La Conselleria de Justicia, Transparencia y Participación ha sacado a licitación la construcción de la nueva sede judicial de Sagunto por un importe de 37.009.485,44 euros. El contrato establece un plazo de ejecución de 28 meses para levantar unas instalaciones modernas, accesibles y preparadas para atender el crecimiento del partido judicial.
El nuevo complejo permitirá concentrar en un único inmueble las unidades y los servicios que actualmente se encuentran repartidos en distintas dependencias. Además, la actuación busca mejorar la atención a la ciudadanía y facilitar el funcionamiento de los órganos judiciales. También se pretende ofrecer mejores condiciones laborales a los profesionales de la Administración de Justicia.
La actual sede ha alcanzado su capacidad máxima y ya no permite incorporar nuevas unidades judiciales. Por eso, esta situación obliga a mantener parte de los servicios en otros edificios y limita las posibilidades de ampliación ante el aumento de la actividad del partido judicial.
Una sede adaptada al crecimiento de Sagunto
La nueva infraestructura judicial se proyecta para responder tanto a las necesidades actuales como al crecimiento social, económico y empresarial previsto en Sagunto durante los próximos años.
El municipio está llamado a desempeñar un papel relevante en la nueva economía de la Comunitat Valenciana por el incremento de la actividad industrial y la llegada de proyectos estratégicos. Entre ellos destaca la gigafactoría. Este desarrollo puede traducirse en un aumento de la población, de la actividad empresarial y de los asuntos que deben atender los órganos judiciales.
El partido judicial de Sagunto dispone actualmente de siete plazas judiciales integradas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia. La falta de espacio en las instalaciones actuales hace necesaria una nueva sede con capacidad suficiente para incorporar futuros órganos y servicios.
El edificio contará con 12.488,98 metros cuadrados de superficie construida, distribuidos entre una planta sótano, una planta baja y tres plantas superiores.
Seis salas de vistas y servicios de atención ciudadana
La planta sótano albergará el aparcamiento, los calabozos, los archivos, las dependencias destinadas a los cuerpos de seguridad y diferentes espacios técnicos y de servicio necesarios para el funcionamiento diario del edificio.
En la planta baja se concentrarán los servicios con mayor relación directa con la ciudadanía. Este nivel contará con seis salas de vistas, el servicio de guardia, el Registro Civil, la Fiscalía y la Clínica Médico Forense.
También se instalarán en esta planta la Unidad de Valoración Integral Forense, el Gabinete Psicosocial y la Oficina de Asistencia a las Víctimas del Delito. Además, se ubicarán otras dependencias destinadas a la información y atención directa de los usuarios.
La distribución pretende facilitar el acceso a los principales servicios y evitar desplazamientos innecesarios dentro del inmueble. Este objetivo es importante especialmente para las víctimas, las familias y las personas que acudan a realizar trámites.
Espacio reservado para futuras ampliaciones
Las plantas superiores acogerán los diferentes órganos judiciales y sus correspondientes áreas de trabajo. El proyecto incluye espacios de reserva para poder habilitar nuevas unidades o ampliar los servicios sin necesidad de acometer una nueva infraestructura.
Esta previsión permitirá adaptar la sede a la evolución del partido judicial y reorganizar los espacios en función de las necesidades que puedan surgir en los próximos años.
La construcción forma parte de la estrategia de modernización de las infraestructuras judiciales de la Generalitat, orientada a disponer de edificios más eficientes, sostenibles y accesibles. Además, la concentración de los servicios permitirá mejorar la coordinación entre unidades y agilizar la atención que reciben los ciudadanos.
El proyecto incorpora criterios ambientales y sociales en la contratación. Entre las condiciones previstas figuran medidas de contratación verde, acciones destinadas a fomentar la igualdad entre mujeres y hombres y actuaciones para favorecer la incorporación laboral de personas con especiales dificultades de acceso al mercado de trabajo.
