El Pleno del Ayuntamiento ha dado su respaldo este martes al Plan + Vivienda, la herramienta del consistorio para “aumentar la oferta y el parque público de vivienda” en la ciudad, tal como ha subrayado el concejal de Urbanismo, Juan Giner. El acuerdo plenario ha salido adelante con los votos de grupos políticos del gobierno municipal, PP y Vox, así como de la concejala de Emprendimiento, Cecilia Herrero, y del concejal no adscrito, Juanma Badenas. Los grupos PSPV y Compromís han votado en contra.
La moción de Giner se ha votado como alternativa a la que había planteado inicialmente la concejala socialista Elisa Valía, en la que instaba a la declaración de València “como zona tensionada para limitar los precios de alquiler”.
El acuerdo aprobado subraya el compromiso del consistorio de “seguir impulsando el Plan + Vivienda” y expresa el respaldo de la corporación a la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que aprobó el Congreso de los Diputados en noviembre de 2024 “y que permite tramitar mediante juicios rápidos los delitos de allanamiento de morada y usurpación”. La moción firmada por Juan Giner que ha salido adelante subraya esta medida como “un avance significativo en la protección de los derechos de los propietarios y en la agilización de los procedimientos judiciales, y contribuye a una respuesta más eficaz frente a la ocupación ilegal de viviendas”.
El acuerdo expresa también el “rechazo a la contrarreforma que ahora proponen los grupos parlamentarios del PSOE, Sumar, ERC, Bildu y Podemos, que supone volver a excluir de los procedimientos de enjuiciamiento rápido los delitos de allanamiento de morada y usurpación”.
El asunto ha suscitado un amplio debate en el Hemiciclo Municipal. La concejala socialista Elisa Valía ha urgido al gobierno local a “tomar partido ante la situación de la vivienda en la ciudad marcada por la emergencia habitacional”. “Gobernar es tomar partido –ha argumentado la concejala- y en el ámbito de la vivienda, hay una confrontación de intereses con un mercado totalmente desbocado y una inflación galopante”. Por ello, Elisa Valía ha instado a la corporación a “elegir entre dos modelos distintos: defender los intereses de las familias o defender los intereses del sector de promotores y especuladores inmobiliarios”.
Por su parte, el concejal de Compromís Ferran Puchades ha citado en su intervención los datos del Infobarómetro Municipal, que reflejan cómo el acceso a la vivienda ha ido subiendo puestos en la clasificación de los problemas de la ciudadanía de València: de un puesto 14 en 2020 al puesto 8 en diciembre de 2023, hasta el actual primer puesto a finales del año pasado, 2024. Puchades ha acusado al gobierno de “hacer uso de las recetas de siempre: ponen a los promotores en el centro de la acción; y a los constructores, los ponen a diseñar los servicios de nuestros barrios”.
El concejal de Urbanismo, Juan Giner, ha rechazado todos estos argumentos y ha ofrecido datos sobre las ciudades que han optado por el modelo de “Zona tensionada” planteado por el Gobierno Central, “y que ha sido un fracaso total allí donde se han aplicado”, ha afirmado. El edil se ha referido al caso de Cataluña o el País Vasco, donde, ha asegurado, “se ha perdido o ha desaparecido completamente la oferta de alquiler de viviendas”. Además, Giner ha criticado al Gobierno del Estado en el caso del proyecto de viviendas del Cuartel de Ingenieros, “del que no hay todavía ni siquiera proyectos ni licencias, ni licitaciones en marcha”. “Para este tipo de medidas –ha concluido- no cuenten con nuestro voto”.
Instrucción de la Dana
Por otra parte, en la sesión plenaria de hoy se ha rechazado la propuesta del Grupo Municipal Compromís que ha solicitado que el Ayuntamiento inste al president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y a la alcaldesa de València, María José Catalá, para que se personen a comparecer, ante el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, que investiga la causa sobre las responsabilidades ante la dana del pasado 29 de octubre.
La concejala de Compromís Lucía Beamud ha defendido que “el pueblo valenciano quiere saber la verdad y tener respuestas a sus preguntas sobre la mala gestión de esta tragedia”. “Quien no tiene nada que esconder no tiene nada que temer”, ha afirmado.
En la misma línea, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Borja Sanjuán, quien ha asegurado que “la sociedad valenciana vive atascada en un bucle de mentiras con una sensación de desamparo difícil de remontar”, ha reclamado “que el president de la Generalitat colabore con la justicia para aclarar que pasó el 29 de octubre”.
El portavoz del equipo de gobierno, Juan Carlos Caballero, que ha calificado de “absurda e intolerable la propuesta por intentar marcar una instrucción judicial”, ha afirmado que el gobierno local nunca va a entrar en ese juego, porque tiene principios y respeta la separación de poderes”.
La estrategia de turismo 2025-2028
También durante el turno de las mociones se ha aprobado una propuesta del gobierno municipal en la que se “reafirma el compromiso del Ayuntamiento con la sostenibilidad turística, mediante el impulso del Plan Estratégico de Turismo 2025-2028”. El acuerdo plenario subraya el impulso a las “medidas de equilibrio entre la actividad turística y la calidad de vida de los residentes”, y subraya la apuesta “por un modelo de gobernanza turística basado en datos” y que cuente “con la participación de los actores del sector e innovación”.
El acuerdo, que ha sido respaldado por los grupos Popular y Vox y los dos concejales no adscritos de la corporación, se ha planteado como una propuesta alternativa a la moción inicial que había planteado la concejala socialista Nuria Llopis, quien ha defendido la recuperación de una tasa turística “de carácter municipal para València, que constituya una aportación para el mantenimiento de servicios públicos y el impulso de políticas que mejoren la calidad de vida en la ciudad, contribuyendo a la sostenibilidad de una actividad que solo puede serlo si genera beneficios colectivos”. Los grupos PSPV y Compromís han rechazado la alternativa del gobierno
Los representantes de la Oposición Municipal, Nuria Llopis (PSPV) y Pere Fuset (Compromís) han defendido las ventajas de una tasa turística que, han subrayado funciona en multitud de ciudades de Europa y de EEUU, y han instado a la corporación “a preguntarnos qué turismo queremos; y, si es de calidad, ha de ir acompañado de medidas que regulen el impacto de la presencia de turistas, que hacen uso y exigen más de los servicios públicos, porque no puede ser que todo recaiga en los impuestos de los valencianos y valencianas”.
La concejala de Turismo e Innovación, Paula Llobet, ha argumentado que “la tasa turística “es un impuesto que actualmente no cuenta con el marco jurídico autonómico necesario para poder respaldarlo, y que debe debatirse en les Corts Valencianes”. Llobet ha acusado a la oposición de tener “cero empatía y cero diálogo con los afectados, en un contexto de crisis energética, incertidumbre, aún con los efectos del covid, y tras las consecuencias de la dana en nuestro territorio”. Además, la concejala ha recordado que el sector turístico está vinculado a cerca del 70% del empleo en la ciudad, y ha acusado a la oposición de “proteger a quienes ocupan viviendas”.
