El Consell ha aprobado este viernes el proyecto de la nueva Ley del Suelo de la Comunitat Valenciana, que sustituye el marco urbanístico anterior por una normativa más clara destinada a reducir burocracia, reforzar la seguridad jurídica y agilizar la gestión urbanística, manteniendo intactos los niveles de protección medioambiental.
Así lo ha explicado el vicepresidente segundo y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, en la rueda de prensa posterior al pleno. Ha señalado que la ley responde a la necesidad de superar un sistema anterior que se había vuelto, en sus palabras, ‘cada vez más complejo y difícil de aplicar’.
La nueva norma reemplaza por completo el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (TRLOTUP), aprobado por el Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio. Este texto había acumulado sucesivas modificaciones desde la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de 2014, lo que había generado un marco ‘fragmentado y complejo’ que dificultaba la aplicación práctica por parte de administraciones y agentes privados.
Proceso participativo y cambios sobre el texto inicial
Martínez Mus ha destacado que el proyecto que ha salido del pleno del Consell es fruto de un ‘proceso abierto de reflexión‘. En este proceso han podido intervenir administraciones, agentes sociales y ciudadanía, que han trasladado propuestas y observaciones.
Desde la presentación inicial del borrador se han incorporado modificaciones derivadas de las presentaciones realizadas en distintos puntos de la Comunitat Valenciana. También se han sumado aportaciones de actores interesados y de varios organismos que han emitido informes sobre el contenido.
Entre estos informes ha resaltado el del Consell Jurídic Consultiu, que ha emitido un dictamen favorable y extenso. Según el conseller, se han asumido casi en su totalidad las propuestas contenidas en ese documento, lo que ha permitido pulir el articulado y aclarar conceptos que podían generar dudas interpretativas.
Martínez Mus ha recordado que la futura Ley del Suelo debe afrontar todavía la tramitación parlamentaria en Les Corts. Durante ese trámite podría seguir incorporando cambios, aunque ha subrayado que el texto actual ya constituye, a su juicio, una base sólida para simplificar el urbanismo sin rebajar las garantías ambientales ni jurídicas.
Menos trámites y más seguridad jurídica
El proyecto de ley persigue simplificar los procedimientos urbanísticos, suprimir cargas consideradas innecesarias y corregir incoherencias acumuladas en la normativa. Además, pretende hacer más clara la redacción de los artículos para que resulten comprensibles tanto para los ayuntamientos como para profesionales y ciudadanía.
Al mismo tiempo, la norma reforzará la protección del territorio y el respeto al medio ambiente. El Consell quiere evitar que la simplificación de trámites se interprete como una rebaja de exigencias ambientales, y por ello insiste en que el nivel de protección se mantiene ‘intacto’.
Otro de los objetivos centrales es dotar al sistema urbanístico de un marco estable y previsible. Con ello se busca facilitar la aplicación de las políticas territoriales y urbanísticas y reducir la litigiosidad derivada de interpretaciones contradictorias entre administraciones.
En materia de vivienda, la propuesta concede una atención prioritaria al acceso a un hogar digno, especialmente en el caso de la vivienda sujeta a algún régimen de protección pública. Se pretende que el urbanismo contribuya a aumentar la oferta de vivienda asequible en la Comunitat Valenciana.
Más suelo para vivienda protegida y apoyo a pequeños municipios
Entre las medidas concretas, la ley fija que los nuevos instrumentos públicos de vivienda deberán reservar al menos el 50 % de la edificabilidad residencial a vivienda protegida. Martínez Mus ha subrayado que esta previsión pretende ‘poner el urbanismo al servicio de facilitar que haya suelo disponible para que pueda ser transformado en vivienda, especialmente protegida’.
El texto también presta una atención específica a los municipios pequeños. Los ayuntamientos con menos de 1.000 habitantes y aquellos declarados en riesgo de despoblación podrán utilizar un planeamiento urbanístico simplificado. Este planeamiento se adaptará a su dimensión y a sus necesidades reales, con el objetivo de no sobrecargarles con exigencias técnicas difíciles de asumir.
