La industria de la Comunitat Valenciana ha recibido una propuesta de ayudas por 57,2 millones de euros para compensar parte de los costes eléctricos ligados a las emisiones de CO2 en 2026, dentro de un paquete estatal de 600 millones aprobado provisionalmente por el Ministerio de Industria y Turismo.
Estas ayudas se dirigen a sectores con gran consumo de energía y fuerte exposición a la competencia internacional. El objetivo es sostener su competitividad y reducir el riesgo de deslocalización de la producción hacia otros países con normas ambientales más laxas.
Impacto en la Comunitat Valenciana
Según la resolución provisional, la Comunitat Valenciana contará con 67,2 millones de euros en ayudas vinculadas a 67 instalaciones industriales de 48 empresas. Dentro de ese importe global, 57,2 millones corresponden específicamente a compañías radicadas en el territorio valenciano afectadas por los costes indirectos de CO2.
Las empresas beneficiarias pertenecen a sectores industriales considerados estratégicos por su peso en el empleo y en las exportaciones. Entre ellos figuran la siderurgia, el aluminio, el papel, la química, el vidrio, el refino o la producción de fertilizantes.
Además, por primera vez se suma la industria cerámica, muy concentrada en la provincia de Castellón, que podrá acogerse ahora a este mecanismo de compensación. Esta incorporación amplía el abanico de actividades que pueden solicitar apoyo ante el encarecimiento de la energía ligado al régimen europeo de comercio de derechos de emisión.
Durante los últimos años, estos sectores han soportado un fuerte aumento de los costes eléctricos. La ayuda busca aliviar parte de ese impacto y contribuir a mantener la actividad productiva en la Comunitat Valenciana.
Reparto territorial de los 600 millones
El paquete total de 600 millones aprobado por Industria y Turismo se reparte entre 488 instalaciones industriales que pertenecen a 386 empresas en toda España. La distribución refleja el peso de la industria electrointensiva en cada territorio.
Cataluña, Asturias, País Vasco, Andalucía, Aragón y Comunitat Valenciana concentran más de tres cuartas partes de los fondos. Son las comunidades donde se ubican la mayoría de las plantas de los sectores industriales beneficiarios.
Cataluña figura como la autonomía con mayor volumen de ayudas, con 102 millones de euros asignados provisionalmente. Asturias recibirá 89,6 millones, el País Vasco 76,9 millones, Andalucía 76,4 millones y Aragón 62,5 millones.
En este mapa, la Comunitat Valenciana destaca por los 67,2 millones dirigidos a sus 67 instalaciones, que se reparten entre 48 empresas. Este volumen sitúa al territorio entre los principales receptores, en línea con la presencia de grandes factorías energéticamente intensivas.
Objetivo: evitar la fuga de carbono
Estas subvenciones permiten compensar parte del sobrecoste eléctrico derivado del sistema europeo de comercio de derechos de emisión. Este régimen obliga a determinadas instalaciones a adquirir derechos por sus emisiones de CO2, lo que se traslada a la factura energética.
El Gobierno ha explicado que la finalidad es evitar la denominada fuga de carbono. Este fenómeno se produce cuando la producción industrial se traslada a países con menores exigencias ambientales para reducir costes, lo que puede suponer pérdida de empleo y de inversión en España.
Con estas compensaciones, se busca preservar la actividad industrial existente, mantener puestos de trabajo de calidad y facilitar que las empresas sigan apostando por nuevas inversiones productivas en el país.
Ampliación de sectores elegibles en 2026
La convocatoria de ayudas correspondiente a 2026 ha incorporado una de las principales reivindicaciones de varios sectores manufactureros. Lo ha hecho al ampliar la lista de actividades que pueden optar a esta compensación de costes indirectos de CO2.
Entre las novedades destaca la entrada del sector cerámico, que accede por primera vez a este mecanismo tras la reciente actualización de la normativa española. Esa actualización se ha adaptado a las directrices europeas sobre ayudas vinculadas al comercio de emisiones.
También se incorporan nuevas actividades relacionadas con la química orgánica, fertilizantes, vidrio, textiles, madera, baterías y otras industrias intensivas en energía. Con ello, más empresas que soportan un elevado coste eléctrico por las emisiones pueden optar a apoyo público.
Desde 2019, el Gobierno ha movilizado cerca de 2.000 millones de euros en apoyo directo a la industria electrointensiva y a la sometida a riesgo de fuga de carbono en España. Las ayudas aprobadas ahora se suman a ese esfuerzo acumulado para sostener la competitividad industrial y el empleo asociado.
