El PP ha aceptado este martes en Les Corts Valencianes una enmienda de Vox que introduce el principio de prioridad nacional en el acceso a la vivienda pública en la Comunitat Valenciana, de forma que se priorice a quienes acrediten un arraigo real, duradero y verificable en el territorio.
Según recoge la enmienda, el objetivo es ‘implantar de manera efectiva en el acceso a una vivienda pública, el principio de prioridad nacional, adecuado a la legalidad vigente’, para que ‘se procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable en la Comunitat Valenciana, con el objetivo de asegurar la relación efectiva y afectiva del solicitante a la región’.
La modificación forma parte de una propuesta del PP sobre vivienda debatida este martes en el pleno de Les Corts y que está previsto que se vote este miércoles, junto con el resto de iniciativas de los grupos. Fuentes populares han confirmado la aceptación de la enmienda de Vox, que refuerza el giro hacia la prioridad nacional dentro de la política de vivienda pública autonómica.
Un pleno centrado en la crisis de la vivienda
El último pleno de octubre ha girado casi por completo en torno a la situación de la vivienda, que se ha consolidado como uno de los principales problemas sociales en la Comunitat Valenciana. Las propuestas del PP, PSPV-PSOE y Compromís han abordado distintas medidas de acceso y regulación, mientras que la iniciativa de Vox se ha centrado en la inmigración y su impacto en los servicios públicos.
La proposición del PP insta al Consell a impulsar la construcción de vivienda de protección pública para ampliar el parque disponible, y pide al Gobierno de España derogar la actual ley de Vivienda. Además, reclama rebajar el IVA al 4 % en la compra de la primera vivienda, así como destinar todo el suelo público disponible a la construcción de vivienda destinada al alquiler asequible.
A este paquete de medidas se sumará la enmienda de Vox sobre prioridad nacional en el acceso a vivienda pública, aceptada por los populares, que pretende ordenar la adjudicación de recursos públicos según el grado de vinculación y arraigo del solicitante en la Comunitat Valenciana.
Frentes políticos opuestos sobre el modelo de vivienda
PSPV-PSOE y Compromís han defendido en el pleno propuestas alternativas que ponen el foco en el control de precios y en la protección del parque público existente. Entre otras medidas, plantean derogar o revertir el incremento del módulo de precio máximo de las viviendas de protección pública de promoción privada y recuperar el tope de 2.200 euros por metro cuadrado. También proponen garantizar el carácter permanente de las viviendas públicas, para evitar su pérdida del parque social con el paso del tiempo.
El síndic del PP, Fernando Pastor, ha asegurado que el pleno ha permitido contrastar ‘dos formas de hacer política’: por un lado, la de quienes, como el PP, se están ‘dejando la piel’ para intentar solucionar los problemas de los valencianos; y por otro, la de PSPV y Compromís, que a su juicio ‘no han dado nunca un palo al agua en materia de vivienda’ y ‘vienen ahora a dar lecciones‘.
El síndic socialista, José Muñoz, ha reconocido también que el debate ha retratado dos formas de entender la vivienda, pero ha defendido que la posición del PP y Vox ‘está basada en la pura especulación y el apoyo a los fondos buitre’. Frente a ello, ha reivindicado que la del PSPV prima ‘los intereses de los inquilinos’ y que ‘las personas vulnerables no puedan ser desahuciadas’.
El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha calificado el pleno de esta semana de ‘plenito’ por el escaso número de puntos en el orden del día. Aun así, ha considerado que las iniciativas debatidas reflejan la realidad que se vive en la sociedad valenciana y española, donde, según ha dicho, unos quieren hablar de ‘la máxima preocupación de los ciudadanos’, que es la vivienda, mientras que Vox ‘intenta nuevamente inocular odio’.
En paralelo al debate sobre vivienda, la propuesta propia de Vox para este pleno ha reclamado que el Consell manifieste ‘la gravedad’ de las consecuencias de la ‘inmigración masiva’ sobre los servicios públicos. También insta al Gobierno central a repatriar a quienes hayan llegado de forma ilegal y a garantizar que ‘ningún español quede fuera del acceso al sistema de educación pública por falta de plazas en los centros’.
El síndic de Vox, José María Llanos, ha anunciado que su grupo va a insistir en ‘la cuestión del colapso de los servicios públicos’. Ha subrayado que, aunque ‘es evidente que la vivienda es importante y el problema más grave’, a su juicio debe tenerse en cuenta que ‘los últimos cinco años, cinco millones de inmigrantes han entrado en España y los recursos son absolutamente limitados’, también en materia de vivienda.
Durante el debate, el PP ha defendido además una enmienda a la iniciativa de Vox en la que, según fuentes populares, se eliminaban, suavizaban o matizaban algunas de las exigencias más contundentes en materia de inmigración. Vox no ha aceptado esa modificación y, a la espera de la votación, el PP aún no ha aclarado el sentido final de su voto sobre la propuesta de la formación de José María Llanos.
