El abogado José Luis Vera ha vuelto a declarar este miércoles ante el Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia, que investiga la macrocausa de corrupción del caso Azud, y ha negado haber cobrado dinero en negro o mantenido vínculos con el PSPV-PSOE, según fuentes conocedoras de su comparecencia.
Esta nueva declaración ha puesto punto final a una instrucción que ha durado nueve años y en la que se ha procesado a 38 investigados por diferentes piezas relacionadas con presunta corrupción urbanística y contratos con administraciones públicas de la Comunitat Valenciana.
Vera figura en el auto de procesamiento como presunto autor de delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad documental. Él mismo pidió volver a declarar en esta fase final de la investigación y ha comparecido ahora, en una sesión en la que la Fiscalía no le ha formulado ninguna pregunta.
El letrado ha sido señalado en la causa como uno de los supuestos conseguidores en instituciones gobernadas por el PSOE e intermediario para captar recursos hídricos de la empresa estatal Acuamed destinados al PAI de El Espartal, en Xixona. Sin embargo, ha rechazado esa acusación y ha sostenido que tanto ese PAI como el de Benicàssim se los ‘cargaron’ los socialistas, siempre según las mismas fuentes.
Ha explicado también que conoció al empresario Jaime Febrer, considerado el ‘pagador’ de la trama y ejecutor de varias operaciones urbanísticas investigadas, durante el trámite de unas expropiaciones. A partir de ese momento, ha añadido, Febrer le contrató para elaborar informes y otros trabajos profesionales por los que cobró sus honorarios.
Vera ha insistido en que esos pagos nunca se han realizado en negro y que todos los cobros se han efectuado por vías oficiales. Ha señalado además que dispone de un informe pericial que concluye que todo el dinero ingresado en sus cuentas se ha destinado a gastos justificados.
Qué queda ahora del caso Azud
Tras esta comparecencia, el Juzgado de Instrucción número 13 deberá resolver los recursos presentados contra el auto de procesamiento dictado en la causa. Una vez el juzgado resuelva estos recursos, se abrirá el trámite para que las partes presenten sus escritos de acusación y defensa, paso previo a la eventual apertura de juicio oral.
La investigación del caso Azud ha abarcado operaciones ligadas a contratos de servicios con el Ayuntamiento de València, así como movimientos urbanísticos en otras localidades de la Comunitat Valenciana. La causa se ha centrado en presuntos pagos ilícitos y comisiones vinculadas a adjudicaciones públicas y desarrollos urbanísticos.
Entre los 38 procesados figuran dirigentes políticos de PP y PSOE. Destacan, entre otros, el que fue teniente de alcalde en el equipo de gobierno de Rita Barberá, Alfonso Grau, y el cuñado de la exalcaldesa, el abogado José Corbín, a quienes se acusa de haber cobrado comisiones ilícitas.
También están encausados el exportavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de València y ex subdelegado del Gobierno, Rafael Rubio, una exalcaldesa de Xixona, además de varios funcionarios, empresarios y abogados que habrían participado presuntamente en las distintas operaciones urbanísticas y contractuales objeto de la investigación.
