Las patronales de los vehículos de transporte con conductor reclaman al Consell transparencia total sobre el decreto ley con el que el Gobierno valenciano prepara la nueva regulación del sector. Las asociaciones del VTC insisten en que necesitan conocer el contenido del texto y el calendario del proceso, y avisan de que, si no hay visibilidad ni participación, valorarán convocar movilizaciones en los próximos días.
Según explican las patronales, el Ejecutivo autonómico estaría ultimando la norma para aprobarla en una de sus próximas reuniones. Sin embargo, denuncian que hasta ahora no se les ha facilitado información detallada sobre el alcance de la regulación ni sobre cómo afectará a las autorizaciones ya concedidas, a la operativa urbana o al uso de herramientas tecnológicas clave para su actividad.
Advertencia sobre el modelo catalán
Las organizaciones del sector, entre ellas UNAUTO-VTC y MOVVA, piden al Gobierno valenciano que no repita el modelo de Cataluña. Recuerdan que la normativa catalana ha sido calificada como restrictiva y que su encaje jurídico está siendo revisado por la Comisión Europea. A partir de este precedente, sostienen que una regulación excesivamente limitadora podría chocar con el derecho europeo y abrir un escenario de conflictos legales.
Las patronales aseguran que, mientras se ultima el decreto ley, el sector del taxi está ejerciendo una fuerte presión para influir en el contenido de la norma. Consideran que el objetivo de parte del taxi es condicionar las reglas del juego para proteger su posición frente a los VTC. Por ello, reclaman al Consell que no adopte decisiones que, en la práctica, supongan la expulsión de los vehículos de transporte con conductor del ámbito urbano ni la reducción drástica de su capacidad de operar.
En esta línea, apelan directamente al riesgo de incompatibilidad con el derecho europeo de cualquier propuesta que introduzca restricciones que consideren desproporcionadas o discriminatorias. Señalan que serían especialmente problemáticas aquellas medidas que se orienten, de facto, a proteger económicamente al taxi frente a la VTC, por entender que podrían vulnerar los principios de libre competencia y de igualdad de trato entre operadores.
Continuidad de las autorizaciones ya existentes
Las asociaciones ponen como ejemplo negativo la posibilidad de aprobar una norma que precarice la continuidad de las autorizaciones ya existentes, que limite de forma severa la operativa urbana o que prohíba herramientas tecnológicas como la geolocalización, habituales en las plataformas digitales de reserva de vehículos. A su juicio, también generarían inseguridad jurídica las restricciones que funcionen como un retorno a base encubierto, obligando a los vehículos a desplazarse sin pasajeros entre servicios e incrementando así los costes y la ineficiencia del sistema.
Desde el sector sostienen que un marco regulatorio diseñado en esos términos podría situar a la Comunitat Valenciana en un escenario de conflictividad permanente, con recursos ante instancias europeas y una sensación de inestabilidad normativa tanto para las empresas como para los usuarios. Alertan de que la inseguridad jurídica desincentiva la inversión y puede afectar negativamente a la calidad y disponibilidad del servicio.
Datos objetivos
Por ello, las patronales reclaman que cualquier limitación que se incluya en el decreto ley esté justificada en datos objetivos relacionados con la movilidad, el tráfico, el uso del espacio público o el impacto ambiental. Subrayan que las decisiones regulatorias deben basarse en estudios y evidencias, y no en presiones sectoriales ni en argumentos enfocados a reducir la competencia entre diferentes tipos de transporte urbano.
Las organizaciones empresariales defienden, además, que la regulación autonómica debe consolidar la seguridad jurídica de las autorizaciones que ya están en vigor. Recuerdan que el sector de los VTC opera legalmente y que un marco estable es clave para planificar inversiones, mantener el empleo y seguir ofreciendo alternativas de movilidad a los ciudadanos dentro de las ciudades y en sus áreas metropolitanas.
