Compromís y el PSPV de València han reclamado que no se ejecute el desalojo previsto para este jueves en el antiguo circuito de Fórmula 1 hasta que las entre 800 y 1.000 personas que residen en el asentamiento dispongan de una alternativa social y habitacional digna y se respeten plenamente sus garantías judiciales.
La candidata de Compromís a la Alcaldía de València, Mónica Oltra, y el portavoz del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento, Borja Sanjuan, han participado en un acto de apoyo a la Plataforma de la Solidaridad. El objetivo ha sido visibilizar la situación del asentamiento, ubicado entre el puerto y la Ciudad de las Artes y las Ciencias, y alertar de la posibilidad de un desalojo inminente.
Oltra ha explicado que en la zona viven menores y personas mayores de 70 años. Ha denunciado que no son objeto de intervención social estable y que carecen de depósitos de agua, pese a las olas de calor registradas este verano.
Según ha subrayado, ‘aquí viven cerca de mil personas en condiciones infrahumanas, y no en unas condiciones que habrían de exigirse en un país democrático y avanzado y en cuanto al cumplimiento de los derechos humanos’. Con estas palabras ha querido remarcar que el asentamiento refleja una situación de vulnerabilidad extrema.
El grupo municipal socialista ha anunciado además la presentación de una moción para pedir que se paralice el Plan de Actuación Integrada (PAI) previsto en la zona. Reclaman que el Ayuntamiento de València no continúe con ese desarrollo urbanístico hasta que ofrezca una alternativa social efectiva a todas las personas que residen actualmente en el asentamiento.
Modelo de ciudad y crítica al PAI
Tanto Mónica Oltra como el concejal socialista Borja Sanjuan han acudido al lugar tras ‘un soplo de que se iba a producir un desalojo’. Finalmente no se ha ejecutado, pero, según ha relatado Oltra, lo que sí se ha producido ha sido ‘la solidaridad ciudadana’ con las familias que viven allí.
Oltra ha vinculado la situación con decisiones urbanísticas del pasado y del presente. Ha asegurado que el drama social del asentamiento refleja ‘el modelo de ciudad de Camps y Barberá‘. Ha añadido que ‘este es el resultado de un modelo de ciudad que solo atiende a la especulación y a los intereses de los más ricos y que deja abandonada a su suerte a la gente que habita la ciudad’.
La candidata de Compromís ha incluido en sus críticas a la actual alcaldesa, María José Catalá, del PP. Ha lamentado ‘un modelo de ciudad que no cuida a la gente’ y que, a su juicio, se debe ‘erradicar’. Ha afirmado además que es el mismo modelo que atribuye a ‘Ayuso-Almeida’.
Oltra ha reclamado una solución habitacional digna para todas las personas afectadas. Ha destacado que algunas trabajan y, sin embargo, al terminar su jornada han de regresar a sus chabolas porque las políticas de alquiler y vivienda ‘están orientadas a que algunos ganen mucho dinero’.
La dirigente de Compromís ha apuntado que, según el proyecto del PAI, la vivienda más barata rondará los 320.000 euros. Ha defendido que esa cifra resulta inasumible para una persona que cobra el salario mínimo interprofesional y ha advertido de que, sin medidas públicas, esas familias no podrán acceder nunca a ese mercado.
En este contexto, Oltra ha criticado que el PP y Vox no estén aplicando la ley de vivienda de 2023. Ha sostenido que la promoción del PAI provocará que ‘las viviendas se las queden fondos de inversión extranjeros y personas ricas’, lo que, en su opinión, expulsará aún más a los vecinos con menos recursos de esa parte de la ciudad.
Proceso garantista y derechos de los residentes
El concejal socialista Borja Sanjuan ha insistido en la necesidad de respetar las garantías judiciales de cualquier persona que resida en València, con independencia de su situación administrativa o del lugar donde viva. Ha denunciado que el Ayuntamiento establece una diferencia entre ‘personas, y personas sin hogar’, una distinción que considera discriminatoria.
En relación con el PAI, Sanjuan ha lamentado que se ‘allane el camino a un pelotazo urbanístico e inmobiliario de 400 millones de euros’. Ha reclamado al consistorio que priorice el cuidado de las personas que viven en la ciudad antes que los intereses especulativos ligados a grandes operaciones urbanísticas.
Una portavoz de la Plataforma en Solidaridad con los residentes en el antiguo circuito, Ana Isabel Martínez, ha detallado la dimensión del asentamiento. Se trata de una extensión de 24 hectáreas donde se han levantado unas 400 chabolas y viven alrededor de 800 personas.
Martínez ha señalado que entre los residentes hay familias con menores y personas que ya han sufrido desalojos anteriores. Ha precisado que son ‘muchas españolas’ y también personas que están trabajando pero se han visto obligadas a elegir entre ‘pagar techo o comida’ debido a la subida del coste de la vivienda y de los suministros básicos.
La portavoz ha defendido que, si finalmente se produce el desalojo, debe hacerse con plenas garantías para estos perfiles vulnerables. Ha exigido que la actuación se lleve a cabo bajo tutelaje judicial y que se elabore un plan de choque de intervención social. Ese plan debería estudiar caso por caso la situación de cada familia para garantizar sus derechos y evitar que queden sin alternativa habitacional ni apoyo institucional.
