La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha incorporado al exsubdelegado del Gobierno en Valencia, Rafael Rubio, a la lista de investigados en el marco de la operación Colegios.
Según los informes entregados al Juzgado de Instrucción número 4, Rubio podría haber recibido pagos irregulares procedentes de contratos públicos adjudicados de forma fraudulenta, en una trama que involucra a varios funcionarios y empresarios.
Sospechas sobre cobro de comisiones
La UCO vincula al exresponsable socialista con el supuesto reparto de comisiones ilegales, un mecanismo que ya se investiga en otras ramificaciones del caso Azud. Los agentes consideran que Rubio pudo beneficiarse económicamente de adjudicaciones amañadas, a través de una red de empresas colaboradoras y facturas infladas. Las pesquisas parten de las pruebas acumuladas en el caso principal, pero apuntan ahora a contratos vinculados al ámbito educativo.
Las diligencias no detallan aún el importe ni la fecha exacta de los presuntos pagos, pero sí incluyen indicios suficientes como para señalar la existencia de un flujo de fondos sospechoso con origen en adjudicaciones públicas.
Conexiones con otras tramas
La operación Colegios guarda similitudes con otros casos de corrupción investigados en la Comunitat Valenciana, especialmente en lo que se refiere al modelo de adjudicación y al uso de intermediarios. En este contexto, el nombre de Rafael Rubio ya había aparecido en investigaciones anteriores, aunque sin una vinculación directa como la que ahora establece la Guardia Civil.
Este nuevo movimiento procesal podría derivar en su imputación formal si el juez considera que los indicios apuntados por la UCO son suficientes para abrir una causa concreta contra él.
Repercusiones políticas y judiciales
Rafael Rubio fue subdelegado del Gobierno en València hasta su detención en 2021 dentro del caso Azud. Ahora, la operación Colegios lo vuelve a situar en el foco judicial por supuestas prácticas corruptas. Esta línea de investigación continúa en desarrollo y se enmarca en una ofensiva más amplia contra el fraude en contratos públicos de la administración autonómica y local.
El juzgado que instruye el caso mantiene abiertas varias piezas separadas y no se descartan nuevas imputaciones en los próximos meses.
