El juicio del llamado caso mascarillas ha alcanzado su ecuador con los presuntos contratos irregulares de emergencia ya en el centro del debate. Las sesiones celebradas en el Tribunal Supremo han dibujado un escenario en el que el comisionista Víctor de Aldama aparece integrado en la dinámica del Ministerio de Transportes, el exasesor Koldo García se perfila como intermediario constante entre todos los actores y el exministro José Luis Ábalos figura como responsable último de las decisiones que se plasmaron en las órdenes firmadas.
En esta segunda semana de vista oral, la atención se ha concentrado en lo esencial: los contratos de compra de mascarillas que dos empresas públicas dependientes de Transportes adjudicaron a Soluciones de Gestión, la compañía señalada como núcleo de la trama. Adif comprometió 12,5 millones de euros y Puertos del Estado otros 24,2 millones, montantes que se aprobaron en un contexto de emergencia sanitaria y fuerte presión por asegurar suministros, lo que ayuda a entender la rapidez y el volumen de las operaciones.
El triángulo Aldama-Koldo-Ábalos
Ninguno de los tres acusados ha quedado al margen de testimonios en su contra. La expresidenta de Adif, un guardia civil destinado en el ministerio y un ex alto cargo de Puertos del Estado han descrito a Aldama como alguien que, en la práctica, actuaba como parte del equipo de Transportes, con un acceso directo y fluido a los despachos clave, incluido el del ministro. Koldo García, por su parte, aparece como la correa transmisora que conectaba a empresarios, altos cargos y responsables políticos, siempre presente al otro lado del teléfono o en el pasillo adecuado.
En cuanto a José Luis Ábalos, un subordinado directo suyo, el subsecretario de Transportes, lo señaló de manera indirecta al relatar un episodio clave. Según su declaración, Koldo le pidió duplicar, en apenas 38 minutos, la cantidad del primer pedido de mascarillas, que pasó de 4 a 8 millones de unidades en la orden ministerial inicial. El subsecretario afirmó que entendió aquella petición como la transmisión de la decisión final del ministro, extremo que, a su juicio, se confirmaba al comprobar que Ábalos firmó la orden resultante.
Aldama, con pase VIP en Transportes
El relato de varios testigos ha incidido en el alto grado de familiaridad con el que Aldama se movía por la llamada zona noble de Transportes. La expresidenta de Adif declaró que le llamaba la atención verlo en el área reservada del ministro y que llegó a trasladar su preocupación al propio titular del departamento. Un guardia civil fue más explícito al asegurar que el empresario tenía acceso permanente y subía a la planta del ministro sin necesidad de pedir permiso, una circunstancia poco habitual para alguien ajeno a la estructura formal del ministerio.
Un ex alto cargo de Puertos del Estado añadió un elemento más a ese perfil al afirmar que estaba convencido de que Aldama formaba parte del engranaje ministerial, ayudando en la coordinación de los aviones utilizados para los envíos de mascarillas. Según su testimonio, el empresario tenía ya preparado un avión en Lisboa para transportar 8 millones de unidades incluso antes de que se dictara la orden ministerial que autorizaba la compra y de que Puertos del Estado hubiera firmado la adjudicación correspondiente. Este detalle subraya, según la acusación, que algunas decisiones parecían cerradas de antemano.
La oferta de origen desconocido
Otra de las piezas clave de la semana ha sido el análisis de cómo llegó Soluciones de Gestión a convertirse en la oferta decisiva. Los testimonios coinciden en que, en pleno caos provocado por la pandemia, la empresa vinculada a Aldama se presentó como la única vía viable para conseguir un volumen tan elevado de mascarillas en poco tiempo. Un día antes de que se aprobara la primera orden ministerial, Koldo acudió al despacho del subsecretario de Transportes con una propuesta ya fijada: debían ser 8 millones de unidades porque el suministrador imponía esa cifra como condición mínima.
