La Diputación de Valencia y la empresa pública GIRSA han reforzado las instalaciones del vertedero de Pedralba con un nuevo ámbito de vertido de aproximadamente 15.000 metros cuadrados, una actuación que busca asegurar la continuidad de un servicio considerado esencial para la gestión responsable de los residuos no peligrosos en la provincia.
El diputado delegado de Gestión de Residuos de la Diputación, Paco Comes, ha visitado las instalaciones de este vertedero de residuos no peligrosos gestionado por GIRSA, dependiente de la institución provincial, y ha comprobado sobre el terreno la reciente ampliación del segundo vaso de vertido. Esta intervención se plantea como una acción estratégica para reforzar la capacidad operativa del complejo, anticipando el crecimiento de los rechazos que no pueden ser aprovechados mediante otras vías de tratamiento.
Motivos y alcance de la ampliación
Según detalla la Diputación en un comunicado, la ampliación del vaso 2 responde a la necesidad de mantener en condiciones óptimas el depósito controlado de los residuos que llegan al final de la cadena de tratamiento. Se trata de aquellos materiales que, una vez agotadas las opciones de preparación para la reutilización, el reciclaje o la valorización, deben ser gestionados en un entorno técnicamente adecuado y ambientalmente seguro, evitando vertidos incontrolados o soluciones improvisadas.
Para el diputado provincial, la ampliación era una actuación necesaria para garantizar la continuidad del servicio público en condiciones de seguridad y responsabilidad ambiental. De este modo, se pretende que la instalación disponga de margen suficiente para seguir operando con normalidad, sin tensiones de capacidad que puedan comprometer el funcionamiento de la red de tratamiento de residuos.
En la misma línea, el gerente de GIRSA, Roberto García, ha subrayado que esta intervención refuerza la capacidad de respuesta de la instalación y permite seguir prestando un servicio esencial con todas las garantías técnicas y ambientales. Al aumentar la superficie disponible y adaptar el diseño a las exigencias actuales, el vertedero puede mantener su papel dentro del sistema público de gestión sin perder los estándares de seguridad y control.
El vertedero de Pedralba, situado en la partida de La Salada, está inscrito como depósito controlado de residuos no peligrosos en el Registro de Instalaciones de la Comunitat Valenciana. Desde su puesta en marcha, contaba con una capacidad inicial autorizada superior a 300.000 metros cúbicos, pensada para absorber el rechazo procedente de distintas plantas de tratamiento.
Una ampliación de 15.000 m²
La ampliación proyectada incorpora ahora un nuevo ámbito de vertido con una superficie cercana a los 15.000 metros cuadrados, diseñado conforme a los requisitos ambientales y constructivos aplicables a este tipo de infraestructuras.
Este diseño incluye sistemas de impermeabilización y de control de lixiviados, además de un seguimiento ambiental constante y una explotación por fases. Con ello, la instalación funciona de acuerdo con su autorización ambiental y con la normativa vigente, que exige medidas específicas para proteger el suelo, las aguas y el entorno frente a posibles afecciones derivadas del almacenamiento de residuos no peligrosos.
Su ubicación y su función dentro de la red de tratamiento de la provincia contribuyen también a optimizar la logística del rechazo no reciclable. Al tratarse de una instalación de proximidad integrada en el sistema público, se reducen desplazamientos innecesarios de camiones y se mejora la eficiencia del servicio, tanto desde el punto de vista económico como ambiental, al disminuir consumos de combustible y emisiones asociadas al transporte.
Importancia estratégica
La Diputación ha destacado que la importancia estratégica del vertedero de Pedralba quedó especialmente de manifiesto durante la DANA, cuando los episodios de lluvias intensas pusieron a prueba la capacidad del sistema de residuos. En aquel contexto, disponer de una instalación cercana, dimensionada y plenamente integrada en la red pública de tratamiento resultó clave para asegurar una gestión ordenada, ágil y ambientalmente controlada de los rechazos.
La ampliación ahora ejecutada se interpreta, en este sentido, como un refuerzo para afrontar futuras situaciones de presión sobre el sistema sin perder garantías de control y seguridad ambiental.
