Profesores correctores de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en la Comunitat Valenciana, previstas para los días 2, 3 y 4 de junio, han empezado a presentar sus renuncias ante los tribunales evaluadores en protesta por la propuesta de servicios mínimos del 100 % planteada por la Conselleria de Educación. Consideran que esta medida es abusiva y que, en la práctica, deja sin efecto la huelga indefinida que mantienen parte del profesorado.
Según explican estos docentes, la exigencia de que todo el personal designado como miembro de los tribunales acuda a corregir equivale a impedirles ejercer su derecho a huelga. Entienden que, si todos los evaluadores están obligados a trabajar, la protesta pierde cualquier capacidad de presión y se convierte en un mero gesto simbólico, mientras la administración garantiza el desarrollo normal de la PAU.
Servicios mínimos y riesgo de sanciones
Miguel Edo, profesor de Historia del IES Alcalans Montserrat y uno de los correctores de la PAU, sostiene que con estos servicios mínimos abusivos el profesorado se siente totalmente desprotegido a nivel legal y que se ha vulnerado el derecho de huelga de forma flagrante. A su juicio, la petición de un 100 % de servicios mínimos coloca a los docentes en una situación de gran inseguridad jurídica, porque cualquier decisión de mantener la protesta podría interpretarse como un incumplimiento de sus obligaciones.
Edo advierte de que, si su actividad reivindicativa se considera dejación de funciones o abandono de servicio, se les podría aplicar el régimen disciplinario de la Función Pública como falta grave o muy grave. Eso abriría la puerta a sanciones que, según detalla, irían desde apartarles de su puesto durante tres años hasta inhabilitarles o separarles del cuerpo docente. Incluso contemplan que la universidad pudiera llegar a reclamarles daños y perjuicios si interpreta que la huelga o las renuncias provocan un perjuicio directo en el desarrollo de las pruebas.
Ante este escenario, muchos profesores están optando por presentar su renuncia formal a los tribunales de la PAU. Estas renuncias se están trasladando a las presidencias de los tribunales, que han empezado a reunirse de manera telemática para organizarse antes de la convocatoria oficial. Los docentes consideran que esta vía les permite mantener la protesta y, al mismo tiempo, tratar de reducir el riesgo de sanciones por no acudir a corregir bajo unos servicios mínimos que no comparten.
La Assemblea de Professorat Corrector de les Proves de la PAU, que agrupa a unos 250 especialistas, ya había avisado de que valoraba distintas medidas de presión. Entre las opciones estudiadas estaban no presentarse a la constitución de los tribunales el 2 de junio, renunciar en bloque ese mismo día o adoptar acciones más contundentes relacionadas con las calificaciones, todo ello como respuesta al estancamiento de las negociaciones en el marco de la huelga indefinida.
La Conselleria de Educación, por su parte, reaccionó anunciando que, como medida preventiva, la comisión gestora de la PAU adelantaría la constitución de los tribunales, como máximo, al viernes 29 de mayo. La intención de la administración es asegurarse de que los órganos evaluadores queden formalmente constituidos antes del arranque de las pruebas y minimizar así el impacto de la huelga o de las posibles renuncias masivas.
Además, la Conselleria defendió que dispone de unos 1.500 profesores voluntarios correctores, que se encargarían de la evaluación de los exámenes si fuera necesario. Con este mensaje intenta transmitir que la PAU se desarrollará con normalidad pese al conflicto laboral, subrayando que el alumnado no debería verse perjudicado aunque una parte del profesorado continúe en huelga o renuncie a participar en los tribunales.
En la tarde del miércoles, la secretaria autonómica de Universidades, Esther Gómez, en calidad de presidenta de la Comisión Gestora de la PAU, solicitó formalmente a la Dirección General de Trabajo la fijación de servicios mínimos del 100 % para todo el personal docente designado como miembro de los tribunales evaluadores. Esta petición refuerza la posición del departamento de Educación, que prioriza la celebración de las pruebas y la corrección de los exámenes por encima del alcance efectivo de la huelga.
La respuesta del profesorado en huelga
Agustín Zaragoza, profesor de Filosofía en el IES Padre Vitoria de Alcoi y en huelga desde el 11 de mayo, asegura que en la mañana anterior a que la Conselleria informara de la solicitud de servicios mínimos del 100 %, ya se habían registrado renuncias masivas a corregir. Según explica, algunos tribunales están aceptando esas renuncias, lo que refuerza entre los docentes la idea de que existe un margen real para no participar en la corrección sin esperar a la constitución formal.
El propio Zaragoza ha presentado su renuncia y está pendiente de la respuesta de su tribunal, que se reúne de forma telemática para su constitución. Subraya que la situación ha llegado de manera sobrevenida, porque lo habitual es que la constitución de los tribunales se haga el mismo día de inicio de las pruebas, a las ocho de la mañana. En esta ocasión, según indica, se han dado órdenes de celebrar reuniones telemáticas previas, lo que los docentes interpretan como una forma de anticiparse a la protesta y asegurar la presencia de correctores.
Zaragoza recuerda que lleva sin acudir a sus clases desde el inicio de la huelga y que quedan apenas dos semanas para terminar el curso, periodo en el que el profesorado debe cerrar las notas finales en unos quince días. En este contexto, su participación en el tribunal de la PAU y la posterior corrección de los exámenes supondría un paréntesis de unos ocho días, algo que considera difícilmente compatible con la carga de trabajo acumulada y con el seguimiento de la movilización.
El docente traslada también el malestar de parte del profesorado por la actitud que califican de pasiva de las cinco universidades públicas valencianas ante la huelga indefinida. Según señala, en algunos centros se están planteando medidas de cara al próximo curso, como no colaborar con la universidad en determinadas tareas, a modo de presión si no se produce un cambio de postura respecto al conflicto actual.
Desde el sindicato STEPV se denuncia, además, el malestar de los docentes de Formación Profesional en huelga que tenían asignadas tareas en las pruebas de acceso a ciclos de Grado Medio o Superior. Aseguran que están siendo sustituidos por otros profesores, lo que a su juicio vulnera el derecho de huelga, y advierten de que estas actuaciones podrían llegar a tener consecuencias penales dentro de la jurisprudencia española si se considera que suponen una limitación ilegítima del derecho a la protesta laboral.
Pérez Llorca pide diálogo a los docentes para que la huelga no afecte a las PAU
El president defiende nuevas negociaciones con los sindicatos y advierte del riesgo de “hipotecar el futuro” de miles de estudiantes
Peciisamente esta mañana, Pérez Llorca ha defendido “más diálogo, entendimiento y sesiones para poder llegar a un acuerdo con los docentes” y ha asegurado que el Consell seguirá adaptando algunos cambios a la propuesta planteada a los sindicatos. No obstante, ha reprochado que, mientras la Generalitat mantiene su disposición a negociar, “de la otra parte no hay ningún tipo de cambio ni cesión”.
El jefe del Consell también ha destacado que los próximos Presupuestos de la Generalitat incorporan un “compromiso serio” para mejorar el sistema educativo, con alrededor de 400 millones de euros para infraestructuras, una partida específica para la climatización de centros escolares, la subida salarial de 200 euros mensuales para los docentes y más de 1.000 millones de euros para las universidades.
