Casi 1,2 millones de personas migrantes han solicitado acogerse a la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno, de las que 167.000 residen en la Comunitat Valenciana, y más de 608.000 peticiones ya se han admitido a trámite, lo que implica una primera autorización temporal para vivir y trabajar legalmente en España.
Estos datos proceden del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y reflejan el alcance de una medida que ha buscado dar salida a la situación de quienes ya estaban en el país sin papeles y sin derechos plenos. Según estas cifras oficiales, el 67 % de los solicitantes procede de países de América Central y América del Sur.
Colombia se ha situado como el principal país de origen, con el 26 % de todas las solicitudes registradas. A continuación aparecen Marruecos, con el 13,4 %, Venezuela, con el 11,7 %, y Perú, con el 8,8 %. Estos porcentajes muestran que la mayoría de las personas que han intentado regularizar su situación ya tenían vínculos consolidados con España y procedían de países hispanohablantes o con fuerte relación migratoria previa.
Reparto territorial de las solicitudes
Por comunidades autónomas, Cataluña ha concentrado el mayor volumen de peticiones, con más de 257.000 registros. Le siguen la Comunidad de Madrid, con 202.000, la Comunitat Valenciana, con 167.000, y Andalucía, con 161.000 solicitudes.
Este reparto sitúa a la Comunitat Valenciana entre los territorios con más impacto de la medida, solo por detrás de Cataluña y Madrid. El volumen de peticiones en la región confirma la relevancia de la población inmigrante en su tejido social y económico y apunta a un cambio importante para miles de familias que hasta ahora vivían en situación irregular.
En un mensaje de vídeo remitido a los medios, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha defendido el alcance de este proceso extraordinario. La titular del departamento ha destacado que la regularización va a permitir que ‘cientos de miles de personas que ya residen en nuestro país, pero con miedo y sin derechos, afronten el futuro con ilusión y con esperanza’.
Saiz también ha valorado el resultado del procedimiento. En sus palabras, ‘estamos ante un procedimiento exitoso, un verdadero hito en nuestra política migratoria y un trabajo colectivo del que podemos sentirnos muy orgullosos’. Con estas declaraciones, la ministra ha querido remarcar que la iniciativa no solo tiene impacto individual sobre las personas afectadas, sino también sobre el conjunto de la sociedad.
Plazo, origen de la medida y requisitos
El plazo para presentar las solicitudes ha estado abierto desde el pasado 16 de abril hasta el martes 30 de junio. Durante ese periodo, los impulsores de la medida, distintas entidades sociales y partidos políticos como Sumar y Podemos han reclamado al Ejecutivo una ampliación de la fecha límite. A su juicio, el tiempo disponible no ha sido suficiente debido a las trabas burocráticas que muchas personas se han encontrado al intentar reunir la documentación necesaria.
La regularización se ha aprobado mediante un real decreto del Gobierno, pero su origen está en una iniciativa legislativa popular que llegó al Congreso respaldada por más de 600.000 firmas. Pese a ese amplio apoyo social, la proposición quedó bloqueada en la Cámara Baja por la falta de acuerdo entre los grupos parlamentarios, lo que llevó al Ejecutivo a optar por esta vía extraordinaria.
Han podido presentar la solicitud todas las personas migrantes que estuvieran viviendo de forma irregular en España desde antes del pasado 1 de enero y que acreditaran al menos cinco meses de residencia en el país. También han tenido acceso quienes hubieran pedido asilo antes de esa misma fecha.
En todos los casos, uno de los requisitos esenciales ha sido carecer de antecedentes penales. Quienes han cumplido las condiciones y han visto su petición admitida a trámite han obtenido una primera autorización temporal para residir y trabajar, lo que supone un cambio decisivo respecto a la situación de irregularidad previa y abre la puerta a una mayor estabilidad personal, laboral y administrativa.
