Compromís ha presentado una denuncia ante el Tribunal de Cuentas para que se investigue la financiación que considera ilegal de 72,6 millones de euros concedidos por la Conselleria de Educación a varios colegios concertados vinculados al Opus Dei que mantienen la segregación del alumnado por sexo, una práctica que la coalición sostiene que vulnera tanto la ley educativa estatal como la normativa autonómica vigente.
Los representantes de Compromís han explicado que estos centros siguen funcionando con un modelo educativo en el que niños y niñas estudian separados, pese a que esta forma de organización está expresamente prohibida para acceder y mantener conciertos financiados con dinero público. A su juicio, la Conselleria ha permitido que estos colegios continúen recibiendo fondos, consolidando año tras año una situación que consideran contraria a derecho y contraria al principio de igualdad de oportunidades en la escuela.
Segundo paso judicial de Compromís
Según ha detallado la coalición, este movimiento ante el Tribunal de Cuentas supone el segundo paso judicial que impulsan en este conflicto. En una primera fase, Compromís había presentado un requerimiento prejudicial ante la propia Conselleria de Educación para que retirara los conciertos educativos a estos centros por incumplir la normativa. Con ese requerimiento intentaban que la administración actuara por sí misma y revisara de oficio los acuerdos de financiación.
Ante la ausencia de respuesta del gobierno autonómico, la formación ha decidido acudir al Tribunal de Cuentas por un posible perjuicio a los fondos públicos. Compromís considera que la falta de reacción del ejecutivo de Pérez Llorca demuestra que el gobierno del PP no ha mostrado interés en revisar ni corregir una situación de financiación que la coalición califica de claramente contraria a la ley y perjudicial para la educación pública.
La denuncia registrada sostiene que la Conselleria de Educación debe exigir el retorno de las cantidades abonadas a los colegios Altozano, Aitana, Vilavella, El Vedat, Guadalaviar, Torrenova y Miralvent. Estos centros habrían sido beneficiarios de conciertos educativos pese a mantener un modelo de segregación por sexo, lo que, según Compromís, incumple los requisitos para acceder y renovar estas ayudas públicas.
Desde la coalición se considera especialmente grave que, mientras se aplican recortes y se reducen recursos en la red pública, la administración educativa mantenga el flujo de millones de euros hacia colegios privados concertados que, según denuncian, no respetan la legalidad exigida para recibir financiación. Para Compromís, esta decisión política supone una doble injusticia: por un lado, hacia el alumnado que estudia en centros segregados, y por otro, hacia las familias que dependen de la escuela pública y ven limitados los medios destinados a sus hijos.
En la denuncia ante el Tribunal de Cuentas, Compromís solicita que se esclarezca si ha existido un daño para el erario público vinculado a estos conciertos, que se depuren responsabilidades entre los titulares de los centros y entre los responsables políticos y administrativos que autorizaron o prorrogaron los conciertos, y que se obligue a restituir toda la cantidad de dinero público que se haya ejecutado de manera indebida. La formación defiende que, si se confirma el incumplimiento de la ley, no solo debe cesar la financiación, sino también recuperarse lo ya pagado.
El caso concreto de El Vedat y la investigación penal
Además, la coalición ha puesto el foco en el caso concreto del colegio El Vedat. Han recordado que la Audiencia Provincial de València ha ordenado reabrir la causa relativa a este centro al apreciar indicios claros de delito por presuntos abusos sexuales a 11 menores de entre 7 y 11 años. Para Compromís, el hecho de que este colegio esté bajo investigación penal agrava todavía más la decisión de seguir concediéndole conciertos educativos.
En este contexto, la formación ha criticado con dureza el papel de la consellera de Educación, Carmen Ortí. Recuerdan que, antes de asumir el cargo, era inspectora de los centros concertados en la comarca de lHorta Sud, donde se ubica El Vedat, y consideran inverosímil que desconociera lo que estaba ocurriendo en el colegio. Según Compromís, resulta intolerable que ahora intente presentarse como ajena a los hechos cuando supervisaba directamente estos centros.
La coalición subraya que solo el colegio El Vedat recibirá más de 16 millones de euros de fondos públicos pese a ser un centro totalmente segregado por sexo. A ello añaden que Ortí era la máxima responsable de la inspección educativa en la zona y que, lejos de actuar para frenar los conciertos que consideran ilegales, dirigió y supervisó toda la tramitación que permitió renovar la financiación pública a esta red de colegios vinculados al Opus Dei. Con la denuncia ante el Tribunal de Cuentas, Compromís busca que se clarifique si estas decisiones vulneraron la normativa y supusieron un uso indebido del dinero destinado a la educación.
