La vicepresidenta segunda y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha reclamado al Gobierno central “planificación, coordinación y financiación” para abordar “de forma eficiente y efectiva” la llegada de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados.
Susana Camarero se ha expresado así durante su intervención en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, convocada por el Ministerio Juventud e Infancia. En la misma, ha solicitado que todas actuaciones que se hagan en esta materia se realicen en el seno de esta conferencia, “porque las comunidades autónomas necesitamos tener información, coordinación, tiempo y recursos para poder acoger de forma adecuada a los menores migrantes”, ha señalado.
“Desde el pasado mes de octubre hemos denunciado en las diferentes reuniones sectoriales con los ministerios la falta de información y coordinación”, ha asegurado la titular de Servicios Sociales, al tiempo que ha instado al Ejecutivo que atienda las peticiones de financiación de las comunidades autónomas “necesarias” para poder atender a las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados.
Sobre este aspecto, la vicepresidenta segunda ha constatado la situación que afronta la Comunitat Valenciana ante la llegada, en las últimas semanas, de 33 migrantes no acompañados, que han sido acogidos en el sistema público de protección valenciano.
“La llegada masiva de menores a un sistema social tan tensionado ha supuesto para la Generalitat tomar medidas de emergencia y aprobar contratos por un coste de más de 1,5 millones de euros”, ha afirmado. Por ello, la responsable de Servicios Sociales ha pedido al Gobierno de España que compense los gastos derivados de “esta acogida masiva” de migrantes no acompañados que han sido derivados a la Comunitat Valenciana.
Además, ha reclamado “coordinación” al Gobierno central en sus actuaciones con las Comunidades Autónomas, que son las que “proporcionamos la atención que requieren los menores y las que conocemos la situación de saturación en la que se encuentran los centros que son, en muchos casos, muy complicadas, debido situaciones heredadas de otros gobiernos, como sucede en la administración valenciana”, ha reiterado.
Protocolo de prevención de trata de personas
Por otra parte, la titular de Servicios Sociales ha planteado en la reunión las líneas estratégicas en materia de infancia y adolescencia, entre ellas, la conveniencia de crear un equipo de coordinación estatal sobre trata de mujeres menores de edad y prostitución, así como un protocolo de actuación para las comunidades autónomas, con el objetivo de prevenir la trata de personas con fines de explotación sexual, laboral, delincuencia y mendicidad, con especial atención al colectivo de la infancia y la adolescencia.
“Se trata de una iniciativa novedosa con la que se pretende una identificación de casos de esta tipología y una actuación rápida por parte de las administraciones para que las personas que se encuentran en esta situación puedan salir y recibir los recursos necesarios”, ha explicado Susana Camarero.
Asimismo, frente a la propuesta del Ministerio de Infancia de desinstitucionalización de los menores, la vicepresidenta segunda y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda ha instado al Gobierno central “a fomentar las campañas dirigidas a atraer familias de acogida, que son imprescindibles para que los más pequeños no tengan que permanecer en centros. También ha solicitado la reactivación de la Garantía Juvenil Europea, así como colaboración económica para la puesta en marcha del proyecto Barnahus”.
Durante la Conferencia Sectorial se han tratado también las modificaciones realizadas con respecto a la distribución territorial de fondos para el programa de Competencias Digitales para la Infancia, conocido como CODI, y que atiende a la formación en competencias digitales para niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.
Por último, la vicepresidenta segunda y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda ha insistido en “la necesidad de mejorar la coordinación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas y trabajar de la mano en estos asuntos“.
