La administración autonómica reforzará el apoyo a las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental que accedan a la función pública con la creación de 15 nuevos puestos de técnico de inclusión social. La medida forma parte de un paquete de actuaciones presentado por la secretaria autonómica de Administración Pública, Eva Palomares, en la Mesa Sectorial de Función Pública.
Las propuestas han recibido el apoyo unánime de los sindicatos y tienen como objetivo mejorar la clasificación profesional, reducir desigualdades retributivas y favorecer la integración laboral en la Generalitat. El coste total previsto asciende a 3.761.995,04 euros.
La nueva figura de técnico de inclusión social prestará apoyo en los primeros meses de incorporación al puesto y en los procesos de adaptación funcional. Palomares ha señalado que estos profesionales estarán “destinada a acompañar y facilitar la integración laboral de personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental que accedan a la función pública. En concreto se crearán 15 puestos que dependerán de la Dirección General de Función Pública”.
La Generalitat cuenta con una reserva de plazas en sus ofertas de empleo público para personas con discapacidad o diversidad funcional. Este cupo no puede ser inferior al 10 % de las vacantes. De ellas, al menos el 5 % se reserva para personas que acrediten discapacidad intelectual o enfermedad mental.
La distribución fija un 3 % para personas con discapacidad intelectual y un 2 % para personas con enfermedad mental con un grado de discapacidad igual o superior al 33 %. Según la administración autonómica, la aplicación de estos cupos ha evidenciado la conveniencia de incorporar perfiles especializados que faciliten una adaptación laboral más efectiva.
Cambios retributivos en el subgrupo A2
El paquete de medidas también incluye una mejora en el complemento de destino de varias categorías de entrada pertenecientes a cuerpos y escalas del subgrupo A2. La propuesta eleva determinados puestos de nivel 16 a 18 y de nivel 17 a 18, en función de cada caso.
Con esta modificación, la Generalitat pretende avanzar en la corrección de la brecha salarial dentro de su estructura administrativa. La medida se enmarca en una revisión más amplia de la clasificación de puestos para los próximos ejercicios.
Además, la administración autonómica financiará la puesta en marcha efectiva del cuerpo técnico de gestión en Educación Infantil, ya contemplado en la Ley de Función Pública Valenciana. Este proceso permitirá la promoción interna específica de 134 profesionales que actualmente están adscritos al cuerpo de especialistas de Educación Infantil.
La actuación implicará también la amortización y creación de nuevos puestos adaptados a la nueva clasificación. El objetivo es adecuar la estructura profesional a las funciones reales de este personal y ordenar su encaje dentro de la administración.
Un programa hasta 2027
Las medidas forman parte del Programa temporal de lucha contra la brecha salarial y racionalización y mejora de la clasificación de puestos, que se desarrollará durante los años 2025, 2026 y 2027.
La Mesa Sectorial ha abordado también una propuesta para ampliar las opciones de compatibilidad del personal sanitario de la Generalitat. La medida afectaría a profesionales de los cuerpos de Medicina del Trabajo, Medicina y Enfermería, que podrían realizar una segunda actividad asistencial en mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en la Comunitat Valenciana.
Esta segunda actividad requerirá autorización previa de la Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública. También deberá realizarse fuera del horario del puesto principal, en régimen laboral, a tiempo parcial y con una duración determinada.
La Generalitat ha indicado que esta compatibilidad no supondrá impacto presupuestario para la administración autonómica. La autorización quedará condicionada a que los profesionales puedan cumplir correctamente las obligaciones de ambos puestos.
