La fiscal delegada para delitos de odio y discriminación de Valencia, Susana Gisbert, ha ratificado ante el Tribunal Supremo su denuncia contra el eurodiputado Luis Pérez Fernández, conocido como Alvise, por varias publicaciones en Telegram que han desencadenado múltiples mensajes amenazantes dirigidos a ella y a su hija en redes sociales.
Gisbert ha comparecido este lunes como testigo ante el magistrado del Supremo Eduardo de Porres, que investiga al eurodiputado por presuntos delitos de acoso, provocación a cometer un delito de atentado contra la autoridad o funcionario público, coacciones y/u odio a través de redes sociales.
Fuentes jurídicas han explicado que la fiscal ha confirmado íntegramente el relato que ya recogió en la denuncia que presentó en un juzgado de instrucción. Esa denuncia ha dado lugar a esta causa en el Tribunal Supremo, que se suma a otras cinco investigaciones abiertas contra Alvise en la misma instancia.
Impacto en la vida personal y profesional de la fiscal
Durante su declaración, Susana Gisbert ha detallado que las publicaciones atribuidas a Alvise, difundidas en los meses de enero y febrero de 2024, han derivado en una oleada de mensajes dirigidos tanto contra ella como contra su hija en distintas redes sociales.
Según las mismas fuentes, la fiscal ha señalado que esa campaña de mensajes ha trastocado de forma notable su vida profesional y personal. El acoso ha tenido un efecto directo en su día a día, al extenderse también al entorno familiar a través de la exposición pública del perfil de su hija.
En el canal de Telegram que gestionaba entonces Alvise, con más de 40.000 seguidores, el eurodiputado se refirió a los fiscales especializados en delitos de odio como responsables de una supuesta persecución ideológica. Además, les atribuyó la intención de multar e intentar encarcelar a quienes hablan de ‘invasión’ migratoria.
En ese contexto, Alvise instó a sus seguidores a buscar la identidad de estos fiscales y difundió la imagen de Susana Gisbert. En el mensaje la acusó de pedir penas de prisión y multas por mensajes relacionados con la migración.
Tras la publicación, alrededor de 1.500 seguidores reaccionaron en el canal con insultos y expresiones de voluntad de perseguir o agredir a la fiscal. Según las fuentes jurídicas, algunos de ellos difundieron en distintas plataformas los perfiles personales de Gisbert y también el de su hija, lo que amplificó el alcance del acoso más allá de Telegram.
Después de ese primer mensaje, Alvise difundió una segunda publicación, en la que compartió otra imagen de la fiscal junto a una periodista. En este nuevo contenido afirmó que ‘ahora las perseguidas son ellas’, lo que, según la denuncia, alimentó de nuevo las reacciones hostiles contra ambas.
Primera causa con suplicatorio aprobado en la Eurocámara
Esta investigación es la primera en la que el Parlamento Europeo ha concedido el suplicatorio solicitado para poder investigar formalmente a Alvise en el Tribunal Supremo. La decisión ha permitido al alto tribunal avanzar en la instrucción de los hechos denunciados por la fiscal valenciana.
La Eurocámara ha autorizado también el suplicatorio en otra causa que afecta al mismo eurodiputado. En ese procedimiento, el Supremo le investiga por presuntos delitos de financiación ilegal del partido Se Acabó la Fiesta (SALF) y delito electoral.
En conjunto, estas actuaciones dibujan un frente judicial abierto en torno a la actividad pública y digital de Alvise, cuyo impacto se ha hecho sentir especialmente en el ámbito de la Fiscalía de delitos de odio y, en este caso, en la figura de la fiscal Susana Gisbert y su entorno familiar.