La nueva Ley del Suelo introduce además un cambio significativo en la tramitación de las licencias urbanísticas. La finalidad es reducir tiempos y dar mayor seguridad tanto a ciudadanos y promotores como a los propios ayuntamientos que deben resolver los expedientes.
Licencias más rápidas y nuevas figuras urbanísticas
El proyecto clarifica de forma expresa qué actuaciones precisan licencia urbanística y cuáles podrán tramitarse mediante declaración responsable. Esta distinción busca evitar dudas y agilizar intervenciones de menor entidad, sin renunciar al control posterior por parte de la Administración.
Entre las novedades destaca la creación de la licencia básica o de parámetros esenciales, que resultará especialmente relevante para proyectos de vivienda. Según ha explicado Martínez Mus, esta figura permitirá que la Administración compruebe desde el inicio los elementos urbanísticos fundamentales de un proyecto.
Una vez obtenida esa licencia básica, la tramitación podrá continuar sin esperar a que se haya completado toda la documentación técnica posterior. Esto acortará los tiempos de espera para promotores y particulares y dará mayor certidumbre sobre la viabilidad urbanística de las actuaciones antes de invertir más recursos.
La norma fija, además, con carácter general, un plazo máximo de seis meses para el control ordinario posterior de las declaraciones responsables. Este límite temporal pretende aportar mayor seguridad jurídica a los procedimientos y evitar que queden indefinidamente abiertos.
Régimen transitorio y continuidad del planeamiento vigente
El proyecto incorpora un régimen transitorio para facilitar la implantación del nuevo modelo de planeamiento. Los planes generales actualmente vigentes podrán seguir aplicándose, siempre que sus determinaciones no resulten incompatibles con la nueva ley.
Para los municipios que decidan adaptar su planeamiento de forma global se prevé un procedimiento simplificado. El objetivo es que la transición al nuevo marco normativo sea gradual y asumible, sin bloquear el desarrollo urbano en curso.
Determinados preceptos y anexos del TRLOTUP mantendrán de forma provisional rango reglamentario, siempre que no se opongan al nuevo texto. Se conservarán hasta que se apruebe el desarrollo reglamentario correspondiente, con el fin de evitar vacíos normativos durante el periodo de transición.
En cuanto a la estructura, el Título I de la futura ley se dedica a la ordenación territorial. Mantiene como instrumentos básicos la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana y los planes de acción territorial, concebidos como herramientas supramunicipales de planificación estratégica y sectorial.
Asimismo, la norma recoge los Proyectos de Interés Autonómico como instrumentos para implantar actuaciones de especial relevancia territorial, económica o social. Estos proyectos quedarán sometidos a un régimen singular debido a su carácter estratégico o supralocal.
Criterio favorable a una nueva Ley Forestal
Además de la Ley del Suelo, Martínez Mus ha informado de que el Consell ha acordado trasladar a Les Corts su criterio favorable a la toma en consideración de la proposición de Ley Forestal de la Comunitat Valenciana, presentada por el grupo popular.
Esta iniciativa propone una actualización integral del marco jurídico que regula la protección y la gestión de los terrenos forestales de la Comunitat. El marco actual se basa en la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, que se aprobó hace más de tres décadas.
La proposición considera necesario adaptar la normativa a los cambios ambientales, territoriales y socioeconómicos de los últimos años. Entre los retos que cita se encuentran la conservación de los montes, la protección de la biodiversidad, la gestión sostenible, la restauración de los ecosistemas y la puesta en valor de los recursos naturales.
Según se recoge en la propuesta, una nueva Ley Forestal permitiría alinear la gestión de los terrenos forestales con estas prioridades actuales. También facilitaría dotar de mayor seguridad jurídica y coherencia a las actuaciones públicas y privadas en este ámbito, en coordinación con la nueva política territorial y urbanística que impulsa el Consell.
