El vicepresidente primero y conseller de Cultura y Deporte, Vicente Barrera (Vox), ha defendido la Ley de Concordia registrada en Les Corts ante la intención del Ejecutivo central de llevarla al Tribunal Constitucional (TC), al tiempo que ha calificado de “sorprendente” que “el propio gobierno no quiera que se haga justicia, por ejemplo, con las víctimas del FRAP, del GRAPO y fundamentalmente en nuestra comunidad con las víctimas de ETA”.
Así lo ha valorado, a preguntas de los medios, sobre el anuncio que realizó este lunes el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, de que el Gobierno llevará al TC las leyes autonómicas de memoria democrática de Aragón, Castilla y León y Comunitat Valenciana porque consideran que van contra la ley estatal que regula esta materia.
Barrera ha subrayado que la propia Ley de Memoria Histórica que en 2017 aprobó el Botànic “estaba hablando de que se inició en el año 1931 y acababa con el Estatuto de Autonomía”. “Nosotros vamos a ampliar los tiempos actuales”, ha indicado.
El conseller considera “de sentido común” que “si vamos a sacar desde la democracia una ley para recordar a todas las víctimas de las persecuciones políticas o religiosas, hay que mirar hacia todos los lados, porque hubo represaliados por un lado y por otro”.
Así, ha comentado que “en los años convulsos de la primera República también hubo persecución y también hubo crímenes, pero incluso contra propios dirigentes de la izquierda” y se ha referido a los sucesos de Casas Viejas.
En ese sentido, Barrera ha expuesto que, aunque él considera que se había “pasado página” en 1978, “si hay que hacer una reparación” y “si hay que reabrir todas estas heridas, habrá que reparar desde la democracia a todas las víctimas, las que sufrieron persecución, insisto, político o religiosa, de un bando y de otro, no solo de un bando, porque entonces sí que nunca estaremos cerrando las heridas”.
Bernabé acusa al PP de primar aritmética política sobre “la memoria de víctimas del franquismo”
Por otro lado, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha acusado al PP de primar la aritmética política para “garantizarse su tranquilidad a cuenta de la memoria de las víctimas del franquismo” con la Ley de Concordia. “Ellos tendrán que explicárselo a la ciudadanía”, ha asegurado en declaraciones a los medios, preguntada por la polémica norma.
“Legitimar desde las instituciones el extremismo pone en jaque a nuestra democracia y la paz y la convivencia de este país durante muchísimos años y durante un periodo tan importante como fue la transición. Si ellos consideran que es mucho mejor por la aritmética política del PP garantizarse su tranquilidad a cuenta de la memoria de las víctimas del franquismo o de negar que el franquismo, sin duda alguna, supuso una página negra de la historia de nuestro país, pues ellos tendrán que explicárselo a la ciudadanía”, ha sostenido.
En este sentido, ha censurado que el PP de la Generalitat “necesita rendirse al extremismo de la ultraderecha por todas las vías posibles”. “Es capaz de aprobar una ley que viene a torpedear una ley que aprobó la Generalitat Valenciana de Ximo Puig para favorecer la ley estatal de memoria democrática, para llegar de una manera más directa a las víctimas”. “Si lo que se pretende es negar a esas víctimas, si lo que se pretende es negar los derechos de esos familiares, pues sinceramente ellos verán”, ha aseverado Bernabé.
Asimismo, ha apuntado que a nivel estatal existe una ley de memoria democrática que “está por encima de las leyes autonómicas que puedan intentar perjudicar la buena marcha de la ley que protege, que reconoce y que ayuda a las familias y a los familiares de las víctimas a recuperar sus cuerpos que estaban en fosas comunes, por ejemplo”.
“Todas aquellas leyes que puedan, en un momento dado por una cuestión competencial, entrar dentro de las competencias de una ley estatal como es la de memoria democrática, el Gobierno de España pondrá en marcha los mecanismos que tiene, que son las reuniones bilaterales para ver la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de las leyes autonómicas que se ponen en marcha”, ha explicado, al tiempo que ha añadido que el Ejecutivo central valorará la posible inconstitucionalidad de la Ley de Concordia cuando la Generalitat la apruebe.
