La Guardia Civil ha detenido a 27 personas en Cantabria y Valencia acusadas de traer a mujeres extranjeras engañadas a España y obligarlas a prostituirse en pisos ocupados, en condiciones insalubres, que además alquilaban a terceras personas, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad.
La llamada operación ‘Pucero’ ha permitido arrestar a 20 hombres y 7 mujeres. La investigación ha comenzado cuando agentes de la Guardia Civil de Cantabria han detectado la presencia de cuatro mujeres de otros países que podían estar siendo explotadas sexualmente en varias localidades cántabras, entre ellas Santander y Laredo.
Según la investigación, los detenidos formaban parte de un grupo criminal. Este grupo se dedicaba a ocupar viviendas, en ocasiones por encargo, y también al tráfico de drogas. La explotación sexual y la ocupación de inmuebles se combinaban con una actividad continuada de distribución de estupefacientes.
Las cuatro mujeres víctimas de explotación sexual han sido localizadas por la Guardia Civil en un club del municipio de Argoños, donde habían sido trasladadas bajo amenazas. La localización de estas víctimas ha resultado clave para reconstruir el funcionamiento de la red y su alcance territorial.
Condiciones insalubres y sin higiene
La Guardia Civil ha detallado que el club ‘se encontraba en condiciones deplorables e insalubres, no contaba con los suministros necesarios y las mujeres vivían sin una higiene básica, entre roedores y entre excrementos de animales y personas’. Estas circunstancias han evidenciado la gravedad de la situación de las víctimas y el desprecio del grupo por su salud.
Las cuatro mujeres habían llegado a España desde pequeñas poblaciones de su país de origen, del que la Guardia Civil no informa para proteger a las víctimas. Un supuesto empresario les había ofrecido venir a España para mejorar su vida, con trabajo y vivienda tanto para ellas como para sus familias.
Este supuesto empresario organizó un viaje complejo desde sus países de origen, vía Dubai, París y Barcelona. El itinerario ha mostrado una planificación previa y una infraestructura suficiente para mover a las víctimas a través de varios países hasta su destino final en Cantabria.
Además de obligar a las mujeres a prostituirse, el grupo criminal se dedicaba al tráfico de drogas. Adquiría importantes cantidades de estupefacientes en Valencia y en la costa levantina, que posteriormente distribuía por diferentes puntos de Cantabria.
Para estos desplazamientos, utilizaba vehículos alquilados a nombre de terceras personas. También empleaba turismos lanzadera como medida de seguridad, con el fin de detectar posibles controles policiales y reducir el riesgo de interceptación de la droga.
Ocupación de casas y alquiler a personas vulnerables
Las casas eran ocupadas por la banda en varias localidades de Cantabria. En algunas de estas viviendas, el grupo alquilaba habitaciones a otras personas, en muchos casos extranjeras o especialmente vulnerables, que se convertían en una fuente adicional de ingresos.
La Guardia Civil no descarta que esta situación se haya producido en hasta 30 viviendas. Además, los investigadores consideran que la organización podría haber realizado gestiones para empadronar a los ocupantes y, a través de ellos, lograr ayudas públicas que reforzasen sus beneficios ilícitos.
Cinco de los 27 detenidos han ingresado en prisión. A todos ellos se les relaciona con delitos de tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual, tráfico de drogas, usurpación de inmuebles, falsedad documental y defraudación de servicios.
La Guardia Civil ha registrado doce viviendas en Santander y en los municipios cántabros de Cicero, Argoños, Colindres, Laredo, Santoña y Arnuero, además de un registro en Chiva, en la provincia de Valencia. Estos registros han permitido intervenir bienes y pruebas relacionados con la explotación sexual, la ocupación de viviendas y el tráfico de drogas.
En la operación se han intervenido 30.000 euros en efectivo, 24 kilogramos de cogollos de marihuana procedente de una plantación ‘indoor’, casi un kilo de cocaína y unos 100 gramos de hachís. También se han incautado básculas, una pistola simulada, joyas y diversa documentación.
Los agentes han desmantelado además una sofisticada instalación destinada al cultivo de marihuana. Esta instalación contaba con paneles solares para la obtención de energía, lo que permitía mantener la plantación activa reduciendo el consumo eléctrico visible y tratando de eludir su detección.
En la operación han participado efectivos de la Guardia Civil de Cantabria, León, Asturias, Bilbao, Guipúzcoa y Valencia. La coordinación entre unidades de diferentes provincias ha resultado fundamental para actuar de forma simultánea contra el grupo criminal y evitar fugas o la destrucción de pruebas.
