El final de la legislatura ha dejado sin conclusiones los meses de trabajo de las dos comisiones parlamentarias sobre la DANA de 2024 en la Comunidad Valenciana, tanto en el Congreso como en el Senado, pese a las numerosas sesiones con relatos contradictorios, fuerte polarización política y el testimonio directo de víctimas de la riada que causó 233 muertos.
Diputados y senadores que han participado en estos trabajos consideran que, en líneas generales, las comparecencias han sido útiles. Según trasladan, el volumen de declaraciones ha permitido ordenar la secuencia de lo ocurrido durante la inundación, cuyo segundo aniversario se cumple el 29 de octubre, aunque no se hayan aprobado conclusiones formales.
Desde noviembre de 2025 han desfilado por la comisión del Congreso responsables políticos y técnicos clave. Entre ellos, el expresident valenciano Carlos Mazón, la exconsellera de Justicia Salomé Pradas o la exjefa de Meteorología del canal À Pùnt, Victoria Rosselló. Alguno de los citados se ha negado a responder, pero la mayoría ha aportado su versión sobre cómo se desarrolló la jornada de la catástrofe, con la intención de aclarar qué falló.
La Generalitat, en el centro del debate
El diputado Alejandro Soler (PSOE) sostiene que las sesiones han servido para ‘aclarar cuestiones fundamentales‘, entre ellas ‘que la legislación confería claramente a la Generalitat Valenciana la competencia para coordinar y dirigir la tragedia’. A su juicio, también ha quedado demostrado que ‘hubo información de sobra para poder prever que se avecinaba una gran emergencia climática’.
El socialista afirma que ‘ha quedado claro que la Generalitat reaccionó tarde y reaccionó mal‘ y que las intervenciones de Mazón, Pradas o de la exdelegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé, han evidenciado que el Ejecutivo autonómico ‘no estuvo a la altura de las circunstancias y no actuó con celeridad’.
Desde el Partido Popular, el portavoz en el Congreso, César Sánchez, subraya que la comisión no comenzó sus trabajos ‘hasta casi un año después de la tragedia del 29 de octubre de 2024’. Asegura que ‘los partidos del Gobierno y sus socios’ la han convertido ‘en un instrumento partidista’.
‘El PSOE y sus socios convirtieron una investigación parlamentaria en un juicio paralelo, sin transparencia, sin rendición de cuentas por parte del Gobierno de Sánchez y sin atender las necesidades de las zonas afectadas por la dana’, sostiene Sánchez.
Por parte de EH Bildu, Mikel Otero indica que, desde el inicio, se percibió que algunos comparecientes ‘intentaban hacer un relato que no era’. Considera, sin embargo, que uno de los elementos más ‘útiles’ ha sido la visibilidad otorgada a las víctimas, que han podido exponer directamente su experiencia.
Según Otero, todo este trabajo ha permitido ‘desmontar la principal teoría del Gobierno valenciano, que aseguraba que se tomaron las decisiones correctas teniendo en cuenta la información que había’. En su opinión, declaraciones como las de la actual secretaria general de Protección Civil, Virginia Barcones, ‘dejaron en evidencia el relato de que faltaba información’. Añade que, ‘a medida que se descomponía la tesis principal, aparecían contradiccionelas’ sobre la interpretación de los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Altavoz de las víctimas y temas pendientes
Nahuel González (Sumar) destaca que esta ha sido ‘la única donde se ha podido escuchar en primer lugar a las víctimas de la dana, que cambiaron para siempre la historia del pueblo valenciano’. Valora que esa prioridad a los afectados ha marcado la diferencia respecto a otras investigaciones.
González recuerda que ‘fue la primera en citar a (el expresident, Carlos) Mazón, el máximo responsable del Cecopi y de la emergencia y, solo por esto, ha valido la pena’. A su juicio, las sesiones han dejado claro que existía ‘información suficiente para entender la emergencia y que el Gobierno valenciano tuvo una dejación de funciones y una irresponsabilidad que roza la negligencia’.
Tanto González como Soler coinciden en que el cierre anticipado de la legislatura ha dejado asuntos sin tratar en profundidad. Señalan, en particular, que no se ha llegado a analizar la ‘fase de la reconstrucción‘ ni se ha escuchado a todos los actores clave.
Entre las ausencias más citadas figuran ministros del Gobierno central y alcaldes de municipios afectados por la DANA. Para estos parlamentarios, su comparecencia habría permitido completar la visión sobre la gestión posterior a la catástrofe y la atención a los damnificados.
La comisión paralela del Senado
Las fuertes discrepancias políticas se han repetido en la comisión ‘gemela’ creada en el Senado, que ha celebrado sesiones desde marzo de 2025. Allí, el debate también se ha centrado en el reparto de responsabilidades por la gestión previa y posterior a las inundaciones.
En una de estas sesiones, el senador del PP Luis Javier Santamaría llegó a hacer ‘responsable políticamente hablando’ al presidente de la Confederación Hidrográfica de Júcar (CHJ), Miguel Polo, de las muertes registradas en barranco del Poyo. Sus palabras ejemplifican la dureza del tono utilizado en la Cámara Alta.
Desde Vox, el senador Fernando Carbonell reclamó a la actual ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, que ‘aportara soluciones concretas‘ para evitar nuevas tragedias como la vivida en la Comunidad Valenciana. Con ello, apuntó a la necesidad de medidas preventivas y de planificación del territorio.
Rocío Briones (PSOE) considera que la comisión del Senado ha esclarecido ‘poco’. Opina que el PP, con mayoría absoluta en la Cámara Alta, la convocó ‘no para saber la verdad, sino para sacudirse la responsabilidad, desgastar al Gobierno y contraprogramar a la comisión creada en el Congreso’.
Desde ERC mantienen que el PP ha utilizado su mayoría en el Senado para ‘intentar repartir responsabilidades y construir un relato sobre lo ocurrido con la dana que no se corresponde con la realidad’. Con el cierre de la legislatura, ese relato queda ahora sin un dictamen final aprobado y las víctimas siguen sin un documento oficial que resuma las conclusiones del Parlamento sobre la tragedia que golpeó a la Comunidad Valenciana en 2024.
