La Audiencia de Alicante ha condenado a once meses de prisión al exdiputado provincial del PP y exconcejal de Calpe, Juan Roselló, por su responsabilidad en los sobrecostes de un millón de euros detectados en las obras de renovación de la red hidráulica de este municipio de la Marina Alta, adjudicadas en 2004 a la empresa mixta Aguas de Calpe.
La sentencia, dictada por la Sección Segunda, ha considerado a Roselló autor de un delito de prevaricación en concurso con otro de fraude a la Administración. El tribunal ha estimado probado que los trabajos se acabaron contratando con la empresa cuyo administrador único era su cuñado, Francisco Artacho, condenado también a once meses de cárcel, en su caso solo por el delito de fraude a la administración.
Según el fallo, Roselló suscribió ‘el contrato de ejecución de obra de manera directa a sabiendas de las características’ de la empresa subcontratada ‘y de la existencia de sobreprecio, evidenciando una patente, flagrante y clamorosa ilegalidad‘. Para los magistrados, esa actuación ha vulnerado de forma grave los principios que rigen la contratación pública.
Más condenas e indemnización al Ayuntamiento de Calpe
El tribunal ha extendido la condena por fraude a la administración a un directivo de Aguas de Calpe y a otro de Aguas de Valencia, al considerar acreditado que conocían tanto el sobrecoste como la falta de medios técnicos de la empresa subcontratada. Además, ha impuesto siete meses de prisión al administrador único de Obras Hidráulicas de Levante (OHL), la mercantil que recibió el encargo final de las obras.
En total, cinco personas han resultado condenadas en esta causa y deberán indemnizar ‘conjunta y solidariamente’ al Ayuntamiento de Calpe con 430.000 euros. Esa cantidad representa el 40 % de las pérdidas sufridas por la empresa mixta Aguas de Calpe, participada por el propio consistorio, a raíz de la operación.
El tribunal, sin embargo, ha absuelto a estos cinco condenados del delito continuado de estafa que también se les atribuía inicialmente. Además, ha exonerado por completo a otros dos encausados al no apreciar responsabilidad penal en su actuación, según recoge la resolución.
Dilaciones indebidas tras 20 años de causa
La Sala ha aplicado la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, ya que la causa comenzó a instruirse en 2005 y no ha llegado a juicio hasta 2025, veinte años después. Esta circunstancia ha permitido rebajar las penas de prisión solicitadas en su día por las acusaciones.
La resolución explica que el Ayuntamiento de Calpe adjudicó en su día a Aguas de Calpe la renovación de la red de abastecimiento, dividida en cinco proyectos, por 4,7 millones de euros sin impuestos. Ese importe se financiaría repercutiéndolo a los vecinos en los recibos del suministro de agua, una práctica habitual en este tipo de inversiones municipales.
Según la sentencia, esa adjudicación inicial a Aguas de Calpe ‘fue correcta’ y no constituyó ‘un artificio de los acusados’, sino la ejecución de ‘un acuerdo del pleno municipal de Calpe’. El problema, según el tribunal, se produjo en la fase posterior de subcontratación de los trabajos.
En este punto, el fallo detalla que Aguas de Calpe subcontrató el proyecto con Obras Hidráulicas de Levante (OHL), empresa en la que el cuñado de Roselló figuraba como administrador único y que, de origen, se había dedicado al buzoneo y a la distribución de publicidad, sin experiencia acreditada en grandes obras hidráulicas.
La sentencia sostiene que esa subcontratación se realizó ‘atendiendo a la relación de parentesco’ entre Roselló y su cuñado. Además, indica que los implicados eran conocedores de que el importe del encargo era superior al coste real de las obras, extremo que quedaba reflejado en un informe pericial elaborado por la Universidad Politécnica de Valencia (UPV).
Ese informe pericial, según recuerda el tribunal, señalaba también que el proyecto no llegó a ejecutarse en su totalidad, pese a los importes facturados. Para la Sección Segunda, en esa subcontratación ‘directa’ se urdió ‘una trama‘ que impidió que otras empresas pudieran competir por la obra ‘con objeto de apoderarse del sobreprecio existente’.
Los magistrados subrayan que los directivos de Aguas de Calpe y de Aguas de Valencia conocían tanto el sobrecoste de los trabajos como la incapacidad técnica de OHL para llevarlos a cabo. Pese a ello, permitieron que el contrato siguiera adelante, lo que ha motivado su condena por fraude a la administración.
La sentencia no es firme y puede recurrirse en casación ante el Tribunal Supremo (TS) en el plazo de cinco días desde su notificación. Hasta que exista una resolución definitiva, las penas impuestas no serán firmes y podrían ser modificadas o anuladas por el alto tribunal.
