Reducir el número de alumnos por aula, tal como recoge la nueva ley de apoyo al docente que se tramita en el Congreso, tendría un coste económico de 28.184 millones de euros en los primeros diez años, según un informe de EsadeEcPol elaborado por los economistas Lucas Gortazar y José Montalbán.
El análisis señala que la medida obligaría a mantener aulas abiertas y conservar plantillas docentes pese al descenso de la natalidad. Según explican los autores, una parte relevante del coste de aplicar las nuevas ratios se financiaría con el dinero que el sistema educativo iba a ahorrar por la reducción del alumnado.
El informe estima que ese ahorro alcanzaría cerca de 14.741 millones de euros entre 2027 y 2036. Sin embargo, el coste real medio de reducir la ratio máxima a 22 alumnos en Primaria y 25 en Secundaria ascendería a 4.293 millones anuales. Descontado el efecto de la caída demográfica, el esfuerzo presupuestario sería de unos 2.818 millones de euros al año.
Impacto desigual por comunidades
El estudio advierte de que el coste de la reforma tendría una distribución “asimétrica y regresiva”, ya que destinaría más recursos a centros con alumnado de mayor nivel socioeconómico.
Según el informe, Andalucía, Cataluña y Madrid absorberían cerca del 63 % del coste total nacional. Si se suma la Comunitat Valenciana, estas cuatro autonomías superarían el 72 % del presupuesto.
Los autores atribuyen esta concentración al mayor volumen de alumnado y a las ratios más elevadas en estas comunidades. También apuntan que las aulas más masificadas suelen situarse en zonas urbanas con alta demanda educativa y perfiles socioeconómicos más altos.
Alumnado con necesidades educativas específicas
El informe considera más justificada la medida que plantea que el alumnado con necesidades educativas específicas compute doble a efectos de ratio, al entender que puede favorecer una atención más individualizada.
El impacto económico de esta decisión variaría de forma notable entre territorios, ya que la proporción de alumnado con necesidades educativas específicas no es homogénea en todas las comunidades.
Según el calendario previsto, esta medida debería aplicarse el próximo curso, junto con la reducción de jornada docente. La bajada de ratios comenzaría en 2027-2028 en Primaria y en 2028-2029 en Secundaria.
El reto de abrir nuevas aulas
El documento también advierte del coste de crear nuevos espacios educativos. Abrir un aula nueva supondría una inversión media de unos 200.000 euros en Primaria y 280.000 euros en ESO.
Además, cada aula adicional requeriría 1,30 docentes a tiempo completo en Primaria y 1,70 en ESO, debido a la mayor especialización por departamentos y a la reducción de horas lectivas.
La ley contempla bajar la jornada docente a 23 horas semanales en Primaria y 18 horas en ESO, lo que implicaría un aumento de contratación de entre el 5 % y el 10 %.
El MIR educativo como alternativa
Los autores plantean el llamado MIR educativo como una alternativa “mucho más recomendable” que una reducción universal de ratios. Según defienden, tendría mejores efectos sobre el rendimiento del alumnado.
Esta propuesta consistiría en una formación de dos años para el profesorado de nueva incorporación, con coordinación institucional y una inversión estimada de 1.500 millones de euros anuales para atender a 20.000 docentes nuevos cada año. También recomiendan impulsar tutorías intensivas para alumnado vulnerable.
