El Ayuntamiento de València, a través del área de Movilidad y Seguridad, va a impulsar una auditoría de seguridad viaria de los carriles bici de la capital del Turia con el objetivo de “detectar las problema que puedan comprometer la seguridad y proponer soluciones a corto y medio plazo”.
En este sentido, el concejal de Movilidad y Seguridad, Jesús Carbonell, ha explicado que la auditoría se realizará en cuatro puntos de la infraestructura urbana de la ciudad, “que aún están por determinar, pero que se pondrá especial atención a la infraestructura ciclista, teniendo en cuenta aspectos fundamentales de la misma, así como los comportamientos de las diferentes personas usuarias de la vía”.
Las cuatro intersecciones o puntos a estudiar tendrán que atender a diferentes criterios: que haya habido una accidentalidad significativa en los últimos cinco años; una problemática en la interacción entre las personas usuarias más vulnerables (peatones, bicicletas, VMP…) y el resto de usuarios de la vía (transporte público, vehículos privados…); que haya habido reclamaciones de mejora por parte de la ciudadanía; y que tengan carácter extrapolable de soluciones técnicas a otros infraestructuras asimilables.
Esta próxima semana está previsto que el Servicio de Movilidad del Ayuntamiento de València adjudique a la empresa CPS el contrato para la realización de auditorías de seguridad viaria de la infraestructura de la ciudad de València. El importe del contrato es de 16.879,5 euros (IVA incluido) por un plazo de ejecución de 5 meses.
El equipo de auditoría
El equipo de auditoría tiene que estar formado, al menos, por dos técnicos acreditados como auditor principal y auditor auxiliar de seguridad viaria, de acuerdo con el artículo 10 del Real decreto 345/2011, de 11 de marzo, sobre gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias en la red de carreteras del Estado.
El auditor principal y el auditor auxiliar tienen que disponer, al menos, del certificado de aptitud en vigor en la especialidad “Auditor de seguridad viaria en las fases previa a la puesta en servicio e inicial en servicio”, segundos el que dispone la Orden FOM/1649/2012, de 19 de julio, por la cual se regula el procedimiento de acreditación y certificación de aptitud de auditores de seguridad viaria de la red de carreteras del Estado.
Además, el equipo tendrá que contar, si este requisito no fuera cumplido por el auditor principal o el auditor auxiliar, con un técnico proyectista ingeniero de caminos, canales y puertos con una experiencia mínima de 10 meses en la redacción de proyectos de construcción de carriles bici en suelo urbano consolidado y con un técnico ingeniero de caminos, canales y puertos o ingeniero técnico de obras públicas con experiencia mínima de 10 meses como director de obras de construcción de carriles bici en suelo urbano consolidado. Ambos requisitos podrán ser cumplidos por la misma persona.
El auditor principal tiene que contar con la titulación requerida para el ejercicio de la profesión de ingeniero de caminos, canales y puertos; y el auditor auxiliar con la titulación mínima requerida para el ejercicio de la profesión de ingeniero técnico de obras públicas.
Compromís recuerda que ya hay una auditoría reciente
Por su parte, el concejal de Compromís, Giuseppe Grezzi, ha lamentado que “la señora Català se gaste 15.000 euros más de dinero público en un contrato a dedo cuando València ya cuenta con una auditoría reciente de sus carriles, el Plan Director de la Bici, que fue aprobado en el mes de febrero de 2023″.
“El anuncio hacer esta auditoría, que asegura estar interesada en la problemática en la interacción entre las personas usuarias más vulnerables a consecuencia de los carriles bici, contrasta con el hecho que se produce solo unos meses después de que el nuevo gobierno del PP y Vox hayan hecho su primero y hasta ahora único carril bici de diseño y ejecución propia sobre la nueva acera del Pont de Aragón, quitando más de la mitad del espacio a los peatones, y que ha entrado directamente al ranking de los más conflictivos de la ciudad”, manifiesta el edil.
Del mismo modo, recuerda que el “principal problema de seguridad de la ciudad de València es consecuencia de las infracciones del tráfico motorizado”. “El año ha empezado con una incidencia muy elevada de accidentes mortales y muy graves, el último este mismo martes en la Avda. Tres Forques”. “Lo que se necesita es la actualización del Plan de Seguridad viaria, que tenía vigencia hasta el 2023, para impulsar las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la vida en nuestras calles”, indica Grezzi.
“Solo representan el 10% de los accidentes”
Una posición que también comparte la concejala socialista María Pérez que ha criticado que el gobierno de Catalá “siga criminalizando” a los sistemas de movilidad personal como la bicicleta y el patinete eléctrico para “justificar sus políticas en favor del vehículo privado y el recorte de zonas peatonales que ha emprendido desde que llegó al Ayuntamiento”.
De hecho, ha recordado que los accidentes con bicicletas y patinetes “sólo representan el 10% de la siniestralidad total registrada en la ciudad” mientras que en el otro 80% están implicados directamente los vehículos a motor, según datos del Ayuntamiento de València disponibles de 2022.
“Realizar auditorías de seguridad vial y actuar donde sea necesario es nuestra responsabilidad y es un mensaje positivo que nos hace avanzar como ciudad y como sociedad, pero para hacerlo con rigor es necesario hacerlo sin prejuicios y no olvidando que los principales puntos de nuestra ciudad se encuentran en las carreteras. Es decir, en los vehículos a motor”, ha puntualizado.
