Un juzgado de València ha suspendido indefinidamente un desahucio en la pedanía de Benimàmet este jueves, coincidiendo con la entrada en vigor del nuevo decreto ley de vivienda del Gobierno. La decisión afecta a una vivienda conocida como ‘La Rabosa’, cuyo lanzamiento estaba previsto para este mismo día.
La defensa de las ocupantes, una mujer joven y la persona con la que convive, ha solicitado este miércoles la suspensión inmediata del lanzamiento. En el escrito ha pedido también que el juzgado reclamara de forma urgente informes a los servicios sociales del Ayuntamiento de València y de la Generalitat sobre los recursos de vivienda disponibles para el caso.
El desalojo se ha visto directamente afectado por el nuevo decreto ley de vivienda, que ha entrado en vigor este jueves. Esta norma ha establecido, entre otras medidas, que se suspenden los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2030, siempre que el propietario sea una empresa dedicada a la especulación con edificios de viviendas.
Según ha explicado el Sindicat de Llogateres de València, el juez ha aceptado el recurso de la defensa y ha paralizado el desahucio sin fijar nueva fecha. Esto deja a las ocupantes en la vivienda mientras se valora su situación social y se analiza si cumplen los requisitos de vulnerabilidad que marca el decreto, así como las obligaciones del propietario.
Impacto del decreto ley de vivienda en el caso de Benimàmet
El caso de ‘La Rabosa’ ilustra cómo se ha empezado a aplicar el nuevo marco legal desde el primer día. El decreto ley ha previsto un freno a los lanzamientos cuando se trata de familias vulnerables sin alternativa residencial, con el objetivo de evitar situaciones de sinhogarismo y de emergencia habitacional.
El Sindicat de Llogateres de València ha detallado que la vivienda pertenece a una empresa que compra carteras de propiedades bancarias y que, según su denuncia, actúa como ‘una gran tenedora’ de vivienda. La organización ha señalado que este perfil de propietario encaja en el tipo de empresas a las que el decreto considera dedicadas a la especulación con edificios de viviendas.
La entidad ha recordado que había convocado una concentración de protesta en Benimàmet para tratar de impedir el lanzamiento. El objetivo era presionar para que no se ejecutara el desalojo mientras no se estudiara la situación de las ocupantes y la posible aplicación del nuevo decreto. Tras la decisión judicial, la movilización ha perdido su carácter de urgencia, aunque el colectivo ha insistido en que seguirá vigilante.
Desde el Sindicat de Llogateres han defendido que el intento de desahucio de ‘La Rabosa’ respondía, en sus palabras, ‘a los intereses de la especulación inmobiliaria’. Han subrayado que, a su juicio, la actuación del propietario se enmarca en una estrategia de rentabilizar al máximo activos adquiridos a bancos, en un contexto de encarecimiento general del acceso a la vivienda.
Con esta resolución, el juzgado ha abierto la puerta a que otros desahucios en situaciones similares puedan acogerse también al nuevo decreto, siempre que exista vulnerabilidad reconocida y que el propietario sea una empresa de este perfil. En los próximos meses, los juzgados de València y del resto de la Comunitat Valenciana deberán aplicar estas nuevas reglas en los procedimientos de lanzamiento ya señalados o en curso.
