El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha defendido en Elche que la continuidad del trasvase Tajo-Segura es imprescindible para garantizar la seguridad alimentaria en España y en Europa, y ha advertido de que los recortes del Gobierno central ponen en riesgo miles de empleos y la supervivencia agrícola del sureste peninsular.
Durante la inauguración del VIII Congreso Nacional del Agua ‘Seguridad Alimentaria’, celebrado en Elche, Pérez Llorca ha asegurado que la Comunitat Valenciana está, en sus palabras, ‘cargada de razón para defender viabilidad y permanencia’ del trasvase Tajo-Segura.
Según ha subrayado, esta transferencia hídrica ‘no es un privilegio territorial sino la garantía para miles de empleos, para el liderazgo agroalimentario valenciano y la supervivencia agrícola de todo el sureste español’. Ha insistido en que de ella dependen comunidades de regantes, explotaciones agrícolas y la industria asociada.
Impacto económico y ambiental del Tajo-Segura
Pérez Llorca ha sostenido que ‘sin el Tajo-Segura no hay seguridad alimentaria para España ni para Europa’. Ha cifrado en más de 403 millones de euros anuales el valor económico agrícola asociado al trasvase, a los que ha añadido otros 500 millones vinculados a la actividad comercial y 115 millones más derivados de la transformación agroalimentaria.
El president ha destacado también el papel ambiental de las explotaciones del sureste español que dependen del trasvase. Ha indicado que estos cultivos absorben cada año 1,2 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) y actúan como una barrera eficaz frente a los incendios forestales, al mantener el territorio cultivado y vigilado.
A su juicio, estos datos demuestran que el Tajo-Segura tiene un impacto directo en la economía, el empleo y el territorio, y que su recorte tendría efectos inmediatos en la producción agrícola y en la estabilidad de muchas comarcas de regadío.
Críticas al Gobierno por los recortes del trasvase
Por todo ello, Pérez Llorca ha acusado al Gobierno central de reducir los volúmenes trasvasables ‘anteponiendo la política a la ciencia’. Ha considerado un ‘sinsentido enviar a Portugal unos 6.000 hectómetros cúbicos que no necesitan ni nos han pedido y a ayudar a Marruecos a pagar sus trasvases’.
Se ha preguntado públicamente: ‘¿Por qué allí trasvases sí y aquí no?’. Ha reiterado que, en su opinión, ‘la motivación contra el Tajo-Segura es política‘ y ha reclamado al Ejecutivo de Pedro Sánchez ‘una visión nacional y solidaria de la política del agua basada en la cooperación entre territorios’.
Ante el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, y el alcalde ilicitano, Pablo Ruiz, entre otras autoridades, el jefe del Consell ha denunciado que resulta ‘frustrante’ que el esfuerzo inversor de la Generalitat Valenciana en materia hídrica no haya sido acompañado por el Gobierno central.
Como ejemplo, ha citado la reparación del embalse de San Diego, que ha presentado como una muestra del compromiso autonómico con las infraestructuras del agua, en contraste con la falta de apoyo estatal que ha criticado.
Pérez Llorca ha lamentado ‘las decisiones incomprensibles (del Gobierno) que anteponen el dogma a la solidaridad’ y que, según ha dicho, ponen en peligro ‘la defensa de una forma de vida’ en una de las regiones ‘más eficientes en el uso eficiente’ del agua gracias a sus políticas de reutilización, gestión optimizada, modernización y digitalización de los regadíos.
Ha insistido en que las decisiones sobre el Tajo-Segura afectan de forma directa al día a día de agricultores, empresas agroalimentarias y comarcas que dependen del regadío, y ha reclamado que se escuche a los territorios receptores del trasvase antes de adoptar nuevos recortes.
