La comisión municipal que investiga las posibles irregularidades en la adjudicación de viviendas en la zona de la Playa de San Juan en Alicante ha fijado el próximo 2 de octubre, a las 9:30 horas, el debate de sus conclusiones. La fecha se ha acordado tras una propuesta conjunta de PSPV-PSOE, Compromís y EU-Podem, que ha contado además con el apoyo de Vox.
La decisión se ha tomado en la sesión celebrada este lunes, en la que inicialmente estaba previsto debatir ya las conclusiones. Así lo ha explicado el presidente de la comisión y vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, del PP, que ha defendido el cambio de calendario acordado por los grupos.
Petición de correos electrónicos y falta de acceso
La portavoz municipal de Vox, Carmen Robledillo, ha recordado que el pasado 30 de julio tan solo se acordó la presentación de las conclusiones, pero no su debate. Según ha detallado, en aquella sesión reclamaron el acceso a los correos intercambiados entre la exconcejal de Urbanismo Rocío Gómez y el exedil de Hacienda Toni Gallego, así como los correos cruzados entre sus respectivos departamentos.
Estos correos se habían solicitado como paso previo antes de plantear nuevas testificales en la comisión. Sin embargo, Robledillo ha señalado que estas comunicaciones no se han facilitado. Villar ha justificado esta negativa apelando a la ‘privacidad’ de esos mensajes, lo que ha añadido tensión al desarrollo de los trabajos de investigación.
Mientras tanto, PSPV-PSOE, Compromís y EU-Podem han anunciado que solicitarán la convocatoria de un pleno extraordinario. Su intención es que en esa sesión se puedan debatir las conclusiones de todos los grupos políticos y que la ciudadanía tenga acceso directo al contenido de ese informe político.
Reclamo de transparencia y críticas al PP
La portavoz adjunta del grupo socialista, Ana Barceló, ha defendido la necesidad de abrir el debate a la ciudadanía. ‘Necesitamos un debate público donde aquellas personas que quieran conectarse al Pleno y llegar también a su propia conclusiones’, ha asegurado tras la reunión de la comisión, en un encuentro con los periodistas.
Desde Compromís, el portavoz municipal Rafa Mas ha elevado el tono contra el gobierno local del PP. Ha afirmado que ‘el mayor escándalo urbanístico en vivienda pública protegida de España tiene que ser la tumba política del Partido Popular y de Luis Barcala‘. Sus palabras reflejan la intención de la oposición de convertir el caso en un elemento central de desgaste político.
En la misma línea crítica, el concejal de EU-Podem, Manolo Copé, ha descalificado el trabajo de la propia comisión municipal. Según ha dicho, ‘esta comisión ha sido inútil‘. Con esta valoración ha puesto en duda la eficacia del órgano investigador y ha insistido en la necesidad de un debate más amplio en el pleno.
Por su parte, la portavoz de Vox, Carmen Robledillo, ha concretado que la siguiente sesión de la comisión será el 2 de octubre a las 9:30 horas y ha mostrado su deseo de que ese encuentro sea el cierre del proceso. Ha subrayado que espera que sea la última reunión ‘del mayor escándalo urbanístico de esta ciudad’.
Un caso que ha provocado dimisiones y causa judicial
El llamado ‘escándalo de Les Naus’, expresión utilizada por el propio alcalde Luis Barcala (PP), salió a la luz a finales de enero. El foco está en la adjudicación de viviendas de protección pública en la zona de la Playa de San Juan y en posibles irregularidades en la gestión de esos expedientes.
La polémica ha tenido ya consecuencias políticas y administrativas relevantes. Ha provocado la dimisión de la entonces concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, y de la directora general municipal. También ha dimitido el funcionario autonómico encargado de examinar los expedientes de las viviendas, entre otros cargos implicados en la tramitación.
Además, se ha abierto una causa judicial para investigar los hechos y depurar posibles responsabilidades penales. Paralelamente, funcionan dos comisiones de investigación: una en el propio Ayuntamiento de Alicante y otra en Les Corts Valencianes. Ambas han buscado aclarar cómo se produjeron las adjudicaciones y qué fallos se han podido cometer en los procedimientos.
Con el debate de las conclusiones fijado para el 2 de octubre, la comisión municipal entra en su fase final. A partir de ese informe y del posible pleno extraordinario, los vecinos de Alicante podrán conocer de forma más detallada las responsabilidades políticas que cada grupo atribuye a este episodio, mientras la vía judicial sigue su curso.
