El Pleno del Ayuntamiento de València ha acordado continuar la tramitación de 18 programas de actuación integrada (PAI) con capacidad para generar suelo destinado a 13.000 viviendas, de las que 2.855 serán de protección pública. La decisión se ha adoptado este viernes durante una segunda sesión extraordinaria centrada en el acceso a la vivienda.
La convocatoria, solicitada por Compromís, ha incluido tres mociones sobre la limitación de los precios del alquiler, la regulación de los apartamentos turísticos y el derecho a la vivienda. Las tres han sido rechazadas por la mayoría formada por PP y Vox. El Pleno ha aprobado, en cambio, dos propuestas alternativas presentadas por el concejal de Urbanismo, Juan Giner.
La corporación también ha rechazado solicitar a la Generalitat la declaración de València como «zona de mercado residencial tensionado». Compromís planteaba acogerse a esta figura prevista en la legislación estatal para establecer medidas de control sobre los alquileres.
La portavoz de Compromís, Papi Robles, ha relacionado el incremento de los precios con las dificultades de los jóvenes para emanciparse y de las familias para continuar viviendo en sus barrios. «Ustedes entienden la vivienda como negocio y nosotros, como un derecho», ha afirmado.
El socialista Borja Sanjuán ha respaldado esta propuesta y ha defendido también la declaración de zona tensionada. Por parte del gobierno municipal, Giner ha rechazado que limitar los alquileres permita resolver el problema de acceso a la vivienda. «La única vivienda que no protege es aquella que no se construye», ha señalado.
La política municipal de generación de nueva vivienda ya incluye distintos desarrollos urbanísticos en marcha. Entre ellos se encuentra el PAI de Benimaclet y su previsión de 1.345 viviendas, cuyo desarrollo contempla también vivienda protegida y suelo dotacional público.
El Pleno aborda la regulación de los apartamentos turísticos
La segunda moción de Compromís ha planteado endurecer la regulación de las viviendas turísticas. El concejal Pere Fuset ha defendido recuperar pisos para uso residencial y aumentar la aportación económica de esta actividad a los gastos municipales.
La propuesta incluía modificar el Plan General de Ordenación Urbana para declarar incompatible el uso turístico en edificios residenciales, siempre que existiera respaldo jurídico. También proponía exigir la compatibilidad urbanística para renovar las inscripciones, recuperar la tasa turística y aplicar medidas fiscales específicas.
El socialista Javier Mateo ha apoyado estas medidas y ha relacionado la expansión del alojamiento turístico con las dificultades de acceso a la vivienda. «Los salarios en València ya no pagan vivir en València», ha afirmado.
El Pleno ha aprobado en su lugar la alternativa presentada por Juan Giner. El acuerdo mantiene la aplicación de las normas urbanísticas aprobadas el 31 de marzo de 2026 y prevé incorporar ayudas al presupuesto municipal de 2027 para las comunidades de propietarios que quieran modificar sus estatutos y oponerse a alojamientos turísticos en bajos de edificios residenciales mixtos.
El Ayuntamiento también contempla impulsar un convenio con el Colegio de Administradores de Fincas. Además, continuará con las inspecciones y las órdenes de cese contra apartamentos turísticos ilegales en coordinación con las administraciones competentes.
Los 18 PAI permitirán desarrollar 13.000 viviendas
El tercer debate se ha centrado en las políticas públicas de vivienda y la protección frente a la especulación. El concejal de Compromís Ferran Puchades ha reclamado recuperar el tanteo y retracto, reforzar el asesoramiento jurídico municipal y destinar viviendas vacías de la Sareb a alquiler social y asequible.
La moción también proponía mantener de forma permanente la protección de las viviendas construidas sobre suelo público o adquiridas con fondos públicos. Además, planteaba limitar las operaciones especulativas de fondos de inversión y reforzar la protección ante desahucios sin alternativa habitacional.
El Pleno ha aprobado como alternativa la propuesta del Grupo Popular. Uno de sus principales puntos es continuar la tramitación de 18 PAI con potencial para 13.000 viviendas, 2.855 de ellas protegidas. El propio Ayuntamiento ya había situado estos desarrollos entre los principales instrumentos de su estrategia municipal para aumentar la oferta de vivienda en València.
El acuerdo también contempla continuar concediendo licencias y estudiar las solicitudes para devolver apartamentos turísticos al uso residencial. Además, plantea permitir la conversión de despachos en viviendas mediante la revisión de las normas del Plan General y avanzar en la regulación de las viviendas interiores.
En los procedimientos de adjudicación de vivienda pública señalados en la propuesta, el Ayuntamiento prevé tener en cuenta el empadronamiento ininterrumpido durante al menos cinco años y la nacionalidad española, junto con la residencia efectiva y los vínculos con la ciudad.
La corporación reclama también reformas estatales para agilizar los desalojos frente a la ocupación ilegal, perseguir el subarriendo fraudulento, el hacinamiento y la infravivienda. La propuesta incluye igualmente reforzar los controles para detectar empadronamientos fraudulentos.
La sesión extraordinaria ha contado con la intervención de siete entidades y asociaciones ciudadanas. Sus representantes han advertido de las dificultades existentes para acceder a una vivienda, especialmente entre los jóvenes, y han reclamado distintas medidas para reducir el impacto del encarecimiento del alquiler.
Entre las organizaciones participantes han estado el Consell de la Joventut de València, asociaciones vecinales de La Torre, La Roqueta, Campanar y Patraix, Intersindical Valenciana y el Sindicat d’Estudiants. Durante sus intervenciones han reclamado medidas sobre alquileres, vivienda asequible y apartamentos turísticos.
