El Tribunal Supremo ha ratificado la condena de siete años y diez meses de prisión impuesta a Marcos Benavent, exgerente de la empresa pública Imelsa de la Diputación de Valencia y autodenominado yonqui del dinero, en el primero de los juicios del caso Imelsa. La resolución ha confirmado así la sentencia dictada en 2023 por la Audiencia Provincial de Valencia, aunque ha introducido ajustes en las costas de Benavent y en la pena de uno de los empresarios condenados.
La Sala ha considerado que la Audiencia de Valencia no ha condenado a Benavent y al resto de acusados a partir de meras sospechas. Según el Supremo, la sentencia se ha basado en un conjunto de pruebas amplio y coherente que ha permitido reconstruir con claridad la operativa investigada en Imelsa.
Entre las pruebas que ha valorado el Alto Tribunal figuran expedientes administrativos, facturas proforma, facturas definitivas y correos electrónicos intervenidos. Todo este material ha servido, según la resolución, para acreditar cómo funcionaba el entramado de contratos y servicios bajo sospecha.
Ajustes en costas y en una de las penas
El Supremo sí ha estimado parcialmente el recurso de casación presentado por Marcos Benavent. En concreto, ha decidido reducir a una sexta parte el importe de sus costas procesales, lo que supone un alivio económico dentro del mantenimiento de la condena de prisión.
Además, ha rebajado la pena impuesta al empresario José Antonio Toledo Salgado por el delito de malversación de caudales públicos. En la primera sentencia, la Audiencia le había considerado cooperador necesario y le había fijado una pena que ahora se reducirá al aplicarle la pena inferior en dos grados.
El Tribunal Supremo ha precisado que la nueva individualización de esa pena para Toledo deberá concretarse en una segunda sentencia. De momento, solo ha fijado el criterio de reducción y ha confirmado el resto de la resolución dictada por la Audiencia de Valencia.
Contratos y servicios bajo sospecha en Imelsa
La sentencia de la Audiencia Provincial que ahora se ha confirmado se refería a varios contratos vinculados a Imelsa y a la empresa Themática Events SL. En ese fallo no se consideró probado que los servicios prestados por Themática Events SL durante las elecciones municipales de Moncada y Vilamarxant en 2007 y en las elecciones generales de 2008 se hubieran financiado con sobrecostes.
La Audiencia descartó que esos servicios electorales se sufragaran mediante facturación inflada a nombre de Themática Events SL a Imelsa por otros conceptos. Es decir, no apreció una financiación encubierta de esas campañas a través de los contratos con la empresa pública.
Sin embargo, sí apreció irregularidades graves en otras adjudicaciones vinculadas a Imelsa y al ámbito cultural de la provincia de Valencia. En especial, en contratos relacionados con el servicio de Bibliobús y con el espectáculo Metamorphosis del museo MuVIM.
En ese contexto, la Audiencia condenó al que fue socio de Marcos Benavent, Rafael García Barat, a nueve años y dos meses de prisión. La condena se relacionó con la adjudicación irregular del servicio de Bibliobús y con el espectáculo Metamorphosis del MuVIM.
La resolución también impuso cinco años y seis meses de cárcel a la funcionaria de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de València Francisca Tamarit. Su condena se vinculó a la adjudicación del servicio de Bibliobús.
Por último, la Audiencia condenó a los empresarios José Antonio Toledo y Francisco Javier Márquez a penas de diez meses y cinco meses de prisión, respectivamente. Sobre Toledo recae ahora la reducción de pena ordenada por el Supremo.
Estrategia para eludir la contratación pública
El Tribunal Supremo ha avalado el análisis de la Audiencia sobre el funcionamiento del grupo de acusados. La Sala subraya que la sentencia no describe simples irregularidades administrativas ni decisiones técnicas discutibles.
Según el TS, el fallo de la Audiencia declara una estrategia contractual dirigida a eludir los procedimientos ordinarios de contratación pública. En ese esquema, sitúa con distinto papel a Francisca Tamarit, Marcos Benavent y Rafael García Barat.
El Alto Tribunal comparte que el dolo de Benavent aparece claramente reflejado en los hechos probados. A su juicio, ese dolo se desprende de su participación encubierta en Themática Events SL y de su concierto con García Barat.
La sentencia también resalta el uso de subcontratistas para facturar directamente a Imelsa, la ocultación de la verdadera posición de Themática y el fraccionamiento económico de las prestaciones. Todo ello permitió, según el relato judicial, que Benavent quedara como único fiscalizador de una operación que beneficiaba económicamente a su propia empresa.
El Supremo recoge que el relato de hechos probados plasma el conocimiento de la injusticia por parte de Benavent. Además, señala su voluntad de sustituir las reglas públicas de contratación por un sistema de favorecimiento particular.
A partir de estos elementos, el Tribunal concluye que el delito continuado aparece reflejado con claridad en la narración histórica de la sentencia de la Audiencia de Valencia. Con esta resolución, el Alto Tribunal cierra uno de los principales frentes penales del caso Imelsa vinculados a la gestión de Imelsa en la provincia de Valencia.
