaturas de junio, con una ola de calor intensa y prolongada, han tenido continuidad en el inicio de septiembre. Al mismo tiempo, la previsión de lluvias torrenciales en los últimos días ha mantenido en alerta a las comunidades mediterráneas, todavía con el recuerdo reciente de la dana de Valencia de 2024, que dejó centros gravemente dañados.
Ante este escenario, el Consejo de Ministros ha aprobado en julio la propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para repartir 200 millones de euros entre las comunidades autónomas. El objetivo es financiar medidas de climatización y eficiencia energética en los centros educativos. Sin embargo, la comunidad educativa considera que esta inversión llega tarde y que las actuaciones siguen siendo insuficientes.
Paula San Pedro, responsable del área de incidencia política de la ONG Educo, ha señalado que las medidas ligadas a estos fondos probablemente no se aplicarán hasta el inicio del curso 2027-2028. Según ha explicado, es clave que el colegio se convierta en un espacio protegido: un lugar que funcione como refugio de continuidad climática, alimentaria y educativa incluso en situaciones meteorológicas extremas.
San Pedro ha insistido en la necesidad de planes de autoprotección en cada centro. Estos planes se basan en un análisis específico de riesgos externos, como olas de calor, inundaciones o incendios, y establecen protocolos claros de actuación para proteger al alumnado y al personal cuando se activa una alerta.
Medidas ante el calor y la falta de climatización
Varias comunidades han anunciado actuaciones frente al calor, pero sindicatos y familias cuestionan que vayan al ritmo que marca el clima. En la Comunidad de Madrid se han anunciado 1.240 millones de euros para mejorar la climatización, la eficiencia energética y la accesibilidad de cerca de 1.400 centros públicos. Este anuncio llega después de meses de quejas de la oposición, los sindicatos educativos y distintas organizaciones por las aulas asfixiantes.
En Canarias se ha puesto en marcha un programa piloto con 240 sensores térmicos en 120 centros escolares. Estos dispositivos permiten conocer en tiempo real el impacto de las altas temperaturas en las aulas y zonas comunes, lo que facilita ajustar las medidas de ventilación o el uso de espacios más frescos.
Andalucía, por su parte, ha establecido en 2024 un protocolo general frente a las olas de calor. Este documento permite a los centros flexibilizar el horario del alumnado y autorizar salidas anticipadas cuando las condiciones térmicas son extremas y dificultan la actividad lectiva con seguridad.
Pese a estas iniciativas, el responsable de Medio Ambiente de CCOO Educación, Rafael Páez, ha advertido de que centrarse solo en instalar aparatos de aire acondicionado es insuficiente. A su juicio, se trata de ‘un parche (que) no resuelve el problema’, porque sin un buen aislamiento térmico ‘tampoco tendría mucha lógica’. Para el sindicato, es necesario actuar sobre la estructura de los edificios para reducir la dependencia de sistemas mecánicos de refrigeración.
Riesgo de inundaciones tras la dana de Valencia
El cambio climático no solo intensifica las olas de calor. Las lluvias torrenciales y las inundaciones se han convertido también en un factor crítico para los colegios, especialmente en zonas inundables.
En Baleares, las autoridades han desarrollado un protocolo frente a emergencias meteorológicas que, según San Pedro (Educo), ‘ha entendido que no es solo estrés térmico, sino también inundaciones, impermeabilización y la elevación de los equipos frente a las riadas’. La entrada en vigor de este protocolo está prevista para este mes de septiembre.
En 2025, la Comunidad Valenciana ha planteado un protocolo para garantizar la continuidad de la formación cuando se suspenden temporalmente las clases por alerta meteorológica. Este tipo de documentos busca que el aprendizaje no se detenga, incluso si el alumnado no puede acudir físicamente a los centros durante varios días.
Sin embargo, la situación en la denominada ‘zona cero’ de la dana de Valencia de 2024 sigue siendo muy delicada. Los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción (CLER) han denunciado esta semana ‘graves deficiencias’ en muchos colegios afectados por aquellas riadas.
Según los CLER, cerca de 3.000 estudiantes de Massanassa, Alfafar, Paiporta y Catarroja han regresado a las aulas en barracones. Denuncian que la Conselleria de Educación todavía no ha iniciado las obras de reconstrucción de los centros destruidos por las inundaciones.
Además, estos comités han alertado de que se prevé reconstruir los centros dañados en lugares que ya se han demostrado altamente inundables. A su juicio, esta decisión ‘pone en entredicho la seguridad a largo plazo de toda la comunidad educativa’, al mantener las escuelas en zonas con alto riesgo de riada.
En relación con esta posible inundabilidad, Rafael Páez (CCOO) ha defendido que es necesario replantear el diseño de los edificios escolares. Propone facilitar el acceso a plantas altas, reforzar los pilares estructurales y rodear los centros de una vegetación que pueda ayudar a retener el agua en caso de lluvias torrenciales.
No obstante, Páez ha advertido de la otra cara de esta estrategia verde. Los árboles y matorrales cercanos pueden alimentar la propagación de un incendio forestal. ‘Aquí estamos hablando de algo que viene de fuera y no todo el mundo está preparado ni sabe cómo se va a reaccionar ante estos (incendios)’, ha reflexionado. En este escenario, ha añadido que unos edificios bien aislados podrían funcionar como cortafuegos y ofrecer mayor protección.
Críticas de familias y sindicatos
Las organizaciones de familias y los sindicatos docentes coinciden en que el ritmo de adaptación de los centros al nuevo clima es claramente insuficiente.
La presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa), María Sánchez, ha asegurado que ‘la situación es prácticamente la misma que en junio’, pese al paso del verano. Según ha denunciado, estos meses no se aprovechan ‘para climatizar ni dotar a los centros del equipamiento necesario para combatir el calor’.
Desde CCOO, Páez ha señalado que a corto plazo ‘no hay perspectiva de cambio’ y que el próximo año será ‘todavía peor’. Por ello, ha reclamado que ‘hay que empezar a actuar pensando en el futuro’, con una planificación que combine obras estructurales, protocolos de emergencia y cambios en los diseños de los edificios.
En la misma línea, el presidente del sector nacional de educación de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Mario Gutiérrez, ha criticado que, ‘a pesar de los anuncios de las administraciones educativas’, la situación es muy similar a la de años anteriores. Ha denunciado que las medidas suelen ser ‘de cara a la galería’, ya que la financiación no se liga a un calendario concreto de ejecución.
Las voces de familias, sindicatos y entidades sociales coinciden así en un mensaje común: el cambio climático ya está condicionado el día a día en las aulas, y la adaptación de los colegios requiere menos anuncios puntuales y más actuaciones de fondo, continuadas y planificadas en el tiempo.
