La magistrada que investiga posibles irregularidades en la adjudicación de viviendas públicas en la zona de la Playa de San Juan de Alicante ha citado a declarar como investigados al presidente, la vicepresidenta y la secretaria del consejo rector de la cooperativa promotora del complejo residencial Les Naus. Las declaraciones se han fijado para el 21 de octubre y elevan a dieciocho el número total de personas investigadas en estas diligencias previas abiertas en febrero.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante ha señalado esa fecha para escuchar a los tres responsables de la cooperativa. Estas comparecencias forman parte de la fase de instrucción para aclarar cómo se adjudicaron las viviendas públicas del complejo.
La jueza ha acordado estas nuevas declaraciones a petición de la Fiscalía, que ha reclamado más información sobre el origen y la tramitación del proyecto. Para avanzar en la investigación, la instructora ha emitido una providencia dirigida al Ayuntamiento de Alicante en la que solicita datos detallados sobre el proceso de enajenación de la parcela municipal sobre la que se levantó el residencial Les Naus.
Más datos sobre la venta de la parcela municipal
En concreto, la magistrada pide al Consistorio que explique si llevó a cabo alguna actuación dentro de ese proceso desde el acuerdo de la Junta Local de Gobierno que aprobó la valoración del solar, el 10 de julio de 2018, hasta la publicación del anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación del Sector Público, el 5 de septiembre de ese mismo año. Ese periodo, de casi dos meses, resulta clave para reconstruir todos los pasos seguidos antes de sacar la parcela a concurso.
Además, la jueza ha reclamado al Ayuntamiento de Alicante que informe y aporte toda la documentación y comunicaciones relacionadas con esa operación. La resolución pregunta también si se dio publicidad adicional al acuerdo de la Junta de Gobierno aparte de la publicación en la plataforma de contratación, con el objetivo de comprobar el grado de transparencia del procedimiento.
La providencia requiere a los servicios jurídicos de la corporación municipal que remitan toda la documentación relativa a esta cuestión. La petición incluye también las comunicaciones internas y externas que pudieran haber mantenido las concejalías de Gestión Patrimonial y de Contratación, así como las mantenidas en el interior de cada concejalía.
La jueza ha solicitado igualmente que se envíen las posibles peticiones de informes y los informes ya emitidos sobre el expediente. Con ello busca disponer de una imagen completa del debate interno sobre el precio, las condiciones de la venta y los eventuales cambios de criterio que se hayan podido producir durante la tramitación.
Según el TSJCV, la resolución insiste en la necesidad de que el Ayuntamiento aporte ‘toda la documentación y comunicaciones relativas a las dudas surgidas sobre el precio de la parcela’. También reclama información sobre la ‘decisión de suspender cualquier actuación de impulso de dicho expediente’ y sobre el ‘alzamiento de la suspensión’. Estos extremos resultan relevantes para determinar si hubo incidencias o rectificaciones en el proceso de enajenación.
En otra providencia distinta, la magistrada ha requerido a Compromís el depósito de una fianza de 3.000 euros para poder admitir su personación en la causa como acusación popular. Esta fianza es un requisito habitual para que una formación política, asociación o colectivo pueda intervenir en el procedimiento penal y ejercer acciones en defensa del interés general.
