La implantación masiva de la inteligencia artificial (IA) ha abierto un nuevo desafío fiscal: cómo sostener el Estado del bienestar si la economía genera más riqueza con menos empleo y, por tanto, con menos cotizaciones sociales. Varios expertos han planteado que será necesario reequilibrar la tributación, reducir el peso sobre el trabajo y diversificar las vías de financiación de pensiones y prestaciones para proteger a los colectivos más vulnerables.
En la actualidad, empresas y trabajadores aportan a través de las cotizaciones sociales la mayor parte de los ingresos de la Seguridad Social. Este dinero se ha destinado a pagar pensiones, subsidios por desempleo y distintas prestaciones contributivas. El modelo se ha basado, por tanto, en una economía donde el empleo humano ha tenido un peso central.
El catedrático de Economía de la Universidad de Granada Francisco Rodríguez-Fernández recuerda que ‘nuestro Estado del bienestar se ha construido en gran medida sobre una economía en la que el empleo y las rentas salariales constituían una parte muy importante de la generación de renta y, por tanto, de la base tributaria’. Advierte de que este esquema puede quedar tensionado por el avance de la IA.
Según explica, ‘si la IA eleva mucho la productividad pero al mismo tiempo desplaza parte de la renta desde el trabajo hacia el capital (…) mantener intacto ese sistema de financiación acabaría produciendo una paradoja: gravaríamos relativamente más al factor cuya utilización queremos proteger, que es el trabajo’. Rodríguez-Fernández firma el informe ‘Inteligencia artificial y mercado de trabajo en España’, publicado por Funcas, donde analiza este cambio de escenario.
Presión sobre las cotizaciones y empleo futuro
El informe ‘Estado de Bienestar 4.0: el impacto de la robótica en las cotizaciones sociales’, de Alexandra Díaz Mordillo, incide en la misma idea. En él se recoge que ‘las cotizaciones sociales son la principal fuente de financiación del sistema de Seguridad Social y su concepción actual, basada fundamentalmente en la imposición sobre el empleo humano, está en serio peligro si no se diseñan nuevas estrategias de financiación liberadas de tal dependencia’.
Rodríguez-Fernández estima en su trabajo para Funcas que, entre 2025 y 2035, entre 1,7 y 2,3 millones de empleos pueden verse potencialmente desplazados en términos brutos en España por el uso de IA. Al mismo tiempo, calcula que se crearán alrededor de 1,61 millones de nuevas ocupaciones ligadas a estas tecnologías y a actividades complementarias.
El resultado neto, según estas proyecciones, sería una pérdida de unos 400.000 empleos en ese periodo. Esto implicaría menos cotizantes al sistema de Seguridad Social y, por tanto, mayor presión sobre un modelo de financiación basado casi en exclusiva en las nóminas.
El catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia Adrián Todolí subraya que ‘el resultado dependerá de cómo se distribuyan las ganancias de productividad generadas por la IA’. Es decir, la clave será quién se queda con la mayor parte de esa nueva riqueza: si las empresas, los trabajadores o el sector público mediante impuestos.
En paralelo, el director de la Escuela del Trabajo de la Confederación Sindical de CCOO y experto en digitalización, Fernando Rocha, defiende que ‘no es una cuestión de decir prohibir o no prohibir, sino que se trata de gobernar y de regular‘. A su juicio, la respuesta pasa por adaptar las normas laborales y fiscales para que el avance tecnológico no deje desprotegidas a las personas empleadas.
Por ahora, los estudios apuntan a que el impacto directo de la IA sobre el empleo sigue siendo incipiente. Un informe de Fedea y BBVA Research publicado esta semana concluye que, de momento, no se observa una relación negativa clara entre una mayor exposición potencial a la IA y la evolución del empleo. Los autores advierten, sin embargo, de que se trata solo de una primera fotografía de una transformación que acaba de empezar.
Las cuentas de la Seguridad Social tampoco reflejan aún ese posible cambio de modelo. Entre enero y julio, las cotizaciones sociales han sumado 109.913 millones de euros, con un mercado laboral en máximos históricos. En agosto se han contabilizado 22.345.226 personas afiliadas, una cifra récord que sostiene de momento la financiación del sistema.
Nuevas fuentes para financiar pensiones y prestaciones
Ante este escenario, los expertos coinciden en que será necesario repensar qué impuestos sostienen el Estado del bienestar. Rodríguez-Fernández precisa que ‘no significa que tengamos que inventar inmediatamente un impuesto sobre la inteligencia artificial (…). El reto es que el sistema tributario sea capaz de captar esas ganancias sin penalizar precisamente la inversión que las genera‘.
El catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia Adrián Todolí recuerda que ‘las pensiones pueden financiarse mediante cotizaciones sociales o impuestos’. El problema, señala, es que ‘algunas empresas tecnológicas obtienen beneficios comparables a los de grandes compañías industriales con una fracción de sus trabajadores, por lo que distribuyen menos renta mediante salarios y cotizaciones’.
Ante esta situación, Todolí propone modular el impuesto sobre sociedades en función del empleo generado. Defiende que aquellas empresas que apenas redistribuyen sus ingresos mediante salarios deberían contribuir con un tipo impositivo superior. A su juicio, este diseño debería tener en cuenta, además, el riesgo de elusión fiscal.
La elevada movilidad de las empresas digitales, reflexiona Todolí, facilita el traslado de beneficios hacia territorios con baja tributación, incluso dentro de Europa. Esto reduce la recaudación de los países donde realmente se genera la actividad económica y complica la financiación de las políticas sociales.
Por ello, el jurista recomienda que, cuando los Estados no puedan impedir con eficacia estas prácticas de elusión, se impulsen ‘mecanismos europeos o internacionales que garanticen una contribución tributaria suficiente’. La idea es que las grandes compañías digitales no puedan esquivar de manera sistemática su aportación a las arcas públicas.
El informe de Díaz Mordillo plantea otra posible fórmula: crear un impuesto finalista o una cuota empresarial destinada exclusivamente a financiar pensiones y prestaciones. Este tributo gravaría la capacidad económica de la empresa en función de su actividad y lo haría de forma lineal, al margen del número de trabajadores.
Desde el ámbito sindical, Fernando Rocha resume la posición de CCOO: ‘Estamos a favor de que las empresas que ganan mayores beneficios por parte de la inteligencia artificial contribuyan más’. Además, reclama ‘mecanismos de protección social para trabajadores que pueden ver afectado su empleo por la inteligencia artificial’.
Los especialistas coinciden en que la transición hacia una economía más automatizada exigirá anticipar reformas fiscales y de protección social. El objetivo será evitar que el peso de la financiación del Estado del bienestar recaiga casi exclusivamente sobre el trabajo humano en un contexto donde este puede perder protagonismo frente al capital y a la tecnología.
