La Oficina Municipal Antiocupación que va a poner en marcha el Ayuntamiento de València ofrecerá información y asistencia inmediata a las comunidades de vecinos en esta materia. Este nuevo servicio nace «con el objetivo de aportar seguridad jurídica a los vecinos que sean objeto de los delitos de usurpación y allanamiento» y a aquellos que tengan viviendas para alquiler y que no las sacan al mercado «por miedo a la inquiocupación».
La alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, ha presidido este miércoles una reunión en la que han participado los concejales de las distintas delegaciones del consistorio implicadas en la lucha contra la ocupación ilegal.
En este encuentro se han abordado igualmente las diversas actuaciones promovidas por esta administración local para favorecer el acceso a una vivienda asequible por parte de la ciudadanía con menores recursos, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.
La creación de esta Oficina Municipal Antiocupación, anunciada por la primera edil la pasada semana, fue aprobado a través de una moción urgente planteada en la Junta de Gobierno Local del consistorio del pasado viernes 28 de marzo.
«En lo que llevamos de año, la Policía Local de València ha intervenido en cerca de 180 actuaciones vinculadas con ocupación ilegal en la ciudad«, ha señalado Catalá, que ha indicado que «durante todo 2024 fueron 810» las acciones relacionadas con esta.
La responsable municipal ha considerado que estas son «cifras importantes» y ha mostrado «la preocupación» del ejecutivo local que presidente ante «la ocupación ilegal» y la «inquiocupación».
María José Catalá ha insistido en la importancia «de aportar seguridad jurídica, para que cualquier propietario de las 37.600 viviendas vacías que hay en la ciudad de València pueda sacarlas en alquiler» sin tener «miedo por la inquiocupación».
En la reunión de esta jornada han participado los concejales y concejalas, así como personal técnico, de las delegaciones de Policía Local, Bomberos, Padrón Municipal, Servicios Centrales Técnicos, Servicios Sociales, Vivienda y Urbanismo.
Este ha sido un encuentro «de trabajo» que ha servido «para iniciar de manera urgente los primeros trámites pertinentes para la constitución de la Oficina Municipal Antiocupación y la creación del protocolo necesario para prestar el apoyo a los vecinos de la ciudad que sean objeto de los delitos de usurpación y allanamiento de vivienda», atendiendo al acuerdo adoptado en la Junta de Gobierno Local, ha añadido el consistorio.
«Agilizar y encauzar»
El protocolo tiene como objetivo «agilizar y encauzar, con la mayor seguridad jurídica posible, las acciones que correspondan a los vecinos afectados» con el fin de poder «iniciar los trámites para la celebración de juicios rápidos».
La recientemente creada Sección Administrativa Centralizada de la Policía Local de València, ubicada en la central de este cuerpo municipal, será la encargada de prestar el servicio desde la nueva oficina «por la experiencia, labor desarrollada en este ámbito y capacidad de mediación de este personal».
La alcaldesa ha destacado, asimismo, que «se ha reforzado la seguridad» del parque de viviendas públicas del Ayuntamiento «contratando empresas de seguridad e instalando puertas antiocupa». María José Catalá ha pedido a los grandes tenedores de inmuebles, como la Sareb, que tomen medidas para evitar la ocupación de sus viviendas.
Oficina por el derecho a la vivienda
Desde la oposición, la portavoz de Compromís, Papi Robles, ha indicado que este grupo exige «mantener y ampliar la Oficina por el Derecho a la Vivienda» de la ciudad, «para que siga evitando desahucios y ofreciendo alternativas a las familias», así como «dando respuesta a los problemas reales de vivienda del vecindario».
«Además, proponemos la creación de un servicio específico dentro de la Oficina para el Control de Apartamentos Turísticos Ilegales. El Ayuntamiento debe pasar de la inacción a la acción: denunciar viviendas turísticas ilegales, poner límites reales y regular este fenómeno que está expulsando a los vecinos de sus barrios», ha agregado.
Robles ha expuesto que «no se trata de inventar alarmas, sino de poner soluciones a problemas concretos». «En València, el precio del alquiler y la proliferación descontrolada de apartamentos turísticos son una emergencia. Es hora de gobernar a favor de la gente. Por eso, desde Compromís, en nuestra labor de oposición constructiva y propositiva, presentaremos una moción en el Ayuntamiento para reclamar medidas efectivas en esta línea».
Compromís ha señalado que «la prioridad del gobierno municipal debería ser poner en marcha medidas efectivas para garantizar un acceso digno a la vivienda» y ha resaltado que esto «pasa necesariamente por limitar los precios del alquiler».
«Los jóvenes y las familias valencianas no pueden pagar los precios abusivos del mercado mientras el gobierno de Catalá mira hacia otro lado. Si realmente quisiera solucionar el problema de la vivienda, implementaría medidas valientes para regular el precio de los alquileres y evitar la especulación en lugar de malgastar recursos en una oficina innecesaria», ha afirmado la representante de Compromís.
Esta formación ha indicado que «el anuncio de la nueva Oficina Antiocupación de Catalá no tiene ninguna utilidad real» y ha expuesto que «solo busca generar alarma social y ocultar la falta de gestión del gobierno municipal en temas de vivienda». Robles ha agregado que «la ejecución de Catalá en el presupuesto de vivienda en 2024 fue de un paupérrimo 4,9%» y que en 2025 «aún no ha salido del 0%».
«Incapaz de dar respuesta»
«Catalá prometió que este sería el mandato de la vivienda, pero los datos demuestran que su gobierno es incapaz de dar respuesta a un problema que afecta a miles de familias valencianas. Con una ejecución presupuestaria nula queda claro que la vivienda no es una prioridad real para el gobierno municipal, más allá de las palabras vacías y las promesas incumplidas», ha señalado Robles.
