Los nuevos mapas de peligrosidad de zonas inundables tras la dana de Valencia requieren al menos dos años de tramitación, un plazo que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha atribuido a la complejidad del procedimiento y al elevado número de administraciones, intereses y propietarios afectados, durante su intervención en la Comisión de investigación de la dana en el Senado.
Morán ha detallado que la actualización de la cartografía de suelos inundables en un Estado de Derecho implica seguir un procedimiento garantista. Según ha explicado, este proceso está pensado para ofrecer seguridad jurídica a los posibles afectados desde que se inicia la revisión hasta que concluye.
El secretario de Estado ha precisado que, desde el arranque de una revisión de mapas hasta su aprobación final, suelen transcurrir no menos de dos años. En ese periodo se analizan datos hidrológicos, se revisan caudales, se estudian usos del suelo y se incorporan alegaciones.
Ha subrayado, además, que el hecho de que la cartografía de suelos inundables esté en revisión no significa que no se hayan ejecutado obras en las zonas dañadas por la dana de Valencia. Al contrario, ha asegurado que las actuaciones de emergencia en el territorio afectado ya se han concluido.
Con estas aclaraciones, Morán ha respondido al senador del PP Francisco Javier Márquez, que ha reprochado al Gobierno un supuesto retraso en la actualización de los nuevos mapas de zonas inundables tras la dana. El senador ha basado sus críticas en informaciones publicadas por distintos medios de comunicación.
El senador popular ha incidido en que, dos años después del episodio de lluvias extremas, los mapas siguen sin actualizarse. Márquez se ha preguntado entonces, de forma retórica: ‘Dos años después, los mapas no están actualizados; para cuándo las obras entonces’.
A continuación, ha comparado la situación con ‘la pescadilla que se muerde la cola’ y ha acusado al Gobierno de ser responsable de la tragedia por no avisar a tiempo de la catástrofe. Según ha insistido, una alerta más eficaz habría evitado parte de sus efectos.
Morán ha rechazado estas acusaciones y ha defendido en todo momento la gestión del Ejecutivo ante la dana de Valencia. Ha explicado que, cuando se producen fenómenos de esas ‘dimensiones’, no se espera al siguiente periodo de planificación hidrológica para actuar.
En estos casos, ha añadido, se inicia directamente un procedimiento de revisión de la cartografía de suelos inundables. Esa revisión tiene un impacto directo en la planificación urbanística, en los usos del suelo, en las propiedades privadas y en los títulos de propiedad, por lo que debe seguir un cauce formal y ordenado.
El secretario de Estado ha señalado que el trámite obliga a informar a todas las administraciones implicadas y a los particulares afectados. Ha recordado que ‘lógicamente hay reclamaciones, solicitud de más información, disconformidades’, porque las actualizaciones influyen en desarrollos económicos y en muchos otros ámbitos.
Tras la dana, en la mayoría de los casos, tanto por decisión de la Confederación Hidrográfica como de diversos ayuntamientos, se ha optado por despejar zonas catalogadas como suelos inundables que habían sido ocupadas por infraestructuras, equipamientos o edificaciones. Según Morán, las autoridades que han tomado decisiones adecuadas han permitido ‘salvar vidas’.
Morán defiende la gestión del Gobierno
El secretario de Estado ha insistido en que la información facilitada por los organismos públicos que emiten las alertas meteorológicas y controlan los niveles de caudal ha sido ‘evidente’ y suficiente. A su juicio, esos datos han ayudado a quienes los han utilizado correctamente, pero no a quienes ‘no quisieron aprovechar esa información y la despreciaron’.
Dirigiéndose directamente al senador Márquez, Morán le ha reprochado que considere insuficientes los datos aportados por los organismos del Estado. Frente a esa crítica, ha sostenido que ‘sí hubo bastantes personas con responsabilidades que tomaron las decisiones oportunas’ gracias a esa información.
El responsable de Medio Ambiente ha acusado también a algunos actores de manipular datos con el objetivo de alterar las informaciones ofrecidas por el Gobierno. Ha reiterado, en este sentido, ‘la correcta actuación’ de la Agencia Estatal de Meteorología y de la Confederación Hidrográfica del Júcar durante el episodio extremo.
Según ha relatado, con la información disponible muchas autoridades decidieron limitar la movilidad, suspender actividades o habilitar canales de comunicación con los ciudadanos. El objetivo de estas medidas fue mejorar la seguridad frente a un fenómeno de ‘aquellas dimensiones’.
Morán ha remarcado que ‘la información era la misma y estaba disponible en el mismo momento y en tiempo real para todos’. Ha querido así subrayar que los distintos responsables públicos accedieron a los mismos avisos y realizaron sus propias valoraciones.
Ha recordado que, a primera hora de la mañana del día de la catástrofe, la Agencia Estatal de Meteorología activó el aviso rojo por lluvias intensas y lo mantuvo durante toda la jornada. Posteriormente, se declaró también una alerta hidrológica.
Para el secretario de Estado, estas alertas ‘evidentemente, resultaron suficientes’ para que muchas autoridades anticipasen respuestas ante la situación de emergencia. Entre ellas ha mencionado la suspensión de actividades, la recomendación de evitar desplazamientos y la organización de dispositivos preventivos.
Morán ha concluido que ‘es evidente que la información era la adecuada’ y que el sistema de avisos funcionó de forma correcta. Ha insistido en que el debate no debe centrarse solo en los plazos de actualización de los mapas, sino también en cómo se utiliza la información disponible para reducir los riesgos de nuevas inundaciones en territorios como la provincia de Valencia.