El exdirectivo de Adif Michaux Miranda relató que la entonces presidenta de la entidad, Isabel Pardo de Vera, le facilitó el contacto de Soluciones de Gestión. Por su parte, el ex secretario general de Puertos del Estado fue contundente al afirmar que a su equipo no se le ordenó buscar un proveedor para 8 millones de mascarillas, sino que se les trasladó que, ante la situación de emergencia, ya se había conseguido un suministrador concreto. La incógnita que planea sobre estas declaraciones es el origen real de la oferta y cómo llegó exactamente a manos de Koldo, cuestión que el tribunal trata de desentrañar a partir de los testimonios y documentos.
A pesar de las sospechas, casi todos los testigos coinciden en un punto: Soluciones de Gestión cumplió con las entregas. Se ha subrayado que las mascarillas fueron baratas, que las unidades defectuosas se repusieron y que el suministro se mantuvo con regularidad. Nadie ha manifestado descontento con el servicio recibido y las defensas de Koldo y Ábalos utilizan este hecho para reivindicar que sus clientes fueron de los primeros en conseguir mascarillas en España en un momento de escasez global.
Los responsables de las entidades contratantes han insistido en que siguieron de forma fidedigna los procedimientos de contratación, lo que, a su juicio, despeja las sospechas de irregularidad. La presidenta de Adif calificó el proceso de compra como satisfactorio y el trabajo de su equipo como impecable. Ni ella ni su homólogo en Puertos del Estado, que también adjudicó uno de los grandes lotes, admitieron haber recibido presiones, y este último recalcó que nadie influyó en sus decisiones.
Ferraz y la caja de los gastos en efectivo
Las sesiones también han retomado uno de los elementos llamativos de la primera semana: los pagos en efectivo relacionados con la sede del PSOE en Ferraz. Patricia Uriz, exmujer de Koldo García, detalló el mecanismo de reintegro de gastos en el partido. Describió una organización muy rígida en la justificación de desembolsos, tanto de su entonces pareja como del propio exministro, ya que siempre se exigían tickets y los reembolsos se realizaban en metálico.
Su relato contrasta con la extrañeza que mostró en su día el instructor del caso ante las escasas comprobaciones internas que, hasta 2021, se hacían en el partido para la liquidación de gastos en efectivo, según se desprende de otros testimonios de trabajadores. Estas declaraciones de empleados de la formación se escucharán como testigos en los próximos días, mientras que la investigación sobre esos pagos en metálico y la posible existencia de delitos de blanqueo u otras figuras penales se tramita de forma paralela en la Audiencia Nacional.
En este contexto surgió la imagen de una verdadera maquinaria de efectivo en torno a la pareja formada por Koldo y Patricia. Ella describió cómo él no salía de casa sin varios sobres ya preparados, diferenciando los importes que correspondían al Ministerio, al partido o al propio Ábalos. Según explicó, esa clasificación le preocupaba porque era esencial distinguir bien cada concepto para poder reclamar después los reintegros a quien correspondiera.
Uriz relató que adelantar dinero era una práctica habitual para ambos y enumeró diversos tipos de gastos cubiertos de ese modo. Sin embargo, evitó asumir responsabilidad en relación con los mensajes en los que se aludía a chistorras y lechugas, términos que los investigadores interpretaron como un lenguaje en clave sobre cantidades de dinero. Aseguró que esas expresiones no encajaban con su forma de escribir ni de hablar, intentando distanciarse de la lectura que hace la investigación.
La Guardia Civil encontró más de 20.000 euros en efectivo en un armero de la vivienda que compartían. Ella justificó ese dinero como una mezcla de fondos destinados a gastos cotidianos y ahorros familiares, una explicación que el tribunal deberá valorar a la luz del resto de indicios. Con todas estas piezas, el juicio entra en su segunda mitad con la trama de mascarillas más perfilada, pero aún con numerosas incógnitas sobre el origen de las ofertas, el alcance de las responsabilidades y el eventual recorrido penal de los movimientos de efectivo vinculados a la causa.
