Compromís ha denunciado que 787 familias con informe de vulnerabilidad de los Centros Municipales de Servicios Sociales han tenido una orden de desahucio en València en solo un año, según una respuesta del propio Ayuntamiento al grupo municipal valencianista. La formación ha advertido de que la cifra real podría ser mayor porque muchas personas en situación límite no llegan a solicitar ese informe.
La concejala de Compromís en el Ayuntamiento de València, Lucía Beamud, ha explicado que estas 787 familias cuentan con un informe que acredita su vulnerabilidad social. Es decir, servicios sociales ya ha reconocido su situación de riesgo cuando reciben la orden de desahucio. Según ha indicado, se trata de datos referidos únicamente a expedientes con intervención de los Centros Municipales de Servicios Sociales.
Beamud ha subrayado que estas cifras no incluyen a todas las personas que finalmente han sido desahuciadas sin haber pedido formalmente ayuda a servicios sociales. A su juicio, muchas no lo hacen por miedo o por desconocimiento. En este sentido, ha señalado que hay familias que no solicitan el informe de vulnerabilidad por temor a posibles represalias por su situación administrativa irregular o por falta de información sobre los recursos disponibles.
Contexto de pobreza y riesgo social
Para la edil de Compromís, esta cifra de 787 familias es una muestra del alcance de la crisis de vivienda y de la precariedad económica. Beamud ha considerado que se trata de una cantidad inasumible para una ciudad como València y la ha calificado de cifra inhumana. Según ha defendido, estos datos encajan con las conclusiones del informe AROPE de la Red Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado español.
La concejala ha recordado que, según ese informe, el territorio valenciano figura como la quinta autonomía con más riesgo de vulnerabilidad de todo el Estado. El documento sitúa en el 30,7 % el porcentaje de población en riesgo, lo que supone más de 1,4 millones de personas. Además, siempre según ese informe, la Comunitat Valenciana es la que presenta peores resultados en pobreza severa y desigualdad.
Beamud ha apuntado que el precio de la vivienda es uno de los factores que más empuja a estas familias hacia la pobreza. Ha recalcado que muchas personas con trabajo no pueden mantener su casa cuando el alquiler o la hipoteca suben por encima de sus ingresos. En su opinión, esta realidad se refleja de forma clara en el número de familias que terminan con una orden de desahucio pese a tener un informe de vulnerabilidad.
Críticas a la gestión del Ayuntamiento de València
Compromís ha acusado al gobierno municipal de València de no ofrecer alternativas habitacionales efectivas a las familias que pierden su vivienda. Beamud ha afirmado que, en el caso de la ciudad, el Ayuntamiento no pone a disposición de estos hogares una solución residencial cuando llega la orden de lanzamiento judicial.
Según la edil, cuando una familia recibe la orden de desahucio, el gobierno municipal que encabeza María José Catalá la deja sola frente al problema. Beamud ha asegurado que muchas de estas personas acaban viviendo en la calle, en asentamientos informales o en viviendas muy precarias. Ha citado como ejemplo el asentamiento ubicado en la antigua zona de la Fórmula 1, donde se han instalado familias sin otra opción.
La concejala ha recalcado que, en muchos casos, se trata de familias trabajadoras que no pueden asumir el coste de la vivienda. Ha denunciado que algunas sufren situaciones que ha definido como usura en el acceso al alquiler o al crédito. A su juicio, la combinación de sueldos bajos, contratos inestables y precios al alza deja a numerosos hogares al borde del desahucio.
Beamud también ha criticado las decisiones políticas del actual equipo de gobierno respecto al mercado de la vivienda en València. Ha lamentado que, según afirma, la alcaldesa haya cerrado la puerta a herramientas que puedan frenar la subida de precios. En palabras de la edil, María José Catalá ha rechazado medidas para contener los incrementos en los alquileres y para reforzar la protección a las familias en riesgo. Beamud ha advertido de que, de esta forma, en lugar de frenar el problema de los desahucios, se alimenta.
El cierre de la Oficina por el Derecho a la Vivienda
La concejala de Compromís ha recordado que, hace un año, el gobierno municipal decidió cerrar la Oficina por el Derecho a la Vivienda impulsada durante el mandato de Joan Ribó. Según ha explicado, este servicio municipal contaba entonces con cientos de expedientes abiertos relacionados con familias amenazadas de desahucio.
Beamud ha descrito esta oficina como la única puerta a la que muchas familias podían llamar cuando se enfrentaban a la pérdida de su vivienda. Allí, ha dicho, recibían asesoramiento jurídico básico, acompañamiento en el proceso y orientación sobre posibles soluciones. La concejala ha criticado que la alcaldesa decidiera suprimir el recurso de un día para otro, sin ofrecer un servicio equivalente.
La edil ha advertido de que, tras ese cierre, las familias que tenían expedientes en marcha se han quedado sin apoyo específico. Según ha señalado, estas personas se han visto obligadas a afrontar solas negociaciones con bancos, propietarios o juzgados. Compromís considera que esta decisión ha agravado la sensación de desamparo de los hogares más frágiles frente a un posible desahucio.
A partir de estos datos y críticas, la formación valencianista ha reclamado un cambio de rumbo en las políticas municipales de vivienda. Beamud ha defendido que el Ayuntamiento debe reforzar la prevención de los desahucios, reabrir canales de asesoramiento y aumentar las alternativas habitacionales para las familias vulnerables en València.
