El pleno del Ayuntamiento de València ha aprobado la declaración del barrio de Russafa como zona acústicamente saturada, una figura conocida como ZAS que implica nuevas restricciones a la actividad hostelera y de ocio nocturno. La decisión ha salido adelante con los votos de PP y Vox y el rechazo de Compromís y PSPV, reflejando una fuerte división política sobre cómo abordar los problemas de ruido en esta zona de la ciudad.
La nueva regulación supone suspender la concesión de títulos habilitantes para instalar o ampliar locales de hostelería y ocio en el área afectada. También se paraliza la entrega de nuevas licencias para la instalación de ambientación musical en establecimientos y se frena la autorización de nuevas terrazas en dominio público municipal cuando supongan un incremento de la superficie ocupada. En la práctica, se congela el crecimiento de la oferta de ocio para intentar contener el ruido asociado a esta actividad.
La ZAS se aplicará en un perímetro que abarca 18 calles del barrio, definido como el núcleo donde se concentran los principales conflictos acústicos. Alrededor de este espacio se establece además una zona de respeto, pensada para evitar que los negocios se desplacen simplemente a las calles colindantes para esquivar las limitaciones. El Ayuntamiento busca así impedir un desplazamiento del ruido a otros puntos cercanos y extender el efecto de la medida más allá del núcleo declarado saturado. La normativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, momento a partir del cual las restricciones comenzarán a aplicarse de forma efectiva.
Debate político y choque con el sector del ocio
El concejal de Mejora Climática, Acústica y Eficiencia Energética, Carlos Mundina, ha defendido que las medidas de la ZAS persiguen conciliar el derecho al descanso de los vecinos de Russafa con la intensa actividad cultural y gastronómica que caracteriza al barrio. Según ha explicado, el Ayuntamiento aprueba de forma definitiva esta declaración tras haber realizado mediciones acústicas, atender resoluciones judiciales y someter la propuesta a exposición pública, abriendo un plazo para la presentación de alegaciones por parte de ciudadanos y entidades.
Desde la oposición, la concejala socialista Elisa Valía ha valorado la ZAS como una medida insuficiente y poco eficaz, al considerar que no incluye herramientas realmente útiles para resolver los problemas de ruido. Por su parte, el concejal de Compromís Giuseppe Grezzi ha descrito la iniciativa como una propuesta de mucho ruido y pocas nueces, que no convence ni a los vecinos ni a los empresarios, lo que a su juicio convierte la regulación en un foco añadido de conflicto.
Las críticas no se han limitado al plano político. La patronal del ocio y la hostelería ha expresado su rechazo, llegando a advertir de que la nueva normativa provocará un aumento del 846 %. El portavoz de la Coordinadora de Ocio y Hostelería, Vicente Pizcueta, ha intervenido en el pleno para alertar de que el adelanto del cierre de las discotecas a las 4.30 horas puede generar un efecto contrario al buscado por la ZAS.
Según ha explicado, hasta ahora los locales realizaban desalojos escalonados y contaban con personal específico en las puertas para evitar aglomeraciones y reducir la conversación en la calle, lo que ayudaba a contener el ruido en el entorno inmediato. Con la nueva normativa, sostiene que todo el público abandonará los establecimientos a la misma hora y sin la mediación de estos equipos, lo que puede traducirse en grandes concentraciones en la vía pública.
Pizcueta ha advertido de que se generará un ruido que hasta ahora no existía, porque el origen del problema dejará de estar en el interior de los locales para concentrarse en la calle, cuando cientos de personas salgan simultáneamente sin un dispositivo de control. De forma paralela al debate en el salón de plenos, trabajadores, empresarios y representantes del ocio y la hostelería se han concentrado frente al Ayuntamiento en señal de protesta, mostrando su preocupación por el impacto económico y laboral que puede acarrear la aplicación de la ZAS.
Además de la regulación acústica en Russafa, el pleno municipal ha aprobado una nueva ordenanza de limpieza que endurece de forma notable las sanciones por ensuciar la ciudad. Con esta norma, el Ayuntamiento pretende reforzar la corresponsabilidad ciudadana y reducir conductas incívicas en el espacio público, vinculando la imagen de València a un mayor nivel de cuidado y mantenimiento de las calles.
La ordenanza incluye multas que pueden llegar a los 3.000 euros por abandonar basura dispersa o cualquier tipo de residuo en espacios públicos. También se sanciona arrojar residuos de pequeño tamaño, como colillas, cáscaras, chicles o papeles, o depositar en las papeleras residuos para los que no están destinadas, prácticas habituales que, sumadas, contribuyen al deterioro del entorno urbano.
Asimismo, escupir o satisfacer necesidades fisiológicas en la vía pública se castigará con sanciones que oscilan entre 750 y 3.000 euros, y realizar pintadas podrá suponer multas de hasta 3.000 euros. Con ello se busca desincentivar conductas que afectan a la salubridad y a la conservación del mobiliario y las fachadas.
En cuanto a las mascotas, la ordenanza prevé sanciones de hasta 1.500 euros para los propietarios o portadores de animales que no recojan los excrementos ni limpien las micciones en la calle. El objetivo es reducir una de las quejas más habituales del vecindario y mejorar la convivencia en los barrios, reforzando la idea de que el uso compartido del espacio público exige obligaciones claras para todos.
