Once activistas de Greenpeace se han sentado este miércoles en el banquillo de la Ciudad de la Justicia de València, donde ha comenzado el juicio por su acción de protesta en 2021 en el Puerto de Sagunto contra un buque cargado de gas licuado. El Ministerio Fiscal ha mantenido una petición de cinco años de prisión para cada uno por un delito de desórdenes públicos agravados, mientras la organización ecologista confía en que la Fiscalía modifique sus conclusiones y el tribunal reconozca su actuación como ejercicio del derecho a la protesta.
Los hechos se remontan a octubre de 2021, cuando el barco ‘Esperanza’ de Greenpeace entró en el Puerto de Sagunto para, según la organización, ‘denunciar y tratar de frenar’ la llegada del buque Merchant. Este barco procedía de Estados Unidos y transportaba 138.000 metros cúbicos de gas licuado con destino a la planta de regasificación situada en la localidad valenciana.
Durante la acción, los activistas se anclaron junto a la planta de regasificación con el objetivo de impedir la entrada del buque. Además, pintaron en uno de los laterales del barco el mensaje ‘NO + GAS’. Según el relato de Greenpeace, un escalador se encaramó al ancla del buque y se mantuvo allí en resistencia pasiva durante unas doce horas, lo que alargó la protesta y obligó a mantener desplegado un dispositivo de seguridad.
Posturas enfrentadas ante el tribunal
La abogada de Greenpeace, Inés Díez, ha explicado antes de entrar a la sala que esperan que el juicio acredite que los hechos ‘se pueden encuadrar dentro del derecho a la protesta‘. A su juicio, ‘en todo caso, podría haber sido constitutivo de una infracción administrativa, pero nunca penal’. La letrada ha subrayado así que, para la organización, la vía penal resulta desproporcionada.
Díez ha reconocido que el inicio del juicio ha generado mucha tensión entre los acusados. ‘Estamos expectantes, nerviosos también, después de un periodo tan largo de tiempo se va a celebrar el procedimiento’, ha señalado a las puertas de la Ciudad de la Justicia de València, donde se desarrolla la vista oral.
Entre los once acusados se encuentra Felipe Pimentel, uno de los activistas que participó en la acción en el Puerto de Sagunto. Pimentel ha considerado ‘absurdo pedir cinco años para una protesta pacífica’ y ha calificado el procedimiento como ‘desproporcionado, preocupante’ y como ‘una mordaza al activismo mundial’. Con estas palabras ha querido remarcar que, a su entender, el caso puede tener impacto más allá de España.
Pese a la gravedad de la acusación, Pimentel ha asegurado que mantiene la confianza en el sistema judicial. ‘Estoy ansioso, pero estoy confiado en la justicia española’, ha afirmado. También ha destacado el apoyo legal con el que cuentan: ‘Tenemos mucha suerte gracias al equipo de abogados de Greenpeace’. Sin embargo, ha lamentado que ‘hay muchos movimientos y organizaciones que no tienen lo mismo’.
La abogada de la organización ha incidido en que la petición de cinco años de cárcel supone, según sus datos, ‘la solicitud de pena más alta por derecho a la protesta que se ha pedido en Europa’. Díez ha añadido: ‘Esperamos que el Ministerio Fiscal modifique sus conclusiones y esperamos que la sentencia sea absolutoria’. Con ello ha dejado claro que la defensa aspira a una exoneración completa.
Sin acuerdo con la Fiscalía y un largo proceso
Díez ha explicado que no han alcanzado ningún acuerdo con la Fiscalía antes del inicio del juicio. Según ha indicado, entienden que ‘no procede, porque son inocentes’. Para la defensa, aceptar una conformidad implicaría reconocer una responsabilidad penal que niegan de forma rotunda.
La letrada ha advertido de que la sentencia que dicte el tribunal puede sentar un precedente relevante. En su opinión, un fallo absolutorio ayudaría a que en el futuro actuaciones similares ‘nunca puedan ser llevadas por la vía penal’ y se tramiten, en su caso, solo como infracciones administrativas. De este modo, considera que el caso no afecta solo a los once acusados, sino también al tratamiento judicial de las protestas ecologistas y sociales.
Además, la representante legal de Greenpeace ha puesto el foco en la duración del procedimiento. Ha recordado que los hechos ocurrieron hace casi cinco años y ha criticado el retraso que sufren los juzgados españoles. A su juicio, cinco años en la vida de estas personas suponen ‘un tiempo largo’ y un ‘procedimiento arduo‘ que ha mantenido a los activistas pendientes de una posible condena.
La abogada ha señalado igualmente que los once acusados proceden de ‘ocho nacionalidades y culturas distintas‘. Este elemento, ha apuntado, ha añadido complejidad a la gestión del caso y a la coordinación de las defensas. Sin embargo, ha insistido en que todos ellos han mantenido la misma versión de los hechos y la misma reivindicación de la protesta como una acción pacífica orientada a denunciar el uso del gas fósil.
El juicio ha comenzado pasadas las 10.20 horas y se ha desarrollado en un clima de expectación por parte de colectivos ecologistas. Para muchos de ellos, la resolución de este caso marcará los límites entre la protesta pacífica y la respuesta penal en acciones de desobediencia civil vinculadas a la crisis climática y al modelo energético, especialmente en enclaves estratégicos como el Puerto de Sagunto y su planta de regasificación.
