La Asociación Ciudadana Camp de Túria y Serranía ha intensificado su oposición al proyecto de una planta de biometano en Llíria y ha convocado una nueva cacerolada para este viernes 4 de septiembre, a las 12.00 horas, en la plaza de Partidors. El colectivo reclama la paralización de las obras y denuncia la actuación del Ayuntamiento, la Conselleria de Medio Ambiente y la empresa promotora The Green Vector.
La asociación, integrada por residentes de Llíria, Casinos, Domeño y urbanizaciones de municipios próximos, asegura haber recogido ya 13.900 firmas contra el proyecto. Según sus cálculos, esta cifra equivale al 47 % de la población conjunta de Llíria, Casinos y Domeño.
El colectivo sostiene que existe una fuerte oposición social a la instalación. Desde noviembre de 2025 organiza caceroladas todos los viernes, entre las 12.00 y las 13.00 horas, en Llíria. También recuerda las manifestaciones celebradas el 8 de noviembre de 2025, el 17 de enero de 2026 y el pasado 14 de junio.
Según la asociación, las dos primeras protestas congregaron a más de 2.000 personas y la tercera reunió a centenares de asistentes. Sus miembros también participaron junto a colectivos de otros municipios afectados por proyectos similares en una concentración celebrada el 21 de febrero en la plaza de la Virgen de València.
Expertos y científicos participan en actos informativos
La entidad ha promovido además diferentes encuentros informativos en los que han participado científicos e investigadores como Antonio Turiel y Fernando Valladares, ambos vinculados al CSIC, además de varios profesores universitarios. El comunicado no atribuye a todos ellos una posición expresa contra el proyecto.
Artemi Cerdà, catedrático de Geografía Física de la Universitat de València, participó en una actividad vinculada al poblado íbero de la Mont-ravana, declarado Bien de Interés Cultural. Máximo Florín, profesor de Tecnologías del Medio Ambiente de la Universidad de Castilla-La Mancha, intervino en una charla celebrada en un edificio municipal de Llíria.
Según relata la asociación, Florín «expuso sus investigaciones» y «alertó de los posibles peligros relacionados con la instalación de una macro planta de biometano».
José Ramón Olarieta, profesor de Edafología y Química Agrícola de la Universidad de Lleida, y Antonio Turiel, investigador científico del Instituto de Ciencias del Mar del CSIC, participaron además en una conferencia celebrada en el auditorio de Casinos. La asociación cifra la asistencia en cerca de 500 personas.
El colectivo insiste en que está «a favor de las energías renovables y de la economía circular», aunque sostiene que «el tamaño de este tipo de instalaciones genera riesgos irreparables» que, a su juicio, tendrían que asumir los habitantes de la zona.
Críticas a los datos facilitados sobre la planta
Una parte central de las críticas se dirige a la información ofrecida por The Green Vector. La asociación acusa a la promotora de una «total falta de transparencia» y sostiene que existen datos incorrectos sobre las dimensiones de la instalación, el tráfico previsto, los residuos que recibiría y las distancias respecto a zonas habitadas y espacios protegidos.
Entre sus principales objeciones figura el tránsito de vehículos pesados. El colectivo sostiene que la documentación del proyecto contempla 128 movimientos diarios de camiones, correspondientes a 64 entradas y 64 salidas.
También cuestiona la información relativa a los residuos SANDACH de categoría 2. Según la asociación, entre estos materiales se incluirían restos animales no aptos para el consumo humano procedentes de la industria agroalimentaria.
Otra de las discrepancias afecta al yacimiento íbero de la Mont-ravana, declarado Bien de Interés Cultural. El colectivo sostiene que el proyecto sitúa el enclave a 998 metros de la planta, mientras que cifra la distancia real en 317 metros.
Asimismo, afirma haber detectado errores en las distancias consignadas respecto a urbanizaciones como El Ferriol, Mont-ravana y Camp de Llíria. La asociación también sostiene que «no han cumplido el plan de participación ciudadana obligatorio».
192.700 toneladas de residuos al año
La asociación asegura que la instalación proyectada prevé tratar 192.700 toneladas anuales de residuos para producir biometano. Frente a esta cifra, señala que Llíria genera unas 34.000 toneladas anuales de residuos que podrían destinarse a procesos de biometanización.
El colectivo centra buena parte de sus críticas en el digestato resultante del proceso. Según los datos que maneja, la instalación generaría 177.442,54 toneladas anuales de residuos clasificados como no peligrosos que la empresa pretendería destinar a usos agrícolas.
La asociación sostiene que dispone de estudios sobre emisiones de sulfuro de hidrógeno, amoniaco y metano, así como sobre la composición del digestato producido a partir de diferentes tipos de residuos.
A partir de esos estudios, advierte de posibles impactos sobre la calidad del aire y los suelos. El colectivo sostiene además que el digestato podría contener metales pesados, restos de medicamentos, nitritos y otras sustancias procedentes de los residuos tratados.
También asegura que el proyecto contempla la generación de 8,7 toneladas anuales de residuos peligrosos. A su juicio, introducir grandes cantidades de digestato en terrenos agrícolas podría generar daños sobre los suelos y riesgos futuros asociados a los productos cultivados en ellos.
La asociación llega a definir el modelo planteado como una «ZONA DE SACRIFICIO», expresión con la que describe lo que considera una concentración de impactos ambientales, tráfico pesado, malos olores y posibles perjuicios para los habitantes del entorno.
Reunión con el alcalde de Llíria
Cuatro representantes de la asociación se reunieron el pasado 12 de agosto con el alcalde de Llíria para trasladarle nuevamente sus objeciones al proyecto. Según el relato del colectivo, durante ese encuentro el alcalde les indicó que el permiso de obras ya había sido concedido.
La asociación asegura, sin embargo, que posteriormente el alcalde explicó en una reunión con miembros de una urbanización que el permiso concedido correspondía a la conexión con la red de gas y que las autorizaciones municipales dependen de los técnicos del Ayuntamiento.
El colectivo interpreta esta situación como una señal de que la tramitación del proyecto continúa avanzando. «La empresa va a saco. Ya han comenzado la canalización del gas», afirma la asociación en su comunicado.
La Asociación Ciudadana Camp de Túria y Serranía acusa además al Ayuntamiento de Llíria de una «total indiferencia» ante las movilizaciones y las firmas recogidas. También critica a la Conselleria de Medio Ambiente por conceder permisos sin haber comprobado, según sostiene el colectivo, la veracidad de todos los datos aportados durante la tramitación.
La entidad mantiene así su calendario de protestas y llama a vecinos de Llíria, Casinos, Domeño y urbanizaciones próximas a acudir este viernes a la plaza de Partidors con pitos, cacerolas y tambores para reclamar la paralización de las obras.
