UNAUTO-VTC y MOVVA, principales asociaciones del sector de vehículos con conductor en la Comunitat Valenciana, han denunciado que diversas administraciones locales mantienen campañas de sanciones contra los VTC por prestar servicios urbanos, a pesar de que esta actividad cuenta con el aval del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
Según explican las patronales en un comunicado, el TSJCV ya ha confirmado que las autorizaciones de VTC domiciliadas en la región permiten realizar trayectos urbanos dentro de las ciudades, siempre al amparo del marco normativo autonómico vigente. A su juicio, resulta especialmente grave que se sigan imponiendo multas por una actividad que los tribunales han considerado válida y ajustada a derecho.
Las asociaciones subrayan que la sentencia del TSJCV rechaza la interpretación de que las licencias de VTC deban limitarse solo al transporte interurbano, es decir, a desplazamientos entre municipios. El tribunal reconoce que la normativa autonómica contempla expresamente la posibilidad de que los VTC presten servicios urbanos y, además, admite la competencia de los ayuntamientos para regular estas actividades dentro de su término municipal.
Impacto en la seguridad jurídica y en el turismo
Desde UNAUTO-VTC y MOVVA advierten de que seguir sancionando a los vehículos por ofrecer servicios urbanos genera una clara inseguridad jurídica. Consideran que esta situación perjudica tanto a los trabajadores y empresas del sector como a los propios usuarios, y ofrece una imagen preocupante del funcionamiento institucional, al contradecir en la práctica lo que ya ha resuelto la justicia.
Las patronales recuerdan que el sector VTC, según defienden, opera de forma legal, presta un servicio muy demandado por residentes y visitantes y se ha convertido en una pieza clave para absorber los picos de demanda en aeropuertos, estaciones, zonas turísticas y franjas horarias de alta ocupación. Este papel es especialmente relevante en momentos de gran afluencia, cuando otros modos de transporte no siempre pueden responder con la misma rapidez o disponibilidad.
En este sentido, destacan que la cuestión adquiere una importancia añadida a las puertas de la temporada alta, en la que millones de turistas nacionales e internacionales tienen previsto desplazarse a la Comunitat Valenciana para disfrutar de sus vacaciones. A su entender, la continuidad de las campañas de sanciones no solo impacta negativamente en la actividad de las empresas de VTC, sino también en la reputación turística del destino.
Las asociaciones señalan que no hay peor carta de presentación para un visitante que contratar legalmente un vehículo para ir al hotel, acudir a cenar o desplazarse al aeropuerto y ver interrumpido el trayecto por una actuación sancionadora basada en una supuesta infracción que los tribunales ya han descartado. En su opinión, escenas de este tipo generan desconfianza entre los usuarios y pueden desincentivar el uso de este servicio y, en general, la percepción de calidad del transporte en la región.
UNAUTO-VTC y MOVVA enfatizan también el impacto económico que, según recalcan, tiene el sector de VTC en la Comunitat Valenciana. Recuerdan que esta actividad sostiene en torno a 5.000 empleos directos e indirectos, además de aportar salarios, actividad económica vinculada y recursos a las arcas públicas a través de impuestos y cotizaciones sociales.
Solicitud de revisión de criterios y diálogo con administraciones
Ante este escenario, las asociaciones solicitan a las administraciones que revisen de forma inmediata los criterios sancionadores que se están aplicando a los servicios urbanos de VTC. Piden que se eviten actuaciones que puedan derivar en nuevas reclamaciones y en un aumento de la litigiosidad, al considerar que el marco judicial ya ha establecido una posición clara sobre la legalidad de estos servicios.
Al mismo tiempo, UNAUTO-VTC y MOVVA reiteran su voluntad de mantener un diálogo abierto tanto con la Generalitat como con las entidades locales para avanzar hacia un marco regulatorio estable y proporcionado. Defienden que este marco debe ofrecer seguridad jurídica al sector, clarificar las competencias de cada administración y permitir que los servicios de VTC sigan operando con reglas claras y conocidas por todos los actores implicados.
