El Gobierno ha activado este martes en el Consejo de Ministros la tramitación urgente de dos reales decretos para crear 500 nuevas plazas de jueces y 200 de fiscales hasta 2027, de las que 53 corresponderán a la Comunitat Valenciana, con el objetivo de reforzar la planta judicial y fiscal en todo el país.
Según han explicado fuentes del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, esta ampliación ha supuesto un incremento del 7,8 % de la planta judicial y del 6,6 % de la plantilla del Ministerio Fiscal en el conjunto del Estado.
Distribución de las nuevas plazas
De las 500 nuevas plazas judiciales, 172 se han asignado a la jurisdicción civil, 109 a la social y 69 a la penal. Además, se han previsto 87 plazas para órganos mixtos, 42 de adscripción territorial y 11 específicas para juzgados de Violencia sobre la Mujer.
El plan incluye también 6 plazas para órganos de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, 8 para nuevas presidencias de Tribunales de Instancia y 4 plazas para reforzar la Audiencia Nacional. Con este reparto, el Ejecutivo busca atender los ámbitos con mayor carga de trabajo y retrasos.
Por territorios, Andalucía y Cataluña serán las comunidades que más plazas judiciales recibirán, con 94 cada una. A continuación se sitúa la Comunidad de Madrid, con 74 nuevas plazas, y la Comunitat Valenciana, que contará con 53 nuevos jueces dentro de esta ampliación.
En el caso de las 200 nuevas plazas de fiscales, el Gobierno ha previsto su distribución entre todas las comunidades autónomas y los órganos centrales, con el fin de equilibrar los refuerzos y cubrir necesidades en todo el territorio.
Cataluña encabezará el aumento de fiscales, con 47 nuevas plazas, lo que supone un 9,9 % del total. Le siguen Andalucía, con 31 plazas de fiscal adicionales, equivalentes al 5,6 %, y la Comunidad de Madrid, con 26 nuevas plazas, que representan el 6,9 %.
Porcentaje de crecimiento y ahorro de costes
Porcentualmente, la comunidad que más ha visto crecer su plantilla de fiscales es Canarias, que sumará 13 nuevos efectivos, un 8,9 % más. Este tipo de incrementos se dirige a territorios donde la ratio de casos por fiscal es especialmente elevada.
El Ministerio de Justicia ha subrayado que la ampliación de la planta judicial ha sido posible gracias a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. Esta norma ha sustituido progresivamente los juzgados unipersonales tradicionales por Tribunales de Instancia con una única Oficina Judicial de apoyo.
Este nuevo modelo organizativo permite concentrar recursos en una misma estructura, lo que facilita la creación de plazas. Según Justicia, ahora es posible crear una plaza judicial por unos 100.000 euros, frente a los 500.000 euros que costaba con el sistema anterior.
La inversión prevista para las 500 nuevas plazas se sitúa en torno a los 55 millones de euros. Con el modelo tradicional, esa misma ampliación habría supuesto un desembolso aproximado de 260 millones, casi cinco veces más.
De esta forma, el Ministerio defiende que la reorganización de la planta judicial no solo incrementa el número de jueces y fiscales, sino que también reduce el coste por plaza y agiliza la puesta en marcha de los nuevos órganos, lo que debe traducirse en una respuesta más rápida a los ciudadanos y en una mayor capacidad para afrontar el aumento de litigiosidad en los próximos años.
