El último pleno municipal del año del Ayuntamiento de València, lleno de bronca y reproches, ha aprobado, de manera definitiva, el primer presupuesto municipal del gobierno de PP y Vox, así como la plantilla de personal para 2024. Unas cuentas que ascienden hasta los 1.116,9 millones de euros, es decir, un 7,11 % más respecto al año anterior gracias a reducir la inversión prevista para el Canal de Acceso e incluir las transferencias del Estado previstas para el próximo año.
Así pues, las cuentas municipales centran las “prioridades” en las áreas de seguridad, vivienda, limpieza y sostenibilidad. De hecho, se destinarán 278,1 millones de euros a seguridad y movilidad con la ampliación de la plantilla de la Policía, que alcanzará “la cifra récord” de 2.007 agentes; 72 millones de euros a políticas sociales, es decir, el 48 % del presupuesto; y 33,5 millones de euros para las políticas de vivienda, un gasto que crece de forma exponencial, un 793 %, y que incluye el Plan de Rehabilitación Residencial de 29,1 millones de euros para viviendas en Tendetes y Virgen de los Desamparados en Tres Forques.
Las inversiones para los grandes proyectos también crecerán en 30 millones respecto a 2023, cerca de un 40,96% hasta los 112,7 millones de euros y contemplan “promesas electorales” como los estudios técnicos para el Soterramiento de las vías de Serrería, la redacción de estudios sobre la parcela del complejo para las Naves de la calle Guatla, 13,5 millones de euros para Canal de Acceso o las reivindicaciones del jardín de Peñarroja.
Por otro lado, las cuentas también contemplan la amortización de la deuda en 30 millones de euros y “un menor endeudamiento respecto a 2023”, que se realizará mediante la liquidación positiva de 80 millones de euros.
“Cuentas irresponsables y sectarias”
Sin embargo, estos presupuestos no incluyen ninguna de las cerca de 500 alegaciones que ha presentado la oposición y que según la concejala de Hacienda, Maria José Ferrer San Segundo, “eran una quimera y no tenían encaje legal o ya estaban contempladas”. “Estas reclamaciones son un catálogo que pone blanco sobre negro los incumplimientos del gobierno anterior durante los últimos años” ha asegurado la edil.
Una posición que no comparten los partidos de la oposición, Compromís y PSPV, que han tachado las cuentas municipales para el próximo año de “irresponsables”, “tramposos”, “irreales” y “sectarios”, además de “favorecer” con la rebaja fiscal “a las familias con las rentas más altas y viviendas con un valor catastral de 300.000 euros”.
De hecho, la portavoz del grupo municipal socialista, Sandra Gómez, ha indicado que estamos ante un presupuesto “irresponsable porque incumple la regla de gasto; sectario al retirar las subvenciones a las asociaciones y entidades que trabajan por la sociedad como Amics de la Gent Major -que trabaja con personas mayores y deja de recibir 10.000 euros de ayuda-; y vacío porque no contempla ni una sola idea, ni un proyecto y ni una inversión nueva”.
Para Gómez, estas cuentas “siguen siendo igual que hace un mes porque no han aceptado ni una sola de las alegaciones presentadas, con lo que el presupuesto nace muerto porque no podrán cuadrarlo e incumplirán la regla de gasto”.
Desde Compromís, la concejala Eva Coscollà, ha manifestado que las cuentas municipales “no dan respuesta a los retos y necesidades de València ni a su ciudadanía. No avanzan en el modelo de ciudad moderna y sostenible que pusimos en marcha y mantienen las carencias y debilidades que hace un mes”.
Coscollà ha enumerado las enmiendas de su grupo, centradas en materia de educación, y ha afirmado que “son los presupuestos de un gobierno que no escucha, que no pisa la calle y que vive de espaldas a las necesidades reales de los valencianos y valencianas. Son una oportunidad perdida, que no genera ningún tipo de ilusión, sin ambición, sin ideas innovadoras que hagan avanzar en el desarrollo social y económico de esta ciudad”.
“La mayor rebaja fiscal de todas las capitales españolas”
Del mismo modo se ha ratificado las ordenanzas fiscales que prevén una bajada de impuestos de 70 millones de euros, un montante que también dejarán de ingresar las arcas públicas, y que beneficiará a más de 700.000 valencianos y valencianas, “la mayor rebaja de todas las capitales españolas para el próximo año”.
Así pues, contempla una reducción de un 20 % en el IBI, que pasa de un coeficiente general del 0,723 al 0,578; se amplía la bonificación aplicable a las familias numerosas, con un 60 % para las familias de carácter general y un 90 % a las familias de categoría especial; y bonificaciones de hasta el 95 % en la plusvalía municipal, para las herencias o transmisiones de comercios o negocios entre vivos.
Además, el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica verá reducido sustancialmente su importe, concretamente un 8,5 %. Se trata, además, de una bajada generalizada para todo tipo de vehículos que deja sin efecto las subidas aprobadas en los años 2019 y 2020. Y, finalmente, se reduce un 50 % la tasa de alcantarillado.
Aumento de la ejecución
Del mismo modo, la concejala de Hacienda y Participación, Maria José Ferrer San Segundo, ha defendido que el gobierno municipal cumple sus compromisos y “baja impuestos frente a quién perjudicó al 100% de los valencianos”. Además ha puesto en valor el nivel de ejecución de las inversiones que en cinco meses llega al 40% de ejecución, unos 113 millones de euros, frente al 14,7 %, del anterior gobierno, que “dejó una ciudad paralizada”, según ha indicado la edil.
“El gobierno municipal anterior pintaba inversiones que no realizaba, nosotros ejecutamos” ha manifestado la dirigente ‘popular’ que también ha criticado al anterior gobierno por “dejar de invertir 800 millones de euros” y dejar perder los fondos EDUSI para el barrio del Cabanyal.
El exalcalde y concejal de Compromís, Joan Ribó, ha vuelto a desmentir “que València padezca un sablazo fiscal”, al mismo tiempo que ha explicado que la ciudad se “encuentra en la media de las grandes ciudades y de las capitales de provincia de España”. Asimismo ha insistido en que la bajada de impuestos “solo beneficia a los que más tienen” y “olvida y margina los que no tienen nada porque viven de alquiler”.
Por su parte, el concejal socialista Borja Sanjuán ha asegurado que la política fiscal “define a quién y para quién se hace política y qué tipo de alcalde o alcaldesa se quiere ser” y que la aprobada por el gobierno municipal genera “dos tratamientos diferenciados respecto a dos Valencias; la suya, la de los 500 euros, que sería lo que se ahorraría un vecino del Pla de Remei con la rebaja del IBI y la del resto, la de los 20 euros, que es lo que se ahorraría uno del Benimaclet”.
