El Gobierno valenciano ha aprobado este martes un endeudamiento extraordinario de 2.364 millones de euros para atender “gastos inaplazables” por los daños de las inundaciones del 29 de octubre. Esa cifra se suma a otros 700 millones para las primeras necesidades y eleva a más de 3.000 millones la nueva deuda acumulada de la Comunitat.
El dinero para afrontar la recuperación de la dana saldrá, por tanto, de “préstamos a largo plazo” que han sido autorizados por el Gobierno de España. El Consell utiliza de nuevo el argumento de que la Administración del Estado central no aporta financiación directa pra pagar la reconstrucción sino que solo autoriza a la Comunitat a endeudarse más.
Mientras, continúa el enfrentamiento político. Y judicial. “El Gobierno, y sus agencias, falló en la prevención, en la previsión y en la información”. La vicepresidenta y portavoz del Consell, Susan Camarero, se ha mostrado así de contundente con respecto a la gestión de las inundaciones del 29 de octubre, a pesar del auto de la jueza instructora de Catarroja en la que apunta a la responsabilidad de la Generalitat y sostiene que los cargos autonómicos contaban con la información suficiente.
La portavoz, en su comparecencia posterior a los plenos del Consell de este martes, no se ha pronunciado sobre la imputación (citación como investigados) de la exconsellera Salomé Pradas y del ex secretario autonómico de Emergencia Emilio Argüeso. “Mantenemos prudencia ante la instrucción” del caso, ha apuntado. No obstante, ante la reiteración de las preguntas de los periodistas, sí ha recordado que algunos afectados han anunciado que van a “solicitar la imputación de otros organismos del Gobierno central”, en alusión a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y la agencia de meteorología, Aemet.
La Generalitat, por tanto, mantiene su estrategia de que la falta de información clave que no fue aportada por el Gobierno impidió que se pudieran tomar otro tipo de decisiones en la tarde y noche del 29 de octubre. La jueza instructora, no obstante, en un auto “que no es firme -matiza Camarero-, solo inicial” alude a que hubo datos suficientes y que el mensaje de alerta lanzado por la conselleria erró en su contenido y se mandó tarde.
Camarero subraya nuevamente el «apagón informativo» hcia el Consell durante 2 horas y media por parte de la CHJ y Aemet sobre cifras de caudales en ríos y barrancos, previsiones y lluvias recogidas.
En la línea de las semanas y meses anteriores, la voz visible del Consell de Mazón insiste en que no se esconde: “El presidente de España huye de Paiporta el 3 de noviembre” . Y abre una nuevo frente: que los responsables de la seguridad del Estado y la delegada del Gobierno no introdujeron sistemas especiales de protección para evitar los “saqueos y pillajes” en viviendas, comercios y empresas de las zonas inundadas. “No se activó ni a la Policía ni a la Guardia Civil”.
Más ayudas a autónomos del Consell
De otro lado, el Consell ha aprobado una ampliación del decreto por el que se otorgan ayudas directas de 3.000 euros a trabajadores autónomos sin empleados contratados, para incluir a 13 municipios de zonas afectadas por las inundaciones. Para ello prevé un presupuesto de 52 millones de euros.
Así, el Ejecutivo valenciano amplía las ayudas a autónomos a los municipios de Aras de los Olmos, Benagéber, Benimuslem, Casinos, Chelva, Gavarda, Losa del Obispo, Massalavés, Sant Joanet, Titaguas, Tuéjar, Villar del Arzobispo y Xeraco.
El Gobierno valenciano, así mismo, ha dado su visto bueno al anteproyecto de Ley reguladora del acceso al entorno de las personas con discapacidad usuarias de perro de asistencia. Esta normativa, propuesta por la Vicepresidencia y Conselleria de Servicios Sociales, garantizará el libre acceso de estos usuarios junto a sus perros guía a cualquier espacio público o privado, además de regular los requisitos para su adiestramiento y la certificación de los animales.
