Once activistas de Greenpeace que han participado en una protesta en el puerto de Sagunto en 2021 se enfrentan ahora a una petición de dos años y medio de cárcel, después de que la Fiscalía haya admitido un error en la aplicación del Código Penal y haya rebajado la pena inicial, fijada en cinco años de prisión.
Durante el juicio, celebrado este miércoles en la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Valencia número 8, el Ministerio Fiscal ha reconocido una equivocación en su escrito de acusación. Ha explicado que la primera petición de cinco años se ha basado en la Ley Orgánica 14/2022, que ha entrado en vigor el 12 de enero de 2023, dos años después de los hechos.
Esa norma ha modificado el delito de desórdenes públicos y ha creado un nuevo tipo agravado. Sin embargo, la Fiscalía ha admitido que no era aplicable al caso porque no estaba vigente cuando ocurrió la protesta. Por ello ha rectificado y ha solicitado una pena de dos años y seis meses atendiendo a la regulación anterior.
Una protesta contra un gasero en 2021
Los hechos se remontan al 26 de octubre de 2021. Ese día, el barco Esperanza de Greenpeace ha bloqueado la entrada al puerto de Sagunto del buque Merchant, procedente de Estados Unidos, que transportaba 138.000 metros cúbicos de gas licuado.
Junto al Esperanza han intervenido cuatro lanchas neumáticas. Los activistas han pintado la frase ‘NO + GAS’ en el lateral del casco del gasero, mientras un ecologista se ha encaramado al ancla del barco para ejercer resistencia. La acción ha provocado que el Merchant haya accedido al puerto con unas doce horas de retraso.
El juicio se ha desarrollado a lo largo de más de nueve horas, con dos recesos, y ha comenzado sobre las 10.20 horas. Han declarado una decena de testigos, entre ellos seis agentes de la Guardia Civil, representantes de la compañía Marítima del Mediterráneo y de la Planta de Regasificación de Sagunto, además de dos periodistas.
La Fiscalía ha admitido que la acción no ha sido violenta. No obstante, ha defendido que en el juicio ‘ha quedado acreditado’ que se ha cometido un delito de desórdenes públicos. A su juicio, los activistas ‘se han excedido de una mera protesta pacífica’, ya que han actuado en grupo coordinado y en un puerto que presta servicios esenciales.
Según el Ministerio Fiscal, el simple hecho de bloquear un enclave de estas características ‘ya supone en sí una alteración del orden público‘. Por ello mantiene que la conducta encaja en el tipo penal de desórdenes públicos vigente en el momento de los hechos.
Los activistas insisten en el carácter pacífico
Los once encausados han comenzado a declarar sobre las 14.35 horas. Han defendido que se ha tratado de una protesta pacífica, enmarcada en su derecho a manifestarse por el medio ambiente. Han insistido en que no tenían intención de perjudicar a otros buques ni a la navegación marítima.
Según su versión, la acción ‘solo era una medida para llamar la atención de los gobiernos para que hicieran algo por el medio ambiente’. El que era capitán del Esperanza en ese momento ha negado que la protesta estuviera planificada con antelación.
Ha explicado que se han encontrado con el gasero y han decidido actuar para ‘llamar la atención’. En la misma línea se ha pronunciado el voluntario español que se ha colgado del ancla del Merchant ‘para ayudar’ en la protesta.
Este simpatizante ha relatado que se ha enterado ‘sobre la marcha’ de lo que iban a hacer, pero estaba conforme. Ha contado que se ha amarrado al ancla con un candado de bicicleta hasta que la Guardia Civil le ha liberado, porque había perdido la llave, algo que ha comunicado a los agentes.
Otro de los acusados, que ha dicho haber participado en muchas otras protestas de Greenpeace, ha subrayado que la de Sagunto ‘no se sale de la norma ni del estándar de protesta pacífica que tiene habitualmente la organización’. Ha asegurado que el objetivo era ‘poner en riesgo lo mínimo posible’.
Los once activistas son de ocho nacionalidades distintas. Algunos forman parte de Greenpeace y otros son voluntarios o simpatizantes. Todos han reiterado que han colaborado con las autoridades y que las interacciones con los agentes de la Guardia Civil han sido ‘cordiales y respetuosas’.
Distancia de seguridad y coordinación con las autoridades
El jefe de máquinas en el momento de los hechos y una marinera que trabajaba para Greenpeace, ambos también acusados, han confirmado que no han participado en la toma de decisiones. Sin embargo, han señalado que estaban de acuerdo con la acción y se han sentido ‘cómodos’ con su desarrollo.
La marinera ha recordado que las lanchas neumáticas ‘estaban para pintar y tomar fotos, pero no para cambiar las maniobras del barco’. Ha añadido que no ha sido peligroso acercarse al Merchant porque han mantenido una distancia de seguridad ‘cómoda y segura’.
Por su parte, la defensa de Greenpeace ha sostenido que no se ha alterado ni quebrantado la paz pública de forma ‘penalmente relevante’. Ha recordado que la organización ya ha afrontado una multa administrativa de 160.000 euros por estos hechos.
La representación legal ha advertido: ‘Estamos en Europa. La protesta de Sagunto estaba protegida por los artículos 10 y 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos’. A su juicio, la actuación se enmarca en el ejercicio legítimo de la libertad de expresión y de reunión.
En su informe final, los letrados han afirmado que la Fiscalía ‘sigue mezclando la legislación’. Han asegurado que el Código Penal vigente en el momento de la protesta solo contempla el delito de desórdenes públicos cuando ‘existe violencia o intimidación sobre las personas o cosas’. Por ello han pedido la absolución de todos los acusados.
En su alegato final, uno de los activistas españoles ha recalcado el impacto que ha tenido el error del Ministerio Fiscal sobre sus vidas. Ha explicado que la petición inicial de cinco años de prisión les ha generado durante años ‘un miedo y una ansiedad que nadie les va a devolver’.
