Las asociaciones de víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024 han decidido no asistir a la reunión convocada para este lunes por la Dirección General de Atención a las Víctimas y Afectados y el Comisionado para la Recuperación de la Generalitat. La decisión se adopta de manera conjunta por la Associació de Víctimes de la DANA 29 d’octubre de 2024 y la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O, y cuenta además con la adhesión de los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción.
En un comunicado conjunto explican que su negativa es el resultado de una reflexión colectiva y de la preocupación creciente ante un orden del día que, a su juicio, no responde a las necesidades reales y urgentes de la ciudadanía afectada por la dana. Subrayan que, año y medio después de la tragedia, siguen pendientes cuestiones básicas para poder rehacer la vida cotidiana, mientras la administración, según denuncian, prioriza cuestiones de imagen y organización interna.
Falta de contenido práctico en la Mesa Permanente de Trabajo
Las asociaciones consideran especialmente grave que la convocatoria para presentar la Mesa Permanente de Trabajo del Comisionado para la Recuperación continúe centrada principalmente en aspectos organizativos, presentaciones institucionales y cuestiones de proyección pública. Señalan que el orden del día no incorpora asuntos fundamentales que afectan directamente a las personas damnificadas, pese al tiempo transcurrido desde la catástrofe.
Entre los temas que echan en falta citan la situación de las ayudas al alquiler vinculadas a la dana y la incertidumbre de muchas familias sobre su vivienda en los próximos meses. También reclaman una actualización clara del estado de las ayudas al comercio local y a las personas autónomas afectadas, que en muchos casos dependen de estas ayudas para mantener sus negocios abiertos y conservar empleos.
Las entidades lamentan que tampoco se aborde el estado de las infraestructuras educativas y la situación real de los centros que resultaron dañados por la inundación. A ello suman la falta de información sobre la reparación de ascensores y aparcamientos afectados, elementos que condicionan el día a día de las comunidades de vecinos, especialmente de las personas mayores o con movilidad reducida.
En la misma línea, denuncian la ausencia de un debate sobre la planificación real ante futuras emergencias, la revisión de los protocolos de emergencia y alerta, y la situación de los servicios públicos y de la salud mental comunitaria. Consideran que, tras un episodio con un fuerte impacto emocional y social, la atención psicológica y los recursos comunitarios deberían ocupar un lugar central en la agenda institucional.
También echan en falta referencias concretas a políticas de adaptación al cambio climático y de protección de la población. A su entender, después de una dana de esta magnitud, es imprescindible que la administración detalle qué medidas está adoptando para reducir la vulnerabilidad de las zonas afectadas y prevenir daños similares en el futuro.
Un orden del día alejado de las prioridades de los afectados
Frente a estas carencias, las asociaciones subrayan que uno de los puntos centrales de la convocatoria es la presentación de las I Jornadas Internacionales de Atención a las Víctimas de Catástrofes. Sin cuestionar el posible valor académico o institucional de esta iniciativa, sostienen que se trata de una propuesta alejada de las necesidades inmediatas y reales de la población afectada, que todavía espera soluciones materiales concretas.
Las víctimas insisten en que la ciudadanía en estos momentos necesita respuestas claras, información útil, seguridad, recursos y compromisos efectivos. Consideran que la reunión convocada no cumple con esos objetivos y que, en lugar de priorizar soluciones prácticas de reconstrucción, vivienda, prevención y protección, corre el riesgo de convertirse en un espacio orientado principalmente a la proyección institucional y a estrategias de comunicación.
En este sentido, aseguran que las víctimas y las personas afectadas no deben ser utilizadas como escenografía institucional mientras siguen sin resolverse cuestiones básicas. A su juicio, es incoherente pedir su presencia en foros públicos si, al mismo tiempo, no se avanza con la agilidad necesaria en la tramitación de ayudas ni en la reparación de los daños sufridos.
Las asociaciones recuerdan que, en el planteamiento inicial trasladado a las entidades, la Mesa Permanente de Trabajo iba a tener un carácter estrictamente técnico, sin participación política directa y con reuniones de trabajo privadas, sin comunicación previa a los medios ni presencia mediática. Ese formato pretendía favorecer un trabajo discreto, centrado en resultados y en el análisis riguroso de las necesidades de los damnificados.
Sin embargo, consideran que el formato final se ha alejado de ese espíritu inicial. Sostienen que ahora se apuesta por un enfoque más público y mediático, que, a su entender, puede desviar la atención de los problemas concretos de las personas afectadas y diluir la eficacia de la Mesa como espacio de trabajo técnico.
Críticas a la falta de responsabilidades políticas
Las asociaciones añaden que a esta situación se suma un elemento de fondo: la ausencia de asunción de responsabilidades políticas por parte de la administración autonómica por la gestión del 29 de octubre de 2024. Mantienen que, año y medio después, siguen formando parte del Consell las mismas personas responsables políticas que, según su valoración, no estuvieron a la altura de la emergencia que vivió la población.
En este contexto, califican de inadmisible que el president de la Generalitat mantenga a determinadas figuras políticas en sus cargos y no haya exigido la entrega de actas a quienes consideran directamente vinculados con la gestión de la catástrofe. Interpretan esta actitud como una forma de protección política difícil de comprender para la ciudadanía, que continúa reclamando explicaciones.
Las víctimas sostienen que, mientras siguen exigiendo responsabilidades, algunos responsables políticos continúan actuando con una falta de respeto institucional, acumulando salidas de tono, burlas y ausencias. Atribuyen esta actitud al amparo que ofrece la condición de aforados, que, en su opinión, se ha decidido sostener desde la presidencia del Consell.
A su juicio, el problema ya no es solo jurídico, sino también político y democrático. Consideran que mantener en su escaño a cargos que vinculan con la gestión de la tragedia lanza el mensaje de que, incluso tras un episodio con cientos de víctimas mortales, no es necesario asumir responsabilidades ni dar ejemplo ante la ciudadanía. Por todo ello, entienden que su ausencia en la reunión convocada es una forma de subrayar su malestar y de exigir un cambio de rumbo real en la atención a las víctimas y en la rendición de cuentas institucional.
