La jueza que investiga la gestión de la dana de 2024 en València ha asegurado en un auto que existen claros indicios de que los fallecimientos en la pedanía de La Torre podrían haberse evitado si la entonces consellera Salomé Pradas y su número dos, Emilio Argüeso, ambos investigados, hubieran ejercido sus funciones conforme a la normativa de protección civil y al Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones.
Según el auto, difundido por el Tribunal Superior de Justicia valenciano, los fallecimientos en La Torre, una de las tres pedanías valencianas con víctimas mortales en aquella dana, son para la magistrada una muestra evidente de supuestas negligencias en la gestión de la emergencia. La jueza subraya la carencia y el retraso de avisos y las consecuencias que esto ha tenido para las víctimas, que murieron en garajes, en sus casas o cuando circulaban en sus vehículos.
La instructora destaca que uno de los elementos decisivos para tomar decisiones con prontitud es conocer bien las competencias propias en una emergencia. En este sentido, advierte que, cuando Pradas llegó a la conclusión de que la toma de decisiones recaía en ella como mando único en la situación 2 de emergencia del Plan de Inundaciones, la actuación que asumió ya ha resultado tardía y errónea.
Respecto a Emilio Argüeso, la jueza considera difícilmente comprensible su afirmación de que no tenía por qué ir al CECOPI. Recuerda que la convocatoria a este órgano se realiza desde la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) y que el secretario autonómico es su director. Según el auto, esta postura solo se puede explicar como una forma de justificar la escasa o nula intervención de Argüeso, algo que, a juicio de la magistrada, incidiría igualmente en el resultado mortal registrado en La Torre.
Retrasos en avisos y mensaje Es-Alert
La jueza rememora que el 29 de octubre de 2024 ya existía por la mañana un aviso rojo de Aemet. Sin embargo, apunta que algunos bomberos forestales no fueron movilizados para vigilar cauces. Además, sostiene que la convocatoria del CECOPI fue anormalmente tardía y que hubo una conocida ralentización en la toma de decisiones relevantes.
Todo ello culminó, según recoge el auto, con el envío de un mensaje Es-Alert a las 20:11 horas, después de vacilaciones y disquisiciones jurídicas y lingüísticas sobre su contenido. Para la magistrada, todo este conjunto de decisiones y retrasos conduce hasta los fallecimientos que tuvieron lugar en La Torre.
En el auto se afirma que existen claros indicios de que esas muertes pudieran haber sido íntegramente evitadas por los investigados. La jueza insiste en que ello habría sido posible si hubieran ejercido sus funciones con arreglo a la normativa en materia de protección civil y al Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones.
La instructora detalla que en La Torre resultó mortal bajar a los garajes, pero también caminar por la calle o circular con el vehículo. Enumera varios de los casos registrados: una pareja, un matrimonio con su hija, un residente, una viandante, dos personas que volvían de su trabajo, un hombre con movilidad reducida en su domicilio y dos vecinas cuyos cuerpos fueron hallados en Sedaví.
La jueza también profundiza en lo que considera errores en el proceso de redacción del mensaje Es-Alert. Analiza las distintas propuestas de texto, algunas de las cuales recomendaban permanecer en los domicilios o evitar desplazamientos. Sin embargo, señala que el mensaje final no alertaba del peligro real de bajar a un garaje o de quedarse en la planta baja de casa.
Según el auto, todavía se desconoce por qué se cambió el texto del borrador número 706, que decía literalmente que la población debía permanecer en sus domicilios. La magistrada sostiene que, en el caso de La Torre, este aviso habría podido evitar que muchas personas bajaran a un garaje o salieran a la calle.
La instructora considera además que un mensaje claro recomendando subir a pisos altos podría haber salvado vidas en La Torre, siempre que se hubiera enviado antes de las 20:57 horas. Añade que, en ese momento, la población de la pedanía, donde no llovía, no podía ser consciente del peligro que corría al bajar a un garaje, permanecer en la planta baja, caminar por la acera o circular en coche.
Requerimientos al Ayuntamiento de València
El auto recuerda también la declaración del alcalde pedáneo de La Torre, Rafael Arnal, que testificó el 5 de octubre. Arnal afirmó que no había recibido avisos directos desde el Centro de Coordinación de Emergencias y que fue la alcaldesa de València, María José Catalá, quien remitió en un chat de WhatsApp el aviso rojo de Aemet.
A raíz de esta declaración, la jueza requiere al Ayuntamiento de València que identifique, en un plazo de cinco días, al funcionario adscrito a la pedanía de La Torre que prestaba servicios el día de la dana. Pide además que se aporte copia de las comunicaciones trasladadas a la alcaldía pedánea y a su alcalde entre las 7 y las 21 horas del 29 de octubre.
El auto también exige al consistorio que, en el mismo plazo de cinco días, remita copia de las comunicaciones que cualquier organismo público, como el 112, Emergencias, la Diputación o la Administración central, hubiera trasladado a la alcaldía pedánea. La magistrada, sin embargo, desestima la petición de incorporar a la causa el contenido de un grupo de WhatsApp en el que participan la alcaldesa de València y los alcaldes pedáneos.
Por último, la jueza cita como testigo al alcalde pedáneo de Horno de Alcedo, dada la situación adyacente de esta pedanía respecto a La Torre. Señala que este representante vecinal podrá aportar de forma voluntaria los mensajes del chat relacionados con la emergencia que considere oportunos.
