La jueza del Juzgado de Catarroja que instruye la causa penal por la gestión de la dana ha acordado prorrogar seis meses la investigación a partir del 30 de octubre, con el respaldo de la Fiscalía, porque siguen pendientes declaraciones de perjudicados y testigos, así como varios informes forenses clave para el procedimiento.
Según consta en un auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra ha explicado que ‘no es descartable’ que se logren recuperar los mensajes del día de la dana del teléfono de José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete del expresident de la Generalitat Carlos Mazón, cuya obtención se ha intentado sin éxito hasta ahora.
La instructora ha recalcado en la resolución que la causa tiene ‘gran complejidad’ y un objeto ‘de extrema gravedad’, lo que ha obligado a practicar un número muy elevado de pruebas. Por este motivo, ha advertido de que puede ser necesario acordar nuevas diligencias más allá del 30 de octubre, fecha en la que inicialmente estaba previsto que concluyera la instrucción.
Motivos de la prórroga
En el auto, la jueza detalla que todavía faltan por declarar varios perjudicados. Esas comparecencias pueden hacer necesario encargar informes médico forenses adicionales para valorar las lesiones y las secuelas. También siguen pendientes declaraciones de testigos, cuyas versiones pueden obligar a abrir nuevas líneas de investigación.
Además, el órgano instructor está analizando posibles nuevas víctimas mortales relacionadas con la dana. Ese estudio puede llevar a acordar más testificales o a ampliar la condición de perjudicados a otras personas que aún no figuran en la causa, lo que también retrasa el cierre de la fase de investigación.
Ruiz Tobarra ha concluido que, en este escenario, no resulta ‘factible’ finalizar la instrucción antes de la fecha inicialmente fijada. Por ello, ha optado por la prórroga de seis meses, una medida que permite completar las diligencias pendientes sin interrumpir el trabajo judicial ni comprometer los derechos de las partes.
Decisión sobre una posible víctima mortal
En una resolución distinta, la magistrada ha rechazado incluir como víctima mortal de la dana a una mujer de 93 años, vecina del barrio valenciano de La Torre, que falleció en el Hospital de Manises el 25 de noviembre de 2024.
Según se describe en el auto, la mujer se resbaló en su vivienda por el lodo acumulado dos días después de la riada. En la caída se golpeó en la cabeza y, tras ese episodio, sufrió días más tarde un infarto, por el que finalmente murió.
La jueza ha adoptado esta decisión tras valorar un informe del Instituto de Medicina Legal de Valencia. Este documento concluye que no existe una relación de causalidad directa entre las lesiones sufridas por la nonagenaria en el contexto de la dana y su posterior fallecimiento.
El informe médico forense sostiene que la muerte está vinculada a un estado previo de marcada fragilidad y a una grave patología cardiovascular y sistémica. A partir de estas conclusiones técnicas, la instructora ha considerado que no procede sumarla al listado de víctimas mortales que se investigan en la causa penal sobre la gestión de la dana.
