El Síndic de Greuges ha admitido a trámite una queja remitida por la portavoz del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de València, Sandra Gómez, sobre las remuneraciones obtenidas por la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá (PP), como profesora colaboradora en la Universidad Internacional de Valencia (VIU) y en la Universidad Cardenal Herrera. La queja se refiere también a las retribuciones del edil de Vox y miembro del gobierno municipal José Gosálbez “como abogado por cuenta propia”.
El defensor del pueblo valenciano ha indicado, en la resolución de inicio de investigación que ha emitido y que ha consultado Europa Press, que solicitará al consistorio “un informe detallado y razonado sobre los hechos que han motivado la apertura” de este “procedimiento de queja”.
Gómez destaca en su reclamación, como recoge el escrito del Síndic, que “todas y todos los concejales y concejalas de la corporación deben cumplir con la obligación de declarar y hacer públicas sus circunstancias y actividades económicas en los términos legales previstos“.
No obstante, la portavoz socialista apunta que “en la actualidad las obligaciones legales establecidas no están siendo satisfechas por parte del Ayuntamiento de València que omite, basándose en una interpretación restrictiva de su Reglamento de Transparencia que contraviene la literalidad de normas con rango de Ley, la obligación de publicar la información económica de los miembros de la corporación“.
Asimismo, sostiene que “en el apartado de Declaraciones de Bienes, Derechos Patrimoniales e Información Tributaria correspondiente a cada concejal o concejala” se recoge “únicamente la cifra de retribución anual bruta percibida de la corporación” y las actividades económicas “sin detallar las retribuciones obtenidas por cada una” de ellas.
Sandra Gómez apunta que esa situación puede acreditarse en “las declaraciones de la alcaldesa María José Catalá y el concejal José Vicente Gosálbez”, dos representantes del consistorio que “compatibilizan o han compatibilizado, tal y como se recoge en sus declaraciones, su actividad en el Ayuntamiento con otras actividades económicas“.
El Síndic de Greuges indica que “del análisis de los hechos descritos” en la queja de la portavoz socialista y teniendo en cuenta la normativa aplicable “se deduce que la actuación del Ayuntamiento de València podría afectar al derecho de acceso a la información pública”, al tiempo que expone que esa circunstancia “faculta al Síndic de Greuges para intervenir” en este caso.
En esta línea, afirma que “la queja reúne los requisitos establecidos” en la ley que regula la actividad de esta institución autonómica y precisa que admite a trámite la reclamación remitida por Sandra Gómez.
Sobre este asunto, la portavoz del PSPV-PSOE ha resaltado, en un comunicado, que el Síndic de Greuges abre “una nueva investigación a María José Catalá y a los miembros de su gobierno por negarse a publicar las retribuciones que perciben por actividades que realizan en empresas privadas compaginando con su actividad de concejales“.
Gómez ha recordado que el grupo socialista presentó una moción para que los concejales de PP y de Vox –las dos formaciones que integran el gobierno local– que con dedicación exclusiva hayan pedido la compatibilidad para tener otras actividades “hicieran públicas las cuantías que percibían” por estas. La edil ha lamentado que sin embargo, “en un ejercicio de opacidad rechazaron asumir esta obligación legal de publicar en la web sus ingresos íntegros“.
“Catalá sigue sin hacer pública la retribución que percibe por la Universidad Internacional de València, que ella privatizó como consellera de Educación en una operación que fue denunciada por su actual número 2, Juanma Badenas –segundo teniente de alcalde y portavoz de Vox en el consistorio–“, ha agregado la representante del PSPV.
“POR FIN”
Asimismo, ha expuesto que “una vez más, las denuncias de los socialistas se van abriendo paso“, al tiempo que ha considerado que “esta nueva investigación iniciada por el Síndic –de Greuges– va a tener seguramente como resultado que Catalá se vea forzada a decir, por fin, después de tanto tiempo, cuál es su retribución“.
Sandra Gómez ha dicho que es “lamentable” que la primera edil “publique lo que percibe de la VIU forzada por otros organismos cuando eso debería de ser una obligación que naciera de ella misma“. “Pocas referencias políticas se me ocurren de una alcaldesa no quiera decir cuánto está cobrando de otra empresa privada”, ha apostillado, al tiempo que ha instado a la primera edil a hacer “público de manera voluntaria su salario antes de que se lleve otro nuevo varapalo por parte del Síndic de Greuges”.
Gómez ha agregado que a la alcaldesa “le incomoda” que “su socio preferente fuera el rector de la VIU que le puso una denuncia por una operación muy rentable para el grupo que la adquirió y para la propia Catalá, que obtuvo una puerta giratoria que le ha permitido dar clases y ocultar su retribución“.
