Las sucesivas alertas meteorológicas por lluvias intensas en la provincia de Castellón han generado un coste económico creciente para empresas, comercios y servicios, según ha advertido el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) en Castellón, Luis Martí. El dirigente empresarial ha señalado que el impacto de estos episodios se ha hecho especialmente visible desde este jueves, cuando la alerta roja ha obligado a cerrar numerosas actividades en las zonas más afectadas.
Martí ha explicado que las empresas han tenido que interrumpir su actividad ante el nivel máximo de aviso por lluvias. Esto ha supuesto el cierre de comercios, oficinas y otros servicios, con la consiguiente pérdida de facturación y la alteración de la organización laboral. Según ha resaltado, la reiteración de estos episodios empieza a tensionar la planificación de muchas compañías de la provincia.
‘Es un coste que empieza a ser muy alto por la recurrencia en la declaración de estas alertas meteorológicas’, ha afirmado el presidente de la CEV en Castellón. Ha insistido en que la frecuencia de las alarmas por fenómenos adversos obliga a las empresas a parar su actividad de forma repetida en periodos muy cortos de tiempo.
Negociación sobre el reparto de los costes
Ante esta situación, Martí ha defendido la necesidad de abrir un debate específico una vez concluya el actual episodio de lluvias. A su juicio, resulta imprescindible analizar con detalle el impacto económico de estas alertas sobre el tejido productivo de Castellón y sobre el empleo asociado.
‘Yo creo que una vez pasada esta alerta esto requeriría una negociación entre los trabajadores, entre los empresarios y el Gobierno para ver estos costes económicos, que cada vez son más importantes, cómo se reparten de una forma equitativa que no perjudiquen la productividad de las empresas’, ha subrayado.
El responsable de la CEV en Castellón ha planteado que esta negociación debería aclarar quién asume los salarios y los gastos fijos en jornadas en las que la actividad se detiene por motivos de seguridad. También ha apuntado que el debate tendría que abordar cómo se compensa la pérdida de ingresos y qué margen de flexibilidad tienen tanto empresas como trabajadores en estas circunstancias.
Martí ha recordado que no se trata de episodios aislados, sino de una dinámica que se ha repetido en varias ocasiones recientes. En su opinión, esta recurrencia obliga a plantear soluciones estables que aporten certidumbre a empresarios y empleados, especialmente en sectores con más exposición a las inclemencias del tiempo.
El presidente de la patronal provincial ya ha reclamado en anteriores ocasiones un marco regulador específico que clarifique cómo deben actuar empresas y trabajadores ante situaciones de emergencia y alertas meteorológicas. Ha defendido que una regulación clara facilitaría la toma de decisiones cuando se activen niveles de alerta como la roja y reduciría la incertidumbre jurídica y económica para todas las partes implicadas.
Según ha expuesto, disponer de reglas definidas permitiría anticipar protocolos de actuación, organizar mejor los turnos y valorar con más precisión los efectos de cada cierre preventivo. De este modo, se podrían minimizar tanto los riesgos para la seguridad de las personas como el daño sobre la productividad y la competitividad de las empresas de Castellón y, por extensión, del conjunto de la Comunitat Valenciana.
